El gobierno y la misión de la ONU fracasan en la gestión de la catástrofe de derechos humanos
Las fuerzas armadas congoleñas respaldadas por las Naciones Unidas, que están llevando a cabo operaciones militares en el este y norte de la República Democrática del Congo, han fracasado en su misión de proteger a los civiles de los brutales ataques vengativos de los rebeldes, y no sólo eso, sino que además ellos mismos están atacando y violando a congoleños civiles, según ha informado la organización Human Right Watch. Los ataques a civiles, desde todos los bandos ha resultado con un significativo aumento de las violaciones de los derechos humanos, durante los últimos seis meses.
“Las operaciones militares del gobierno de Congo R.D. han sido un desastre para los civiles, que ahora están siendo atacados desde todos los bandos”, asegura Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, en una visita al este de Congo R.D. “Congo y la ONU deben tomar medidas urgentes para proteger a la gente e impedir que esta catástrofe de derechos humanos empeore”.
Desde enero de 2009, nueve misiones de investigación de HRW enviadas a las zonas de primera línea han encontrado un dramático aumento de los ataques a civiles y otros abusos de los derechos humanos en los territorios del norte de Lubero, Rutshuru, Masisi y Walikale y en el territorio del Kivu Sur de Shabunda, además de en el distrito Haute Uele, del norte del Congo R.D.
El ejército congoleño inició operaciones militares contra los rebeldes del LRA, Ejército de Resistencia del Señor, en diciembre de 2008, en el norte del Congo. Un mes después lanzó operaciones en el este del Congo contra las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, las FDLR, la milicia hutu ruandesa. Desde entonces, las fuerzas rebeldes y las tropas del ejército congoleño juntas han matado a más de 1.500 civiles, violado a miles de mujeres y niñas, secuestrado a cientos de adultos y niños, y arrasado prendiendo fuego miles de casas, algunas veces pueblos enteros.
Según la ONU, más de un millón de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares en estas zonas de conflicto, añadiéndose a los otros decenas de miles de desplazados de anteriores sacudidas de violencia en la región. Muchos de estos nuevos desplazados tienen acceso limitado o nulo a la asistencia humanitaria.
Ataques represalia de los grupos rebeldes FDLR y LRA
Los combatientes de las FDLR y del LRA son responsables de la gran mayoría de los asesinatos de civiles, según documenta HRW. Los dos grupos armados están aterrorizando y castigando deliberadamente a los civiles y atacan sus propiedades como táctica militar en represalia por las operaciones militares del gobierno congoleño. Aquellos que han cometido u ordenado estos ataques son responsables de crímenes de guerra.
El 10 de mayo, por ejemplo, los combatientes del FDLR masacraron brutalmente a al menos 86 civiles, entre los cuales había 25 niños, 23 mujeres y siete ancianos, en Busurungi, en el área Waloaloanda, del territorio de Walikale, en el Kivu Norte. Otras 24 personas resultaron gravemente heridas. Algunas de las víctimas fueron atadas y ejecutadas, otras murieron por disparos, a otras se les cortó el cuello con cuchillos o machetes mientras intentaban huir. Algunos fueron quemados vivos cuando los combatientes de las FDLR les encerraron, deliberadamente, en sus casas, para después prender fuego a todo el pueblo.
Un testigo que vivía cerca de las afueras del pueblo, cogió a cuatro de sus niños por la mano y salió corriendo, pidiendo a su mujer que cogiera a los otros niños. “fui el primero en salir por la puerta, manteniendo a los niños detrás de mí y diciéndole a mi mujer que me siguiera”, declaró a HRW. “pero fue demasiados tarde para ella. Las FDLR la empujaron hacia dentro de la casa con mi hija y su hermano y le prendieron fuego. Oíamos sus gritos mientras huíamos corriendo”.
Las FDLR llevaron a cabo ataques similares en Mianga, en el territorio de Walikale, el 12 de abril, matando a 45 civiles, en el que decapitaron al jefe local, y en Chiruba, en el territorio de Kalehe, alrededor del 25 de mayo, matando a 10 civiles. HRW ha calculado que en total, han sido asesinados 403 civiles por las FDLR, desde enero de 2009.
El LRA, cuyos líderes están perseguidos por el Tribunal Penal Internacional, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cometidos en Uganda, están actualmente en el norte del Congo R.D. y continúan con sus brutales ataques contra los civiles, elevando la cifra de muertos a más de 1.000 civiles, desde el pasado mes de diciembre. Han aumentado los secuestros de niños y adultos, indicando que el LRA puede estar planeando rehacer sus filas. En dos ataques a primeros de junio, en Dakwa, fuentes locales aseguran que el LRA secuestró a unas 135 personas, entre adultos y niños.
Las operaciones del ejército congoleño contra estos dos grupos que cruzan la frontera, estaban inicialmente apoyadas por las fuerzas de Uganda en el norte del Congo y por las fuerzas de Ruanda en el este del mismo país, y desde marzo, por las fuerzas de la misión de paz de la ONU en el Congo, la MONUC. Estas fueras han dado sólo protección limitada a los civiles de estos deliberados y brutales ataques rebeldes.
“Las atrocidades contra los civiles en el este y el norte del Congo parecen ilimitados”, asegura Roth, “el ejército congoleño debería reconocer a estas alturas que las operaciones de ofensiva militar deben incluir medidas efectivas para proteger a los civiles vulnerables, de estos previsibles ataques en represalia”.
Abusos cometidos por el ejército congoleño
Los soldados del ejército congoleño también han cometido crímenes de guerra contra los civiles. Los soldados han atacado deliberadamente a civiles que acusaban de haber colaborado con las FDLR, han violado a mujeres y niñas, saqueado, obligado ilícitamente a civiles a actuar como porteadores, y quemados casas en pueblos que ellos consideran que son refugio de seguidores de las FDLR.
En un ataque a una posición de las FDLR en Shalio, cerca de Busurungi, a finales de abril, los soldados del ejército congoleño mataron a un número desconocido de familiares de las FDLR y refugiados ruandeses. Esto, posiblemente, fue el desencadenante de la brutal represalia del 10 de mayo, puesta en marcha por las FDLR, en Busurungi.
Los casos de violación han aumentado también dramáticamente en las zonas donde está desplegado el ejército congoleño. En casi todos los centros de salud, hospitales y centros de asesoramiento para violaciones visitados por HRW, los casos de violaciones se han duplicado o triplicado desde el comienzo de las operaciones militares en los dos Kivus, en enero. Mientras que todos los bandos siguen utilizando la violación y otras formas de violencia sexual como arma de guerra, la mayoría de los casos de violación investigados por HRW se atribuyen a los soldados del ejército congoleño.
La práctica del ejército congoleño de forzar a los civiles a realizar trabajos peligrosos ha puesto a los civiles en aún mayor riesgo. Cientos de civiles han sido forzados regularmente a punta de pistola a cargar con munición pesada y otros suministros para las fuerzas congoleñas. El 21 de junio, los investigadores de HRW presenciaron cómo docenas de civiles eran forzados a cargar con suministros para el ejército desde Bunyakiri, en el territorio de Kalehe, mientras los soldados se desplegaban en los puestos de primera línea en el Kivu Sur.
Retrasos en el pago de salarios, raciones limitadas de comida y una cadena de comandos poco clara tras la integración de más de 12.000 ex combatientes rebeldes congoleños al ejército, a principios de 2009, han contribuido al aumento de abusos contra civiles. En Kalehe, territorio del Kivu Sur, los soldados a los que no se les ha pagado durante cinco meses, están robando, saqueando y extorsionando a la población civil. El 15 de junio, soldados del gobierno, enfadados porque no se les había pagado, intentaron matar a su comandante y después atacaron la base de la ONU en Pinga, en Kivu Norte. El 17, más de 30 soldados armados que no habían sido pagados, desertaron en Ngora, en el territorio de Walikale.
Altos oficiales del ejército han reconocido el problema del atraso de salarios y han declarado a HRW que los soldados involucrados en las operaciones militares no habían sido pagados, aunque HRW no ha podido verificar de manera independiente estas afirmaciones.
La integración en los altos mandos del ejército congoleño de individuos implicados en graves abusos de derechos humanos, agrava más aún la ya peligrosa situación de los derechos humanos. El ejemplo más evidente es el de Bosco Ntaganda, ahora general del ejército congoleño, involucrado en las operaciones militares en el este del Congo, que está perseguido por cargos de crímenes de guerra, por el Tribunal Penal Internacional.
“El fracaso del gobierno a la hora de mantener y pagar a sus soldados con regularidad es una invitación virtual para ellos a vivir de la población civil”, asegura Roth. “Así, el permitir que estas tropas sean lideradas por comandantes como Bosco Ntaganda, con un conocido historial de abusos horribles, crea un clima propenso a las atrocidades”.
Protección limitada de los civiles por parte de la fuerza de paz de la ONU
La misión de mantenimiento de paz de la ONU en el Congo, MONUC, ha proporcionado apoyo logístico, de planificación y de otros tipos a las operaciones del ejército congoleño, conocidas como “Kimia II”. Pero los cascos azules no han ejercido una presión adecuada contra el ejército congoleño, para que detenga los abusos brutales.
Las fuerzas de paz comenzaron una iniciativa a principios de 2009, conocida como equipos conjuntos de protección, para actuar como sistemas de alerta temprana en las zonas donde los civiles pudieran estar bajo riesgo de ataques. Mientras que estos equipos han recopilado información importante y a veces han contribuido a reducir los abusos, raramente han sido seguidas sus recomendaciones tanto a los soldados de la ONU como a los del ejército congoleño.
Después de la masacre de Busurungi, en mayo, un equipo de valoración de la ONU visitó la zona y recomendó que se estableciese urgentemente una base cerca, para proteger a la población local. Hasta la fecha, no se ha establecido ninguna base, y no ha habido patrullas regulares de la ONU desde las bases existentes. Oficiales de la ONU han declarado a HRW que se va a poner una base en los próximos días. Los soldados congoleños, que huyeron de la zona después del ataque, tampoco han dado la protección adecuada a los civiles.
“Los civiles en riesgo de ataques de los rebeldes en la zona de Waloaloanda, han estado demasiado tiempo sin una protección adecuada, aunque la MONUC ha identificado el área como zona de protección prioritaria”, asegura Roth. “El mando de la MONUC no debería retrasar más, y debería efectuar urgentemente, el despliegue de sus soldados en la zona”.
Las fuerzas de seguridad congoleñas y las tropas de paz de la ONU todavía no han implantado los prometidos corredores humanitarios, que permitirían una salida segura de las zonas de conflicto para miles de refugiados ruandeses y combatientes de las FDLR que desean desarmarse voluntariamente. Los oficiales congoleños y de la MONUC habían prometido que estos individuos tendrían permitido el paso con seguridad”.
“Los soldados de la ONU no deberían apoyar a las fuerzas armadas congoleñas que están cometiendo crímenes de guerra y no protegen a los civiles ni a los refugiados”, aclama Roth. “Seguir respaldando tales operaciones militares, la misión de paz se arriesga a convertirse en cómplice de los abusos”.
Publicado en la página web de Human Right Watch, el 02 de Julio de 2009
[Fundación Sur]
