La publicación de los anexos de un informe de la ONU ha confirmado el apoyo del régimen ruandés al nuevo grupo armado M23. En consecuencia, es urgente adoptar todas las medidas para poner fin a esta ingerencia que viola la soberanía de la RDC.
Sin embargo, Ruanda no es el único responsable de la tragedia congoleña y más concretamente del pueblo del Kivu. Detrás de Ruanda están las multinacionales implicadas en el comercio ilegal de los minerales. Existe toda una red internacional de intermediarios, de sociedades ficticias registradas en paraísos fiscales, bancos occidentales; todo un entramado que asegura las transacciones financieras. Sus nombres, sus actividades son perfectamente conocidos por parte de las Naciones Unidas, de las organizaciones internacionales y de las ONG de defensa de derechos humanos. Entre ellos, hay países que suministran una ayuda financiera sustancial a Ruanda.
Detrás de Ruanda están potencias como los EEUU, cuya embajadora en la ONU, Susan Rice, ha tratado de retrasar o bloquear la publicación de los anexos citados, para que Ruanda pudiera examinarlos y presentar sus observaciones. Sólo a causa de fuertes presiones el Departamento de Estado ha autorizado la publicación. Evidentemente los EEUU tienen motivos para actuar como lo han hecho. Desde finales de los años 1980 e inicio de los 1990, ya habían decidido deshacerse de Joseph-Désiré Mobutu (Zaire) y de Juvénal Habyarimana (Ruanda), con vistas a crear un nuevo liderazgo africano: Yoweri Museveni en Uganda y Paul Kagame en Ruanda. El objetivo era claro, sustituir a Francia en el control de África Central y así aprovecharse de las inmensas riquezas naturales del ex-Zaire.
Junto con Uganda, Ruanda se convirtió en la plataforma local para desembarcar en el Kivu. Aquí, en el Kivu, el desembarco quedaba garantizado por una nebulosa formada por oficiales, jefes de grupos armados, funcionarios, comerciantes, todos ellos dispuesto a hacer negocios de cualquier manera, por medio de la corrupción, contrabando, evasión fiscal, guerra para controlar zonas mineras. También se conocen perfectamente sus nombres, su localización, sus actividades, que han aparecido en diversos informes.
Se trata de un sistema perverso, creado y coordinado a escala internacional, que lleva consigo violencia, miseria y desolación. La población congoleña es la primera víctima, que se ve forzada a optar entre la muerte y la huida a la selva o a los campos de desplazados. Si la guerra no termina nunca en el este de la RDC es porque la loca carrera por los minerales ha garantizado la impunidad para los autores de los crímenes, para los cómplices que realizan importantes negocios. El provecho económico, la ley del libre mercado, han ganado la partida a la justicia y han condenado al pueblo congoleño a la miseria, a la muerte y a los desplazamientos forzosos.
Para restablecer la paz en el este de la RD Congo hay que restablecer el derecho y la justicia. El informe Mapping de las Naciones Unidas sobre los crímenes cometidos en el Congo de 1993 a 2003 había propuesto la creación de salas especializadas mixtas, con participación internacional, en el sistema judicial congoleño. El 13 de junio de 2011 el gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley al respecto. En agosto lo rechazó el Senado y lo remitió al gobierno. Desde entonces ya no se ha hablado de él. Tras constatar que la causa principal de las guerras y violencias que la población congoleña sufre es de tipo económico, esto es, la explotación ilegal de los recursos mineros, la ONU y la OCDE han publicado directivas detalladas sobre “la diligencia razonable” (proceso por el cual las sociedades mismas garantizan que no importan minerales provenientes de zonas en conflicto) y sobre “la trazabilidad y certificación de origen de los minerales importados. Sólo los EEUU se han adherido a estas directrices, aunque, después de dos años la ley llamada Dodd Frank no ha entrado en vigor. En el resto de países, incluyendo a los Estados miembros de la UE, no se ha hecho nada o casi nada.
Sería preciso tomar de nuevo en consideración la posibilidad de crear un Tribunal Penal Internacional para la RD Congo, propuesta que, aunque considerada como la mejor, fue rechazada por el informe Mapping. Este tribunal deberá aportar toda la luz sobre la responsabilidad y complicidad en el ámbito nacional, regional e internacional respecto a este “genocidio olvidado”, perpetrado desde hace tiempo en el Congo. Este tribunal deberá aplicar con rigor todas las sanciones previstas en derecho internacional como medio de disuasión para quebrar la espiral de la violencia y de las mafias que está estrangulando al pueblo congoleño entero.
EDITORIAL del nº 154 de Congo Actualité, julio de 2012.
1. Susan Rice trabajó con la administración Clinton en diferentes puestos: directora de l’International Organizations and Peacekeeping de 1993 à 1995, Directora señor de Asuntos Africanos de 1995 a 1997 (1ª guerra en el Congo), Secretaria de Estado adjunta de Asuntos Africanos de 1997 a 2001 (2ª guerra en el Congo). Actualmente es embajadora de EEUU en la ONU.
Texto traducido y enviado por Ramón Arozarena.
