Por iniciativa de la Alianza por la Mayoría Presidencial (AMP), conglomerado de partidos que apoyan al Presidente Joseph Kabila, tanto la Asamblea Nacional como el Senado, reunidos en el Congreso, han aprobado algunas modificaciones de la Constitución. La más significativa y, sobre todo, la que ha despertado gran controversia ha sido la supresión de la segunda vuelta en la elección presidencial. La oposición parlamentaria ha criticado duramente esta reforma de la ley electoral y ha boicoteado las sesiones y la votación. Los representantes de la Sociedad civil e incluso el cardenal de Kinshasa MONSENGWO se han expresado también en el mismo sentido de crítica.
Los motivos que la mayoría ha presentado en defensa de la iniciativa y de la decisión adoptada han sido fundamentalmente económicos, aduciendo que una segunda vuelta, previsible ya que en una primera no parece posible que un candidato logre más del 50% de los votos, significaría un gasto insostenible. Los defensores de la reforma arguyen también que una segunda vuelta significaría un factor de inestabilidad que pondría en peligro la paz. Dice la mayoría presidencial que lo esencial es afianzar lo ya conseguido y proseguir el programa de reconstrucción del país iniciado e impulsado por el actual Presidente, Joseph Kabila.
La oposición ha juzgado esta medida como una muestra del miedo del poder actual a perderlo y una maniobra fraudulenta para garantizarse la continuidad e impedir una posible alternancia en el poder. Los casos de Costa de Marfil y de Guinea Conakry, países en los que la oposición se agrupó y logró vencer en la segunda vuelta, habían provocado cierto pánico en las altas esferas congoleñas. La Oposición destaca la incongruencia de que el Jefe de un Estado de un país tan enorme y poblado por más de 300 etnias distintas, pueda llegar a serlo con un apoyo popular muy limitado, por ejemplo de sólo el 20%. Para garantizar la unidad e integridad del país, siempre en peligro de desmembramiento e implosión, parecería indispensable que el Presidente tuviera un amplio apoyo en las urnas, lo que reforzaría su autoridad y la del Estado.
La comunidad internacional, a pesar de la atención que presta a cuanto sucede en el Congo, no ha querido inmiscuirse en el agrio debate de la reforma de la ley electoral. Incluso ha expresado explícitamente su respeto a la decisión adoptada, indicando solamente que desea que el proceso electoral sea transparente, sereno y abierto a todas las corrientes políticas. Esta posición trasmitida por varios embajadores occidentales en Kinshasa ha tranquilizado al gobierno congoleño. Jean-Paul Charlier, de la embajada de Bélgica, ha hecho llegar al primer ministro congoleño, Adolphe Muzito, que la cuestión debatida “forma parte de la política interior” y que Bélgica nada tenía que decir al respecto; que lo más importante para Bélgica sería “que las elecciones se desarrollen con total transparencia y que la libertad de expresión quede garantizada a todos los candidatos”. En términos similares se han expresado también el embajador de Francia, Pierre Jacquemot y el de Estados Unidos, James Entwitsle.
(A partir de informaciones de Le Potentiel y Afrikarabia, del 20/21-01-2011)
Resumen y traducción de Ramón Arozarena.
