Después de las revelaciones de un documento interno de la MONUSCO y de un informe de HRW, el gobierno congoleño, él también, ha tenido que reconocer el apoyo que Ruanda da al Movimiento del 23 de marzo (M23) de Bosco Ntaganda y Sultani Makenga. Es innegable que jóvenes, incluso menores de edad, de nacionalidad ruandesa han sido reclutados, formados militarmente e infiltrados en las tropas del M23 para combatir contra el ejército congoleño. El M23 ha recibido apoyo logístico en armas, alimentos y dinero desde el territorio ruandés.
Todo ello puede parecer una novedad, pero no lo es de ningún modo. Quienes siguen el drama de la RDC en general y del Kivu en particular, saben perfectamente que la ocupación ruandesa comenzó en septiembre de 1996, cuando se produjo la primera agresión, abusivamente calificada de liberación de la dictadura de Mobutu, en la época de la AFDL. Desde entonces, personalidades militares y civiles de nacionalidad ruandesa se han infiltrado en las instituciones estatales congoleñas (ejército, Parlamento, Gobierno, tanto en el ámbito nacional como en el provincial), con la complicidad de los “congoleños ruandófonos”. Todo ello con vistas al control de las minas y de la explotación ilegal de los minerales del Kivu (oro, casiterita, coltan, petróleo), con la complicidad de multinacionales y de potencias occidentales, cuyos nombres han aparecido con frecuencia en los informes sobre el Congo del grupo de expertos de la ONU. La población lo sabía desde hace mucho tiempo y numerosas organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, lo han denunciado desde hace varios años. Desdichadamente, tras los diversos informes y quejas, no se tomó decisión alguna para romper el lazo de unión, asesino, entre la explotación ilegal de los recursos minerales y la financiación de los conflictos armados, dando así libre curso a la impunidad, que a su vez abre el camino para que la violencia prosiga.
¿Qué hará el gobierno congoleño ante la violencia de Ruanda?
Ahora que el gobierno ha reconocido abiertamente, aunque tímidamente, esta realidad, ¿qué va a hacer? ¿Se limitará a la simple constatación de “la pasividad de las autoridades ruandesas frente a la graves violaciones de la paz y seguridad internacional cometidas en la RDC, desde su territorio”? Sin embargo, no se trata solamente de pasividad. Según las declaraciones de HRW, algunos oficiales del ejército ruandés están implicados directamente en este asunto, o al menos tuvieron conocimiento del mismo. ¿Se limitará el gobierno a buscar soluciones “en la sinergia entre los Estados de la región de los Grandes Lagos”, firmando otros acuerdos-trampa con el régimen establecido en Ruanda? Este último ha demostrado no ser sincero en sus relaciones con la RDC y cuando firma acuerdos bilaterales con la RDC sólo trata de defender sus intereses en detrimento de la sangre de millones de congoleños inocentes. ¿Se atreverá el gobierno congoleño a llamar a su embajador en Kigali para consultas? ¿Se atreverá a pedir la intervención del Consejo de seguridad de la ONU para que aplique las sanciones previstas (congelación de cuentas bancarias, prohibiciones de viajar al extranjero) en casos de violación del embargo sobre las armas suministradas a los grupos armados activos en la RDC? ¿Se atreverá a exigir una investigación internacional para identificar a los oficiales ruandeses implicados de una manera u otra en el apoyo aportado al M23 de Bosco Ntaganda y Sultani Makenga? ¿Se atreverá a denunciar ante el Consejo de seguridad de la ONU y ante la Comunidad internacional (UA, UE, USA) la violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial de la RDC por un tercer país?
¿Qué hará frente al M23?
El gobierno ha prometido combatir militarmente al M23 y a todo el resto de grupos armados, nacionales y extranjeros, sin aceptar negociación alguna con ellos. ¿Mantendrá su promesa? ¿O más bien se resignará a firmar nuevos acuerdos militares (nuevas integraciones en las FARDC, promociones de grado, nuevos puestos de mando, permanencia en las provincias del este) y políticas (nuevos puestos ministeriales tanto en el ámbito nacional como provincial) que en absoluto contribuirán a resolver los problemas del este del país? ¿Se atreverá a proseguir la reforma del ejército (nombramiento de oficiales con talante nacionalista, reestructuración de unidades militares basada en la heterogeneidad tribal, mutaciones de soldados de una región a otra, pago regular de los salarios, lucha contra el desvío de dinero, etc.)? ¿Se atreverá a neutralizar la banda de esos políticos (parlamentarios y ministros, tanto a nivel nacional como provincial), que por razones económicas o regionalistas han cooperado (y muchos de ellos lo siguen haciendo) en la creación de movimientos armados, como AFDL, RCD, CNDP, diferentes ramas de Maï Maï y finalmente M23? ¿Se atreverá el gobierno a detener a Bosco Ntaganda para entregarlo a la Corte Penal Internacional que ha lanzado un mandato de arresto contra él? ¿Se atreverá a detener y llevar ante la justicia a los instigadores de la rebelión del M23 y a los diferentes señores de la guerra que están a la cabeza de los numerosos grupos armados activos?
El pueblo congoleño espera del gobierno una respuesta clara y definitiva a su derecho inalienable a la paz, a la verdad, a la justicia y a la libertad.
(Editorial de “Congo Actualité”, nº 151, junio de 2012)
Resumen y traducción de Ramón Arozarena.
