El primer aniversario del informe «Projet Mapping» muestra la necesidad de una acción internacional más firme.
(New York, 10 octubre de 2011) – Los gobiernos deberían intensificar los esfuerzos para llevar ante la justicia a los responsables de las exacciones graves descritas en el informe “Projet Mapping” publicado en octubre de 2010 por las Naciones Unidas, ha declarado el día 10 de octubre Human Rights Watch.
Un año después de la publicación de este informe, resulta obligado constatar que tanto los gobiernos de la región de los Grandes Lagos como la ONU no han sacado de él las consecuencias precisas, ha deplorado HRW. No obstante, el gobierno congoleño ha adoptado algunas medidas con vistas a la creación de un tribunal especializado en el seno del sistema judicial nacional compuesto por personal nacional e internacional y encargado de juzgar a los responsables de los crímenes de guerra, contra la humanidad y de genocidio.
“Por muy buena voluntad que ponga, el gobierno congoleño no puede, él solo, tratar sobre las exacciones masivas que jalonan la historia del país”, ha explicado Daniel Bekele, director de la división de África de HRW. “Los crímenes perpetrados en el Congo son el hecho de criminales que atravesaron las fronteras: la responsabilidad de garantizar que se haga justicia incumbe a un gran número de gobiernos”.
Las conclusiones del informe son importantes no solo para ayudar a reprimir crímenes pasados, sino igualmente para enfrentarse a los mismos esquemas de exacciones que se siguen perpetrando hoy en el Congo contra civiles, ha indicado HRW.
El informe Mapping de la ONU se centró en las violaciones más graves de los derechos humanos y del derecho internacional cometidas desde 1993 a 1002. Describe 617 incidentes acaecidos en el país y expone el rol de todas las principales partes congoleñas y extranjeras responsables de las mismas. Entre los responsables figuran concretamente militares o grupos armados de Ruanda, Uganda, Burundi y Angola, que combatieron en suelo congoleño durante las guerras que golpearon el Congo entre 1996 y 2003.
El informe suscitó reacciones de cólera y un desmentido formal de la implicación por parte concretamente de Ruanda. Sus tropas y las de su aliado, la Alianza de fuerzas democráticas para la liberación del Congo-Zaire (AFDL), grupo rebelde congoleño, estarían implicadas en algunos de los crímenes más graves cometidos en 1996 y 1997. “Si bien algunos incidentes recogidos en el informe eran perfectamente conocidos, la antología de tantas atrocidades incluidas en un solo informe ha actuado como un brutal recordatorio de la realidad. Todos los gobierno concernidos deberían velar para que este informe no sea relegado en el baúl de los olvidos y para que sean adoptadas las medidas pertinentes”, ha explicado Daniel Bekele.
HRW afirma que corresponde en primer lugar a los países implicados por el informe el perseguir judicialmente a los presuntos criminales que se encuentren en el interior de sus fronteras. Puede suceder que algunos sospechosos vivan en otros países; éstos deberían, en virtud del principio de justicia universal, tomar medidas para perseguirlos. Los países miembros de la ONU deberían aportar un apoyo político y financiero al gobierno congoleño para la puesta en pie de mecanismos apropiados a fin de juzgar a los autores de estos crímenes.
Tras la publicación del informe, el Alto Comisariado de la ONU para los derechos humanos y el Secretario General, apenas han actuado. HRW ha hecho un llamamiento a que organicen una conferencia con el gobierno congoleño, los gobiernos citados en el informe, así como con expertos jurídicos internacionales, para elaborar un plan de acción.
El Mapping, la publicación del informe, despertó la esperanza de las víctimas y supervivientes congoleños y ruandeses de las masacres en que un día se haga justicia. En agosto de 2011, el ministro de Justicia congoleño presentó un proyecto de ley para establecer un tribunal especializado mixto encargado de juzgar a los responsables de los crímenes. La presencia al lado de magistrados congoleños de jueces internacionales se ha estimado necesaria tanto para reforzar las capacidades del Congo para juzgar crímenes complejos como para proteger al tribunal de cualquier ingerencia política. El Senado rechazó el proyecto de ley y pidió al gobierno que armonizara su propuesta con otros proyectos, concretamente con el que previsto para integrar en la legislación nacional el Estatuto de Roma de la Corte penal internacional.
HRW apoya la creación de un tribunal mixto y organizaciones de la sociedad civil congoleña han expresado también su firme apoyo. Representantes de ONG se reunieron en Goma y adoptaron una posición común sobre el proyecto de ley del gobierno; muchas de sus recomendaciones fueron asumidas e incluidas en el proyecto.
El Mapping de la ONU no es la primera iniciativa patrocinada por la ONU para investigar los crímenes cometidos en el Congo. Tentativas anteriores fueron bloqueadas en su día por Laurent-Désiré Kabila, padre del actual presidente. A pesar de las dificultades en el pasado fueron publicadas muchas informaciones sobre las violaciones y atentados contra ciudadanos congoleños y ruandeses, sin que se hubiera emprendido acción alguna contra los responsables. El hecho de que la MONUC, misión de la ONU en el Congo, descubriera en 2005 varias fosas comunes en Kivu-Norte desencadenó la reapertura de nuevas investigaciones.
“Los autores de espantosos crímenes perpetrados en el Congo están en libertad desde hace demasiado tiempo. Si las atrocidades descritas en el informe Mapping desembocan en persecución judicial creíble, podría suceder que los violadores potenciales de los derechos humanos reflexionaran dos veces antes de cometer crímenes contra la población. Será entonces cuando el Estado de derecho prevalecerá en esta región presa de violencias”, ha declarado Bekele.
De un comunicado de HRW, 10 de octubre de 2011.
Traducción y resumen de Ramón Arozarena.
