Kinshasa, 29 de enero de 2014
Excelencia,
Le escribo en nombre de Human Rights Watch para presentarle nuestras recomendaciones, cuyo objetivo es poner fin a la impunidad de los dirigentes del M23 y de otros grupos armados, implicados en graves atentados contra los derechos humanos en la RDC.
Nos sentimos animados por las disposiciones claras contenidas en la declaración firmada por su gobierno en Nairobi el 12 de diciembre de 2013, tras la derrota del M23; disposiciones que impedirían que los dirigentes del M23, presuntos responsables de crímenes de guerra y otros crímenes internacionales graves, se beneficiaran de una amnistía. Es esencial, en adelante, que sean tomadas medidas para asegurar que esas personas sean detenidas y llevadas ante la justicia, conforme a las normas internacionales. Esta persecución judicial es necesaria para garantizar que los responsables de crímenes pasados no cometan nuevas violaciones y para que las víctimas, así como sus familias y la sociedad congoleña en su conjunto, obtengan justicia.
Hemos sido informados de que la justicia militar congoleña ha emitido mandatos de arresto contra más de una docena de líderes del M23, perseguidos por crímenes de guerra y contra la humanidad. HRW ha documentado exacciones generalizadas que implican a un gran número de esas personas o de las fuerzas que estaban bajo su mando, mientras dichas personas pasaban de un grupo armado a otro en el transcurso de la última década. Entre esas violaciones figuran masacres étnicas, ejecuciones sumarias, violaciones y reclutamiento forzado de niños. Siete de esas personas figuran en las listas de sanciones de la Naciones Unidas y los Estados Unidos les ha prohibido viajar y ha congelado sus bienes.
Varios dirigentes del M23 se encuentran actualmente en Ruanda y Uganda. HRW no tiene conocimiento de que las autoridades de Ruanda y Uganda hayan hecho esfuerzo alguno para investigar sobre su presunto protagonismo en la comisión de crímenes en la RDC ni que hayan tomado medidas para llevarlos ante la justicia. En el Acuerdo-marco para la paz, la seguridad y la cooperación, firmado en Addis-Abeba en febrero de 2013, los firmantes – entre ellos la RD Congo, Ruanda y Uganda – adquirieron el compromiso de “no albergar ni suministrar ningún tipo de protección a las personas acusadas de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad, de actos de genocidio o de crímenes de agresión, a las personas sometidas a sanciones de las Naciones Unidas”, así como el compromiso de “facilitar la administración de la justicia, por medio de la cooperación judicial en la región”.
En julio de 2013, el gobierno congoleño pidió oficialmente la extradición desde Ruanda a la RDC de cuatro dirigentes del M23, concretamente, los Sres. Innocent Zimurinda, Baudouin Ngaruye, Eric Badege y Jean-Marie Runiga. Estas personas seguirían estando en Ruanda.
Si el gobierno congoleño desea conseguir la extradición de esos individuos conforme a las normas internacionales, deberá responder a cierto número de preocupaciones relativas a los derechos humanos, concretamente garantizando un trato humano de los acusados, una vez detenidos en la RDC, el respeto de sus derechos a un proceso regular y equitativo, y la exclusión de la aplicación de la pena de muerte – una pena cruel e inhumana que todavía no se ha abolido en la RD Congo.
Estimamos que uno de los mejores medios para responder a estas preocupaciones y de garantizar procesamientos equitativos y creíbles de los dirigentes del M23, así como de numerosas personas implicadas en graves crímenes internacionales en RDC, sería la creación de salas mixtas especializadas, tal y como su gobierno propone.
Las salas especializadas serían una institución nacional, estarían integradas en el sistema judicial congoleño, con el mandato de perseguir los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en RDC durante las dos últimas décadas. Estarían compuestas por fiscales, jueces y otros miembros del personal congoleño y no-congoleño; el personal no-congoleño se iría retirando progresivamente conforme las salas adquirieran legitimidad, credibilidad e independencia. Las organizaciones de la sociedad civil apoyan ampliamente esta propuesta y fue una de las principales recomendaciones del informe Proyecto mapping de las Naciones Unidas de 2010; informe que documentó las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en la RD Congo entre 1993 y 2003.
A este respecto, recibimos con satisfacción su declaración pública del 23 de octubre de 2013, en la que se comprometía a crear salas especializadas y según nuestras informaciones el ministro de Justicia ya ha elaborado la legislación que crearía dicho mecanismo. Le rogamos e instamos a que vele junto con su gobierno para que la legislación avance rápidamente y para que los donantes de fondos y los miembros de la sociedad civil sena consultado, con el fin de garantizar un amplio apoyo favorable a la creación de dichas salas de justicia. Deben hacerse todos los esfuerzos a fin de que en la próxima sesión parlamentaria, que debe comenzar en marzo de 2014, el proyecto de ley esté sobre la mesa.
Paralelamente a esta iniciativa, le invitamos a usted y al gobierno, a que trabajen en estrecha colaboración con los gobiernos de la región para iniciar un proceso con el objetivo de llevar ante la justicia lo antes posible a los presuntos criminales que viven actualmente fuera de la RD Congo. Sugeriríamos la organización de una reunión bajo los auspicios de la CIRGL para debatir sobre la cooperación regional sobre esta cuestión. Los enviados y representantes especiales para la región de los Grandes Lagos de la ONU, de los EEUU, de la UE y de la Unión africana podrían ser invitados a dicha reunión.
Presentamos algunas medidas específicas que el gobierno congoleño podría adoptar conjuntamente con la MONUSCO y otros socios, a fin de garantizar que los derechos de los acusados sean respetados y de que los procedimientos judiciales en su contra sean justos y creíbles:
1.- El gobierno congoleño debería mantener a los acusados en condiciones que respondan a las normas internacionales de detención, tal y como figuran en la Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el trato a los detenidos. Agentes penitenciarios de la MONUSCO deberían ser desplegados donde los prisioneros estuvieran detenidos para garantizar que puedan acceder a ellos las familias y visitantes, abogados, que reciban tratamiento médico en su caso y que no sean objeto de malos tratos.
2.- El gobierno congoleño debería garantizar que los acusados se beneficiaran de un proceso equitativo que incluyera el derecho a apelación, de conformidad con las normas internacionales. Debería:
a) Garantizar que los acusados tengan acceso a abogados de su elección, competentes en materia de crímenes internacionales, así como a una ayuda para cubrir el coste de esta representación, caso de que los acusados no tuvieran medios.
b) Garantizar el derecho a apelación a una jurisdicción superior.
c) Garantizar que el proceso será público con observadores nacionales e internacionales.
d) Garantizar que la MONUSCO aportará un apoyo técnico y jurídico a las autoridades judiciales congoleñas tanto en las investigaciones como en el proceso.
e) Garantizar la protección de los testigos y el apoyo a las víctimas contra las amenazas o ataques.
3.- El gobierno congoleño debería igualmente garantizar que los acusados no serán condenados a la pena de muerte. Hacemos un llamamiento para su abolición. HRW se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia, por considerarla un castigo fundamentalmente inhumano, cruel y degradante. La abolición de la pena de muerte garantizaría la cooperación judicial de cierto número de países que rehúsan extraditar a individuos a países en los que la pena de muerte no ha sido abolida.
Le instamos a que adopte estas medidas concretas a fin de hacer justicia frente a las atrocidades cometidas contra la población del este de la RD Congo en el transcurso de las dos últimas décadas.
Le rogamos, señor Presidente de la República, reciba la expresión de nuestra más alta consideración.
Kenneth Roth
Director ejecutivo de Human Rights Watch
