El 31 de diciembre del año que acaba de terminar, con un suspiro generalizado de alivio, se firmó un acuerdo en Kinshasa entre las fuerzas que apoyan al Presidente Kabila y las de la oposición. Pretendía ser el punto final de una interminable crisis política que amenazaba con la implosión del gigantesco Congo (RDC). Joseph Kabila se mantiene en la Jefatura del Estado, pero renuncia a modificar la Constitución y optar a un tercer mandato. Un nuevo gobierno de unión nacional, presidido por la oposición, gestionará la transición y la preparación de unas elecciones transparentes. A pesar de las dificultades de su aplicación práctica – en el fondo, un nuevo reparto del poder y una nueva configuración del espacio político – pretendía ser, también, el inicio de una etapa prometedora de paz y desarrollo en un país bendecido por la naturaleza a la vez que víctima de sus enormes riquezas. Pues bien, no han pasado más que unos días para que hayan surgido problemas que han rebajado el optimismo inicial.
Uno de los puntos del acuerdo establecía la constitución de un nuevo gobierno encabezado por un líder de la oposición. Parece razonable que la oposición, que desconfía por experiencia de la buena fe del Presidente, trate de compensar y frenar las todavía importantes atribuciones de la jefatura del Estado por medio del contra-poder que puede representar un gobierno de unión nacional dirigido por la oposición. Todos preveíamos que se iba a generar una batalla feroz para designar al Primer Ministro y para el reparto de carteras. Ha estallado. Las discrepancias comienzan respecto del tamaño mismo del gobierno.
Sólo hace unos meses, el 18 de octubre, ya se formó un gobierno como resultado de un acuerdo, entre mayoría y algunas fuerzas opositoras. El Primer ministro designado fue Samy Badibanga. Formó un gobierno, que apenas ha entrado en funciones, con nada menos que 68 carteras ministeriales. Tardó cierto tiempo en configurarlo y contentar a tantos dirigentes que presionaban con la clásica cuestión: “¿Qué hay de lo mío?” Este lamentable espectáculo se está reproduciendo ahora mismo. El, en principio difunto, gobierno de Samy Badibanga y sus 68 ministros con sus equipos ven sus puestos en peligro por el nuevo acuerdo. Han acudido presurosos a la CENCO, Conferencia episcopal mediadora y muñidora del esperanzador acuerdo del 31 de diciembre, para protestar por no haber sido incluida su presencia en las negociaciones y exigir que sean atendidos. El Movimiento de Liberación Congoleño (MLC) de Jean-Pierre Bemba, condenado por la Corte Penal internacional de la Haya, que en principio no firmó el acuerdo, parece dispuesto a hacerlo de inmediato siempre que se le garantice alguna importante parcela de poder. Eva Baziba, presidenta del MLC, considera que el acuerdo del 31 de diciembre se ha convertido en una especie de pacto bilateral entre Kabila y Tshisekedi, cuyo partido, UDPS, trata de monopolizar las claves del periodo transitorio, esto es, la presidencia del Comité de seguimiento de la aplicación del acuerdo para Tshisekedi padre y el puesto de Primer ministro para su hijo Félix. Asunto de celos, sin duda, típico de las relaciones competitivas entre las diversas fuerzas opositoras, pero sobre todo rivalidad para hacerse con un buen bocado de poder.
Nadie desea aparecer como responsable de un fracaso y todos parecen haber entendido que había que desactivar una bomba a punto de estallar. Hasta Kabila, experto en combinar la represión brutal y el llamamiento al diálogo y a la concordia, ha concluido que no le convenía aparecer ante la opinión nacional e internacional como el obstáculo mayor. Todos quieren participar en la nueva etapa que se abre y situarse en buena posición cara al futuro. Es más que probable que en aras de la “inclusividad general” los congoleños “disfruten” en breve de un gobierno elefantiásico para contento de todos los componentes socio-políticos que reclaman un sillón. Ese parece ser el precio y el resultado de un acuerdo calificado de histórico que promete paz y reconciliación. Se aumenta el pastel para que las elites políticas tengan acceso al menos a un trozo del mismo. Disputas similares se están produciendo con relación a la composición del Comité de seguimiento. Todo ello no hace sino envenenar el clima de entendimiento y colaboración indispensables para una acción unitaria y retrasar la adopción de medidas concretas para que el calendario fijado sea respetado.
No cabe duda alguna de que el acuerdo, al que hasta los más reticentes se han visto obligados a adherirse, ha servido para frenar una carrera suicida del Congo hacia el abismo: la desaparición del Estado congoleño en un clima de violencia generalizada y autodestrucción; su supervivencia parece en principio garantizada al sentar las bases de una alternancia democrática y pacífica en el poder, por medio de procesos electorales limpios. Habrá que esperar si los compromisos firmados se hacen realidad en los meses que quedan hasta la celebración, fijada para finales de 2017, de las elecciones presidenciales y legislativas. No habría que minusvalorar este logro, en lo que significa un paso hacia el establecimiento y consolidación de la democracia y en la evitación de sangrientos enfrentamientos bien recientes y desdichadamente tan frecuentes en la historia del Congo. El no-acuerdo presagiaba enfrentamientos y terribles represiones. Paradójicamente, algunos analistas congoleños apostaban por un fracaso, del que surgiría, según ellos, un utópico levantamiento popular libertador y regenerador: el pueblo congoleño, hastiado de su clase política, habría tomado en sus manos el destino de la nación.
No obstante, no puedo menos que echar en falta en el acuerdo impulsado por la CENCO otros compromisos que las elites políticas congoleñas deberían adquirir. Han resuelto, quizás, la supervivencia del Estado, amenazado por la desintegración; no parece que se hayan abordado las cuestiones relativas a la supervivencia de los ciudadanos congoleños. Por lo que ha trascendido del contenido de los acuerdos, nada se dice sobre la indispensable unidad de acción en la protección de la sociedad civil y en la eliminación de multitud de grupos armados que, amparados por intereses internos y exteriores, asolan territorios, gentes, explotan ilegalmente recursos naturales en beneficio de mafias locales y de empresas multinacionales; nada sobre acaparamiento de tierras agrícolas por parte de países y corporaciones extranjeros, mientras se abandona la agricultura y se pone en riesgo la soberanía alimentaria; nada sobre medidas elementales para mejorar las condiciones de vida de una población pobre y sufriente rodeada de riquezas naturales y los servicios en favor de los ciudadanos. Parecería que la supervivencia de millones de congoleños y congoleñas importa menos y puede esperar.
Ramón Arozarena
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