(…) Simulacro de acuerdo entre los operadores económicos y el gobierno. ¿En qué han quedado los buenos propósitos de este encuentro perentorio?
La hiel que acarrea odio, el culto a la personalidad a flor de piel, la voluntad inquebrantable de imponer al país, arbitrarios sacrificios y la omnipresencia del ego, al pasar por encima del sentimiento patriótico y de la razón; circunstancias éstas, que han arruinado toda esperanza de contar con una democracia pacífica y una recuperación económica. ¿Qué diálogo sincero se puede entablar con alguien de ínfulas totalitarias que no sabe mantener un acuerdo?
¿Qué negociación se puede emprender con alguien que no es fiel a nada y todavía menos a sus propios compromisos, que no es ni quiere ser responsable de nada, ni siquiera de su propia firma?
¿Imponer de nuevo a un jefe de Estado, un primer ministro al que nunca estimó, para iniciar una hipotética transición de la que nadie está seguro del resultado? ¿Para qué?
¿Por qué razón siempre hay que procurar empezar de cero, mientras aquellos con quienes comenzamos en 1960, hoy nos muestran su desafección?
Por último, ¿por qué reunirse en congresos nacionales volviendo, en definitiva, a caer en la trampa de Yayi Boni (1), si éstos deberían alumbrar una nueva Constitución?
En el momento presente, no hay nada nuevo bajo el sol. En la conferencia de febrero de 1990 ya se trazaron las grandes líneas maestras. Se trata de seguirlas y aplicarlas sencillamente como teoremas matemáticos para conseguir los resultados esperados; ésto es, en lo que se apoya el poder, con su último hálito, creyendo manipular a todo el pueblo.
Es una gran ocasión para confiar en la letra de la ley que libremente nos dimos y para buscar en ella soluciones apropiadas a esta crisis, que las hay. Una lectura atenta de la Ley fundamental, efectivamente, concede a nuestra democracia, la magnífica oportunidad de volver a cobrar protagonismo y pasar página a la etapa de Yayi, definitivamente, quién sólo vale para desencadenar el infortunio. Un período que no augura nada bueno, al cabo del cuál, caben dos hipótesis constitucionalmente posibles:
– La incapacidad permanente a la que alude el artículo 50 de la Constitución, es manifiesta en la persona del presidente, pero nuestra condescendencia y nuestro clientelismo culpable se niegan a aceptar este hecho y a actuar en consecuencia.
– Respecto de la alta traición, se dan todos los condicionantes que contempla su artículo 74, pero los diputados, no han tomado aún conciencia de ello; la forma actual de gobernar es un indicio suficiente para colegir de la misma “un acto que atente contra el mantenimiento de un entorno saludable, sostenible y que favorezca el desarrollo”.
I. La posibilidad de la incapacidad permanente.
Cada vez existen más rumores en los medios que mejor conocen el verdadero estado de salud del presidente. Teniendo en cuenta su forma de comportarse, de reaccionar respecto de las cuestiones más delicadas que plantea con el objeto de comprometer a la nación y su catastrófica manera de gobernar, muchos están de acuerdo en reconocer que, efectivamente, tiene una tara.
Los benineses dieron sus votos a un jefe de Estado sano de cuerpo y mente, cómo así lo acreditaron los informes médicos antes de las elecciones. Pero cuando, además del comportamiento y de las reacciones, cuanto menos dudosas, se termina descubriendo la cantidad de medicamentos que el jefe de Estado está obligado a engullir diariamente para estar a la altura de su misión, existen fundadas razones para horrorizarse respecto a su capacidad real de gobernar. Todo el mundo vio, en efecto, el espantoso arsenal de medicamentos exhibidos en la televisión nacional, como si se tratara de un serial, con el envenenamiento como protagonista.
Entre los que lo vieron, hay quienes indiscutiblemente, ponen en tela de juicio su capacidad para gobernar nuestro país, si, efectivamente, hubieran sido consumidas por el que se supone nos dirige. Votamos, verdaderamente, a un hombre cuyo estado de salud fue certificado por una pléyade de veteranos médicos. Si unos años más tarde, su salud ya no le permite asumir altas tareas de gobierno, el pueblo soberano, por medio de sus representantes, necesita tener las ideas claras.
En estas condiciones, la Asamblea Nacional está llamada a dilucidar el enigma y a actuar en consecuencia, llegado el caso. Es necesario evitar a toda costa el ruido de sables que parece aproximarse. Con la exaltación de su estrépito podrían abatir los logros de la Conferencia Nacional. No hace falta llegar a este extremo, mientras que la Constitución nos proporcione la solución respecto a lo que algunos perciben como un embrollo. La incapacitación permanente que menciona el artículo 50 de la Constitución sería pues un primer ángulo de ataque, que por clemencia, consistiría en reenviar “el impedimento” que la justifica, a sus médicos de cabecera sin pedirle cuentas al presidente. Pero más allá de este hipotético caso, existe otra posibilidad más rigurosa.
II. La hipótesis de la alta traición.
Si se tuvieran en cuenta las disposiciones del artículo 74 de nuestra Constitución, hace mucho tiempo que se dan los requisitos que permiten calificar una conducta de la alta traición. En efecto, según este artículo “existe alta traición, cuando el presidente de la República ha violado su juramento, ha sido considerado como autor, coautor o cómplice de violaciones graves y notorias de los Derechos Humanos, de cesión de una parte del territorio nacional o de un “acto que atente contra el mantenimiento de un entorno saludable, sostenible y que favorezca el desarrollo”.
El estilo belicoso del léxico de Yayi y el modo en que funciona un régimen político que privilegia una región en detrimento de otra, con el propósito manifiesto de enfrentarlas, son, por sí solas, razones lo suficientemente graves como para ser constitutivos de alta traición, cometida por un jefe de Estado que solemnemente juró “preservar la integridad del territorio nacional y conducirse en todas partes como un fiel y leal servidor del pueblo”.
Son muchos los que se escandalizaron por las palabras contrarias a la paz, que pronunció como presidente de la República, con ocasión del primero de agosto de 2012(2), una oportunidad soñada de estar en paz consigo mismo y con el pueblo entero. Pero ¿Qué hicimos?
Los innumerables escándalos financieros, como el de ICC Services (3) , las máquinas agrícolas, el de la CEN-SAD (4), la ineficaz construcción de la Asamblea Nacional en Porto Novo y aún más recientemente, la explosión de la turbina de gas de María Gléta (5), son la tónica habitual del gobierno actual. Por si fuera poco, además existe una persecución sistemática a los operadores económicos cuyos impuestos nutren las arcas públicas. La denuncia y la rescisión unilateral del PVI (6), la guerra sin cuartel contra empresarios y sus intereses en el territorio nacional, como ocurre con Patrice Talon y Sebastián Ajavon, muestran hasta qué punto las disputas locales se han elevado al rango de razón de Estado, para justificar los numerosos atentados contra el derecho a la iniciativa privada. A pesar de las campañas realizadas por el gobierno para atraer a los empresarios extranjeros más reticentes, la economía nacional se está yendo a pique. El ámbito de los negocios en Benín ya es desalentador. Una consecuencia inmediata de ello la encontramos en la ruina que ocasiona el segundo acuerdo del MCA (7) entre Benín y los Estados Unidos.
La lógica de la confrontación permanente entre los agentes sociales y las paralizantes huelgas sectoriales que se derivan de ello, la promoción de la mediocridad, la corrupción organizada, la confiscación de los medios de comunicación públicos, a fin de colmar a los benineses de mentiras a todas horas, las desapariciones no esclarecidas, los intentos de exterminio de aquéllos que alzan sus incómodas voces contra el gobierno, son en definitiva, signos indubitados de un régimen en plena deriva totalitaria. El perro en peligro ya no escucha las órdenes de su dueño, se dice en yoruba. Ya no se espera nada de Yayi Boni, tan sólo suscribir su orden de expulsión antes de que sea demasiado tarde. Al querer esperar a 2016, entonces, inexorablemente, ocurrirá lo peor.
Así pues, están presentes todos los elementos del artículo 74 de nuestra Ley fundamental, constitutivos de “un acto que atente contra el mantenimiento de un entorno saludable, sostenible y que favorezca el desarrollo”.
Ha llegado el momento de que los representantes del pueblo soberano refrenen sus divergencias y peleas intestinas, para acordar por unanimidad la posibilidad de que la Corte Suprema haga algo históricamente útil para la nación. Esta iniciativa de salud pública se vuelve un imperativo patriótico, categórico y colectivo.
François M. Atinsou.
Le Matinal (Benín).
(1) Actual presidente de la República Popular de Benín.
(2) Día de la independencia, a la que se accede el 1 de agosto de 1960.
(3) Es el acrónimo de Investment, Consultancy and Computerin Services, una compañía que ha protagonizado un caso de captación ilegal de ahorros basada en el sistema de estafa piramidal en connivencia con el poder político. El caso es conocido como el “Madoff beninés”.
(4) Acrónimo de la Comunidad de los Estados del Sahel-sahariano
(5) Se trata de una central eléctrica
(6) Es el Programa de Verificación de Importaciones de Benín.
(7) Se refiere al Millenium Challenge Account, un programa de inversión de infraestructuras (físicas e institucionales) suscrito entre EE.UU y Benín.
Traducción y Notas – Antonio Vázquez
