Los inmigrantes llegados a las costas canarias estos últimos días reclaman una vez más la atención sobre el problema de los flujos internacionales de personas. En este caso, procedentes mayoritariamente del África subsahariana.
Estamos en presencia de un fenómeno que responde a problemas de fondo, no de coyuntura. Estudios recientes (P. Clist and G. Restelli, Universidad de Manchester) muestran que ni la ayuda ni el desarrollo económico reducirán en el corto/medio plazo dichos flujos desde los países atrasados. Y ello por varias razones.
En primer lugar, puede afirmarse que la ayuda al desarrollo por parte de los gobiernos europeos y del conjunto de la UE, durante el periodo 2003-2016, no ha disuadido a los emigrantes de venir a Europa. Incluso, en el caso de los flujos de personas que buscan asilo, hay una relación positiva entre el importe de la ayuda bilateral y el número de solicitantes. No parece haber evidencia entre ayuda y disuasión de la emigración irregular, al menos en el corto plazo.
En cambio, en un plazo mayor (12-15 años), se observa que un crecimiento en el importe de la ayuda está asociado con una reducción de los flujos de refugiados. Pero lamentablemente, es un plazo demasiado largo en el que los políticos y los gobiernos no se ven incentivados para hacer un buen uso de los recursos de la ayuda. La inmediatez y el cortoplacismo se imponen. La “rentabilidad política” es prioritaria y la resolución de los problemas sociales, secundaria.
El papel de las ayudas de renta en la emigración irregular y en la regular es bastante diferente. La diferencia estriba en los mayores costes de las rutas ilegales, brutalmente abusivos. Por tanto, aun con costes elevados, las ayudas de renta, relativamente pequeñas, tienen efectos reducidos en los emigrantes irregulares. Porque lo que realmente les importa es escapar de la pobreza y de los conflictos, aunque sea a expensas de las redes de traficantes.
En segundo lugar, se sabe que los países que aumentan sus niveles de renta presentan, contra-intuitivamente, mayores tasas migratorias. Esta tendencia parece mostrarse hasta niveles de renta per cápita anual cercanos a los 10.000 dólares. Pero la renta per cápita media del África subsahariana es aproximadamente de 3.500 dólares y a la baja, por los efectos negativos de la pandemia. No es, pues, un problema cuya resolución sea inmediata.
Lo dicho no implica que la ayuda a los países de emigrantes haya de suspenderse. La ayuda exterior bien hecha puede mejorar la sanidad y la educación. La ayuda puede también hacer más estables a los países y reducir su vulnerabilidad a los conflictos y a los desastres naturales. Pero de ahí a afirmar que la ayuda detiene la emigración, hay un trecho todavía muy largo que recorrer, como acabamos de ver.
Por último, cabría actuar de otro modo. Convendría, primero, reconsiderar propósitos ilusorios como detener la emigración, con barreras a modo de puertas al campo cada vez más al Sur en el Noroeste africano (como hacen el gobierno y la UE). Y, después, debería programarse, de una manera más articulada y con objetivos claros, esquemas de ayuda a itinerarios legales de emigración. Itinerarios, que son indudablemente más seguros, fiables y predecibles, tanto para los emigrantes como para los países de origen y destino.
Este es un punto en el que la UE y los gobiernos europeos debieran pensar si de verdad quieren afrontar los retos del futuro. A fecha de hoy, la UE asigna una parte mínima de los fondos a la promoción de la emigración legal, lo que resulta injustificable por el envejecimiento de la población europea, el declive de la misma y la necesidad de mano de obra. A ver si toman nota. Veremos…
José María Mella
[Fundación Sur]
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