En Togo ha estallado una polémica en torno a la publicación de un informe sobre las denuncias de tortura, durante el proceso de los supuestos autores del golpe de estado fallido de 2009.
Un total de 33 militares y civiles fueron juzgados en septiembre por la cámara judicial del Tribunal Supremo. Un hermanastro del presidente togolés, Faure Gnassingbé Kpatcha Gnassingbé, considerado como el cerebro de este golpe fallido, fue condenado a 20 años de prisión por “Complot contra la seguridad del estado”.
La mayoría de los inculpados afirmaron, durante el proceso, haber sido torturados por la Agencia Nacional de Inteligencia, ANR.
Ante la demanda del Tribunal Supremo, el ministro de Justicia de Togo, Tchitchao Tchalim, encargó a la Comisión nacional de Derechos Humanos, CNDH, una institución considerada por la prensa independiente, el pasado mes de septiembre, abrir una investigación imparcial para arrojar luz sobre el asunto.
El día 19 de febrero de 2012, el gobierno publicó en su página de internet un informe presentado como emanado de la CNDH, que rechaza las acusaciones de torturas.
Pero el lunes, día 20 de febrero, la CNDH se distanció de este informe presentado como suyo por el gobierno, e hizo público en su portal de internet otro informe que calificó de “auténtico”.
La CNDH declara que “el gobierno ha querido presentar un informe disfrazado, obtenido bajo amenazas”.
En su propio documento, la CNDH constata que se han cometido sobre los detenidos actos de violencia física y moral, de carácter inhumano y degradante”. Y recomienda al gobierno que imponga “sanciones ejemplares a todas las personas que hayan participado directa o indirectamente en la comisión de los actos incriminados”.
El lunes por la tarde, el gobierno negó haber amenazado a la CNDH. “El gobierno desmiente categóricamente estas acusaciones de amenazas y precisa que no ha recibido de la CNDH más que un informe, firmado por su presidente. Y es el informe que se ha publicado con toda trasparencia”, señala el gobierno en un comunicado difundido por los medios estatales. Comunicado que aseguraba que “no se había infligido deliberadamente dolor físico o mental a los detenidos” y que por lo tanto las acusaciones debían ser rechazadas.
(Slate Afrique, 22-02-12)