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Inicio > REVISTA > Noticias >

Polémica en Costa de Marfíl tras la absolución de Simone Gbagbo
31 de marzo de 2017

La reciente absolución de los cargos de crímenes de guerra y crimines contra la humanidad que se le imputaban a la ex Primera Dama de Costa de Marfil, Simone Gbagbo, ha desatado una cruda polémica en el país donde son muchas las voces, incluidas varias ONG, que denuncian "irregularidades en el proceso judicial".

El caso, que llevaba abierto más de 10 meses, finalmente se cerró el pasado martes 28 de marzo. El Tribunal Penal de Abiyán absolvió a la ex Primera Dama de los cargos que la implicaban en los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante la crisis postelectoral de 2010-11. La decisión no ha dejado buen sabor de boca a los activistas por los derechos humanos del país.

Issiaka Diaby, presidente del Colectivo de Víctimas de Costa de Marfil, denuncia que esta decisión crea una sensación de impunidad que convierte a los ciudadanos en "víctimas del mañana". "Los familiares de las víctimas estaban esperando esta sentencia para poder llorar a sus seres queridos desaparecidos o asesinados", añade Diaby.

Por su parte, la organización Human Rights Watch, critica lo que desde su punto de vista ha sido un "juicio viciado". Destaca además la importancia de la Corte Penal Internacional (CPI) para las víctimas.

La poca minuciosidad del interrogatorio y las contadas pruebas que se presentaron en el juicio ponen en evidencia la necesidad de que la CPI intervenga en casos como el de Simon Gbagbo.

En un comunicado conjunto, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Liga de los Derechos Humanos de Costa de Marfil (LIDHO) y el Movimiento de Costa de Marfil para los Derechos Humanos (MIDH), señalan que "este juicio fue un fracaso tanto en la forma como en el contenido. (...) Costa de Marfil no puede prescindir de la justicia, sin poner en peligro su estabilidad a medio plazo. Por lo tanto, las autoridades judiciales deben aprender de este nuevo fracaso ".

Simone Gbagbo cumple desde 2015 una condena de veinte años de prisión por "poner en peligro la seguridad del Estado", cargos de los que sí fue declarada culpable.

Fuente: Afrik

[Traducción y edición, Sarai de la Mata]

[Fundación Sur]


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