La reciente tensión fronteriza en Ceuta y la celebración del Día Mundial del Refugiado el pasado 20 de junio piden una reflexión sobre la garantía de los derechos de los migrantes y el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación para una gestión migratoria más justa y ordenada. En esta ocasión, el Parlamento Europeo emitió un comunicado criticando los acuerdos sobre el retorno y devolución de migrantes irregulares, destacando la importancia de garantizar las obligaciones de derechos humanos hacia los migrantes y los refugiados.
Hace unas semanas la ciudad autónoma de Ceuta vivía un momento de presión migratoria resultado de la tensión político-diplomática entre España y Marruecos. Mucho se habló en la prensa, debates y tertulias, así como en los medios académicos de la que llamaron ‘crisis migratoria en Ceuta’, ante la llegada repentina de cerca de ocho mil migrantes a esta pequeña ciudad de 18,5 Km² en el Norte de África.
Algunos lo han calificado de ‘invasión’, ‘asalto’, ‘ataque’, incluso términos que no se pueden emplear en este artículo; por un lado porque no son correctos y, sobre todo, porque son falsos. Lo erróneo de su utilización reside en que no se trataría en ningún caso de ‘invasión’ o ‘ataque’ debido a que no se ha observado un asalto violento y con pretensiones de ocupación de la zona fronteriza, orquestado de manera sistemática y planificada. Se ha tratado claramente de un intento conseguido por parte de un grupo importante de personas que han cruzado la frontera para solicitar residencia o protección internacional en territorio español. Nada más lejos de los términos utilizados por parte de un sector de la prensa y determinados grupos políticos. Además, el recurso repetido a estos calificativos, así como al concepto de ‘crisis migratoria’ contribuye a escalar la tensión pretendida por el régimen marroquí.
No obstante, es preciso indicar que de este grupo de personas que cruzaron la frontera, con la connivencia de Marruecos, fueron devueltas la gran mayoría al abrigo del acuerdo bilateral entre España y Marruecos, quedando esencialmente los menores no acompañados (en torno a mil).
Habiendo aclarado estos términos pasamos a analizar los orígenes y el impacto de los hechos acaecidos y las consecuencias que deben tener estas circunstancias para la elaboración de una política europea no sólo de asilo y refugio, sino también de gestión de las migraciones.
Externalización de fronteras
La pretensión de la utilización de las migraciones como arma de política exterior se deriva de lo que se ha venido a denominar externalización de la frontera y que viene a ser el fenómeno por el cual la Unión Europea (UE) otorga a sus países vecinos un papel vital en asegurar la frontera externa y gestionar los flujos migratorios, a través de una estrategia de ‘gobernanza a distancia’. Vemos cómo las fronteras de la Unión adquieren elasticidad, extendiéndose mucho más allá del territorio europeo a través de prácticas de cooperación con países terceros.
La cooperación con los países de origen y de tránsito está en el centro de la gestión migratoria en el Mediterráneo. De modo particular, los países de primera línea, y por tanto la Unión al completo, dependen en gran medida de los acuerdos bilaterales, que han convertido a países como Marruecos, Turquía o Libia en los guardianes de las fronteras europeas. Sin embargo, esta colaboración se ha traducido en la creación de ‘Estados-tapón’ en la orilla sur del Mediterráneo y plantea varias cuestiones respecto a su legalidad e incluso operatividad.
Connivencia con regímenes autoritarios
En primer lugar, se refuerza la connivencia de la UE con regímenes autoritarios o de dudosa calidad democrática, conocidos por su menosprecio por los derechos humanos de sus ciudadanos o de los extranjeros que residen o transitan por sus territorios.
Estos estados se benefician de la dependencia europea en cuestión migratoria y usan estos flujos como moneda de cambio para lograr ayudas europeas, acuerdos comerciales ventajosos o apoyo a sus intereses en política exterior.
Anulación de la protección internacional
En segundo lugar, al convertir estos países en los policías de la frontera sur, a través del desarrollo de una vigilancia prefronteriza, se evita la aplicación de la protección europea proporcionada por la frontera, ya que los países que ejercen el control no están cubiertos por la legislación europea.
Además, al desplazar la frontera fuera de la UE, en un proceso preventivo, el migrante de inmediato se califica como ‘irregular’, aun antes de cruzar la frontera. Esto ignora las idiosincrasias del proceso migratorio y el hecho de que entre estos migrantes se pueden encontrar solicitantes de asilo, refugiados, poniendo en duda la aplicación del principio de la protección internacional.
En suma, esta externalización de la frontera europea, cuestiona la garantía de los principios europeos y del derecho internacional.
La profundización del pacto europeo de migración y asilo debe contemplar un énfasis mayor en un marco de protección con estándares europeos que eleve el modelo de gestión migratoria vigente hasta hoy.
Susana de Sousa Ferreira
Fuente: The Conversation
[Fundación Sur]
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