El día 14 de enero, mientras cumplía su tercer mes en prisión, la líder de la oposición de Ruanda, encarcelada ilegalmente según su partido FDU-Inkingi, Victoire Ingabire, fue convocada por el Tribunal Supremo de Kigali, para la vista de su solicitud de libertad bajo fianza, que estaba prevista para el lunes, 17 de enero de 2011. El día 17, la líder de la oposición compareció ante el tribunal, esposada, el juez le preguntó ¿qué hacía en su tribunal si no confiaba “en la justicia del presidente Kagame y cree que está en la cárcel por sus órdenes directas? ¿Acaso ha elegido usted estar en la cárcel?”, este es el tono en que se desarrolló la audiencia del día 17, en la que un periodista estadounidense vio confiscado su equipo de grabación, por parte de los oficiales de seguridad. Al término se anunció que el veredicto sería hecho público el día 20 de enero, próximo jueves.
La orden de detención expiró el 25 de diciembre de 2010, y el tribunal intermedio de Gasabo rechazó su petición de urgencia a ese respecto. Según un comunicado del partido de Ingabire, esto no es más que otra muestra de que la líder de la oposición nunca va a tener un juicio justo en Ruanda, con todo tipo de interferencias políticas en el proceso, a todos los niveles.
El presidente de Ruanda, Paul Kagame, es acusado por la oposición de estar moviendo los hilos detrás de todas estas incursiones en el proceso judicial contra Ingabire, y de estar tomándoselo “demasiado personal”.
El pasado 12 de enero, Paul Kagame declaraba en una Agencia de Noticias gubernamental, Rwandan News Agency, que “Victoire Ingabire vino a Ruanda pensando que las leyes del país no eran aplicables contra ella, algo que los críticos occidentales la empujaron a creer”.
Negacionismo, el delito de Ingabire y de la mitad de los presos ruandeses
Con estas palabras, además de una muestra más de la irritación cada vez más incontenida que Kagame siente contra los que le critican en Europa, que han logrado que varios jefes de estado se nieguen a recibirle oficialmente, y que varios países le retiren la ayuda, Kagame se refería a la ley de “ideología del genocidio”, una ley aprobada en Ruanda en 2008, mediante la cual se puede condenar a duras penas de cárcel a los “negacionistas”, es decir, las personas que nieguen que ocurriera el genocidio de los tutsis de la primavera de 1994. Desde múltiples organizaciones políticas y de defensa de derechos humanos, nacionales e internacionales, se ha condenado esta legislación ruandesa por imprecisa y sobre todo se condena la aplicación de la misma que hacen las autoridades ruandesas. Se acusa al gobierno de Paul Kagame de utilizar esta ley para encarcelar a todos los disidentes, críticos, opositores, rivales y demás personas molestas para el régimen. Actualmente, el 62 por ciento de las personas encerradas en las cárceles de Ruanda, en pésimas condiciones y sobrepobladas, están acusadas de este “delito” o alguno relacionado con el mismo, casi 17 años después. Todo esto hace que la independencia del sistema judicial de Ruanda sea puesto en duda seriamente.
Nada más llegar a Kigali, después de 16 años en el exilio en Holanda, Victoire Ingabire visitó el memorial de las víctimas del genocidio (el único genocidio reconocido por el régimen de Kigali, el de tutsis de 1994) y rindió homenaje a esas víctimas declarando públicamente que deseaba que los responsables fueran llevados ante la justicia por el crimen cometido. Pero, y aquí viene el comienzo de gran parte de sus problemas con el sistema judicial ruandés, también expresó su deseo de reconocer a todas las víctimas, también los hutu asesinados, y llevar ante la justicia también a los asesinos de estas otras víctimas.
El doble genocidio, un fantasma que persigue a Kagame
El gobierno de Paul Kagame se niega reconocer que se haya producido, además del genocidio de los tutsis, otro genocidio de hutus. El mero hecho de reconocer esta doble realidad de un crimen, es razón suficiente para acusar de negacionista a quien lo afirme, incluso cuando, como en el caso de Ingabire, se lamenta el horrible genocidio de 1994, y se pide justicia para las víctimas de ambos lados.
Incluso la ONU, tras 16 años de ocultamiento, ha cedido y ha, al menos, dejado de negar que existiera un genocidio de los hutu. No sólo ha publicado un informe en el que se afirma que el FPR, partido de Paul Kagame en el gobierno de Ruanda desde 1994, cometió masacres de civiles inocentes que podrían considerarse genocidio si fueran juzgadas por un tribunal competente, sino que además ha dejado que se filtrasen otros informes previos, que acusan igualmente al FPR, que antes de hacerse con el poder en Ruanda era un grupo rebelde, de cometer horribles masacres contra la población civil ruandesa, hutu y tutsi, pero sobre todo hutu, antes, durante y después de 1994, y no sólo en Ruanda, sino también en suelo de la vecina República Democrática del Congo, cuyas riquezas del subsuelo están siendo explotadas por el gobierno de Ruanda y su ejército, desde su llegada al poder en Kigali.
Control del sistema judicial, el medio para “legalizar” lo ilegalizable
Se cree que el gobierno mantiene un férreo control sobre el sistema judicial para deshacerse “legalmente” de todos sus críticos y opositores. No sólo Victoire Ingabire está en la cárcel, la máxima rival política de Paul Kagame, también están encarcelados los opositores Bernard Ntaganda, del partido PS Imbekuri, y Deogratias Mushayidi, del PDP Imanzi. El único líder de oposición que no está en la cárcel o muerto, porque no está en Ruanda, es Frank Habineza, del Partido Democrático Verde, cuyo vicepresidente fue asesinado en agosto, antes de las elecciones presidenciales que, con este panorama de falta de oposición libre, ganó Paul Kagame de forma arrolladora.
Hay otros muchos miembros de los partidos de la oposición en la cárcel o en medio de procesos judiciales por acusaciones parecidas al negacionismo, como “alterar el orden público” y “atentar contra la seguridad del estado”, referidas al mismo tipo de hechos: denuncia de las prácticas del régimen de Kigali contra quienes lo critican.
Antiguos colaboradores, también juzgados
Incluso antiguos miembros del FPR y colaboradores cercanos al Paul Kagame, ahora son juzgados por este tipo de “delitos”, tras haberse enfrentado al presidente o haber criticado al gobierno en público. Es el caso del general Faustin Kayumba Nyamwasa y Theogène Rudasingwa, condenados in absentia a 24 años de prisión. Ambos están en el exilio.
Kayumba Nyamwasa reside exiliado en Suráfrica. Es uno de los 40 ruandeses imputados por el juez español Fernando Andreu Mirelles, como máximos responsables de crímenes cometidos por el FPR, entre los cuales está el asesinato de nueve españoles.
El pasado 17 de septiembre de 2010, el consejo de ministros español aprobó por unanimidad solicitar formalmente a Suráfrica la extradición del general requerido por la Audiencia Nacional española, para ser juzgado por delitos de genocidio y lesa humanidad y como presunto responsable de la muerte de cuatro de los nueve españoles asesinados por el FPR.
El general había sufrido un intento de asesinato a primeros de junio. Él mismo y su mujer acusan abiertamente al régimen de Kigali de este fallido intento de silenciar a uno de sus críticos, como ya ocurriera con otros muchos ex colaboradores, ahora enemigos de Kagame. Ruanda niega estas acusaciones, pero a pocos convencen. Piden a Suráfrica, en competición con España, la extradición de Kayumba, para encarcelarlo por “atentar contra la seguridad del estado”, ya ha sido juzgado y condenado in absentia. Si Suráfrica llegase a decantarse por entregarlo a Ruanda y no a España, casualmente, el gobierno de Kigali evitaría la evidencia de un juicio abierto y transparente en Europa, a un hombre cómplice de Kagame en todos los asesinatos de que se acusa a ambos, cada vez desde más flancos.
(Diversas fuentes y Comunicados de prensa de FDU-Inkingi, 17-01-11)
