La Comisión creada por Naciones Unidas para investigar los crímenes cometidos en la República Centroafricana propuso a la organización el establecimiento de un tribunal especial dirigido a juzgar a los responsables, destacaron hoy sus miembros.
El experto australiano Philip Alston, uno de los tres integrantes del grupo creado a principios de 2014, explicó a los periodistas que esa instancia debería conformarse con jueces internacionales, en aras de romper el ciclo de impunidad imperante en el país.
«No creemos que la República Centroafricana esté en condiciones de asumir una corte de ese tipo, por cuestiones económicas y de independencia de sus magistrados,» señaló a propósito del documento final de la comisión, el cual fue presentado la víspera al Consejo de Seguridad.
Alston confirmó lo que se ha venido denunciando en los recientes meses sobre la crisis interna las graves violaciones de los derechos humanos y las leyes internacionales, a partir de los asesinatos, los desplazamientos forzados y la limpieza étnica cometida por las partes.
«Se trata de crímenes contra la humanidad, que pudieran llegar a la categoría de genocidio si no se actúa» , dijo.
Por su parte, Fatimata MBaye (Mauritania) lamentó la naturaleza de los delitos que han afectado a la población civil, así como las limitaciones existentes para calificarlos de genocidio.
«Hay elementos sobre eso, pero es muy pronto para tal definición», precisó al abordar las conclusiones del informe, que incluye los hechos ocurridos del 1 de enero de 2013 al 1 de noviembre de 2014.
La República Centroafricana vive un tenso escenario desde 2012, pero la violencia escaló en marzo de 2013 con el golpe de Estado de los Séléka, que depuso a Francois Bozizé, y en diciembre del propio año, cuando estallaron sangrientos choques armados y actos de venganza entre musulmanes y cristianos.
Asesinatos, abusos sexuales, secuestros, torturas, destrucción de poblados y reclutamiento de niños soldados han marcado los enfrentamientos, que tienen como principales actores a los rebeldes musulmanes exSéléka y a las milicias cristianas anti-Balaka.
Pese a los acuerdos de paz de mayo pasado en Brazzaville, persisten los focos de violencia.
En su documento final, la Comisión investigadora consideró bien difícil fijar una cantidad de víctimas fatales en la crisis.
Hay varias estimaciones algunos citan un rango de entre tres mil y seis muertos en el período abarcado por el informe, sin embargo, dejamos claro que cualquier aproximación conocida pudiera estar bien por debajo de lo sucedido en el terreno, alertaron los expertos del grupo.
La Comisión abogó por recopilar las pruebas necesarias para procesar a los supuestos responsables de los crímenes.
Resulta determinante en ese sentido la protección de los testigos, a partir de la ausencia de pruebas forenses sobre los delitos, subrayó.
Fuente : Prensa Latina
