Décadas de sobrepesca han hecho que los caladeros de Europa se encuentren en peligro y que lleven a la pobreza a los pescadores. Un punto de no retorno que pagan los contribuyentes de la UE. Además, una propuesta de revisión de la normativa sobre pesca de la UE, recibida como reforma radical, está perdiendo rápidamente ímpetu.
Una mirada al país que tiene la industria pesquera más poderosa, España, muestra cómo sus representantes están en contra. Miles de millones de euros en subvenciones para la construcción de su hinchada flota que sostiene una industria ruinosa. Una investigación realizada por el “Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación” (CIPI) lo ha sacado a la luz. A la vez, las empresas sistemáticamente incumplen la normativa mientras que los funcionarios pasan por alto el fraude y continúan dando fondos a los delincuentes.
“España tiene merecida su mala reputación” dijo Ernesto Peñas Lado, Director de Política y Desarrollo de la Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca. “El problema es que otros no tienen la reputación pero se la merecen tanto como España”.
Dicen los críticos que España no puede ser la única. Pero como es la flota más grande de la UE, es el ejemplo más evidente del fracaso de la política pesquera de la UE.
Un análisis del CIPI lo muestra. La industria pesquera española ha recibido en subvenciones más de 5.800 millones de euros (más de 8 mil millones de dólares) desde el año 2000, para todo, desde la construcción de nuevos barcos y desguace de los viejos, hasta para pagar el retiro de pescadores y formar a las próximas generaciones.
Las subvenciones suman casi un tercio del valor de la industria pesquera. Así de simple, casi uno de cada tres peces capturados por los anzuelos españoles o criado en una piscifactoría se ha hecho con dinero público.
El análisis del CIPI es el primero en dar una visión profunda sobre la gran cantidad de dinero público que ha recibido España en ayudas a la pesca, principalmente de los contribuyentes de la UE, pero también de Madrid (gobierno de la nación) y de los gobiernos autonómicos. Este país acapara la tercera parte de todas las ayudas a la pesca de la UE desde el año 2000, mucho más que cualquier otro estado miembro. El Gobierno de la nación reparte aún más, como los préstamos a bajo interés y la financiación de asociaciones de la industria más fuerte, las cuales forman grupos de presión en la UE para conseguir más subvenciones, según muestra el informe. Desde el año 2000 el sector ha evitado pagar 2 mil millones de euros en impuestos sobre el combustible a la hacienda española.
Los fondos públicos dan también para una sorprendente gama de servicios. Más de 82 millones de euros han sido gastados para promocionar el sector pesquero a través de publicidad en las ferias comerciales. Después de que buques pesqueros fueran secuestrados por piratas en el Índico, en el año 2009, España cambió la ley para permitir a sus buques contratar fuerzas de seguridad privada abordo, posteriormente se le ayudó a pagar la factura con cerca de 2,8 millones de euros.
Los reguladores dicen que el problema radica en que las subvenciones están fuera de control ya que alientan a los países a la construcción de grandes flotas que están agotando rápidamente los caladeros.
“La pesca no es un recurso ilimitado” dijo el economista, experto en pesquerías, Andrew Dyck, de la Universidad de la Columbia Británica. “Cuando los fondos públicos son los únicos que mantienen esta industria, estamos pagando por la degradación de los recursos”.
La Comisión de la UE concluyó hace poco que “demasiados barcos continúan faenando para demasiada poca pesca”. Culpando en gran parte de la situación a las subvenciones.
Pesca, no derechos humanos
Una de las formas más controvertidas de ayuda pública es el pago de las licencias de pesca en el extranjero. Con sus aguas cada vez más vacías de pesca, la UE compra derechos de pesca a países en desarrollo como Marruecos, Mozambique o Costa de Marfil.
Grupos ecologistas, expertos en pesca y algún político de la UE han criticado los acuerdos, argumentando que los pescadores sacan provecho de los países pobres ya que a menudo carecen de conocimientos y recursos para proteger sus caladeros. Y que los acuerdos marco cuestan más que el propio valor de lo pescado. Es el caso de Marruecos, donde cada euro invertido genera en retorno de sólo 0,65 euros de valor añadido, según un estudio financiado por la propia UE.
La industria española ha recibido más de 800 millones de euros (1,15 mil millones de dólares) para licencias extranjeras en la última década – cerca de dos tercios del total de licencias de la UE – según el análisis del CIPI.
Los acuerdos tienen el apoyo de Carmen Fraga Estévez, la parlamentaria europea más activa en legislar sobre cuestiones de pesca. Una política de lengua mordaz con un enciclopédico conocimiento de la industria pesquera. Fraga fue Secretaria de Estado de Pesca en España y ocupó un escaño en la Comisión de Pesca del Parlamento europeo presidiéndola desde hace 17 años. Su lealtad a la industria pesquera parece ser tan profunda que cuando tuvo que elegir entre los derechos humanos y la pesca, votó a favor de lo último.
“La Comisión de Pesca tiene que discutir sobre asuntos pesqueros, no sobre derechos humanos”, dijo en una cita con la prensa cuando en el año 2009, por primera vez la comisión votó en contra de un acuerdo de pesca. Días antes de la votación, 157 personas perdieron la vida cuando el gobierno totalitario de Guinea [Conakry] abrió fuego contra una manifestación pro-democracia. El acuerdo debería haber entregado al gobierno guineano 450.000 euros al año por la licencia de pesca. Fraga Estévez declinó la solicitud de entrevista con el CIPI.
La española Josefa Andrés Barea, diputada española del Parlamento europeo dijo que las subvenciones a las licencia de pesca extranjeras son vitales. Cuando España entró en la UE en 1986, muy pocos pesqueros españoles tenían permiso en los caladeros de la UE. La pesca en aguas extranjeras era – y sigue siendo –la única manera para muchos armadores de barcos de ganarse la vida. Y si España no pesca, dijo, vendrán otros en su lugar, menos decentes para recoger las capturas.
“Aquí hay un problema fundamental, ya que importantes potencias pesqueras como China estarían allí si nosotros no estuviéramos. Y no tienen ningún reglamento”, dijo Andrés, “Son mucho más depredadores que nosotros”.
Menos pesca, pescadores más pobres
Las aguas de la UE están entre las más explotadas del mundo. Los científicos dicen que las tres cuartas partes de los caladeros están sobreexplotados. Las anguilas que antes fueron una exquisitez, ahora están tan esquilmadas que los investigadores dudan si podrán reponerse a pesar del plan de recuperación a nivel europeo. Cada vez hay menos bacalao en el Mar de Irlanda, espadín en el Báltico y arenque en el oeste de Escocia.
Esta tendencia se extiende por todos los mares. En el año 2006, la FAO estimó que el 75% de las poblaciones mundiales de peces estaban en el límite – o quizás más – de los niveles de sostenibilidad. En su último informe del año pasado, esa cifra aumentó al 85%.
“Europa tiene una larga y oscura historia con la sobrepesca” dijo Boris Worm, uno de los biólogos marinos más reconocidos del mundo, que trabaja en la Universidad Dalhousie de Nueva Escocia, en Canadá. En un estudio de 2003, Worm mostró cómo desde 1950, la industrializada pesca, había vaciado de los océanos, nueve de cada diez grandes peces de más de 20 pulgadas, tales como el salmón, bacalao y halibut o fletan.
Menos peces significan menos y más pobres pescadores. En toda la UE, es el sector que a menudo tiene más diferencia entre lo que pagan y reciben los contribuyentes. De acuerdo con un reciente informe del grupo ecologista Oceana (Mallorca, España), ocho países al menos recibieron más dinero en ayudas públicas a la pesca en 2009 que lo que obtuvieron por el valor del pescado desembarcado.
La industria pesquera fue el único sector de la economía española que se redujo en la década de los 2000. Más que en ningún otro lugar de Europa, la Comunidad de Galicia basa su economía en la pesca y en las subvenciones para mantenerse a flote. Aunque perdió un tercio de los puestos de trabajo relacionados con ella en los diez años anteriores a 2006.
En los muelles del puerto gallego de Vigo es donde se descarga más pescado para consumo humano que en cualquier otro puerto del mundo. Las ciudades costeras están plagadas de referencias a proyectos pesqueros subvencionados. Los políticos incluyen al sector en el tema central de sus campañas.
Al sector de la pesca se le dio impulso en los 60 como motor de la industrialización por el régimen fascista de Franco. El propio dictador era un ávido pescador, gallego de nacimiento.
“La industria pesquera no tiene una relevancia especial en la globalidad económica, pero políticamente es más importante que cualquier otra industria” dijo el responsable del control de la pesca de la UE, Valerie Lainé. El sector “siempre ha estado protegido por el gobierno, sin esa industria, Vigo sería un puerto sin actividad y Galicia estaría muerta”.
El poderoso grupo industrial gallego ARVI (Armadores de pesca del puerto de Vigo) que presume de tener estrechos vínculos con los legisladores, reconoció que la pesca no sería viable sin financiación pública. En un reciente informe de situación alentó a los políticos para que apoyasen las subvenciones para modernizar la flota envejecida, pescar en caladeros extranjeros y construir almacenes frigoríficos en el litoral.
Mientras tanto las subvenciones siguen fluyendo en la región, aunque a veces solo para empeorar las cosas.
Víctor Muñiz ha dependido de la pesca desde hace décadas. Tenía sus propios barcos, igual que su padre antes que él. Ya no es así. Ahora tiene una planta de procesamiento de pescado en el pueblo gallego de Meaño. La fábrica se modernizó en el año 2009 con subvenciones de la UE para procesar y congelar hasta 300 toneladas de pescado por hora, se esperaba contratar a 100 empleados. Pero la nueva maquinaria se encuentra inactiva.
“Debería haber aquí 10 camiones con caballa”, dijo Muñiz en abril, en un tono amargo, mientras caminaba por la planta de 8.000 metros cuadrados. Pero en los primeros 20 días de la campaña, la mayoría de los barcos ya habían capturado la cuota de caballa de toda la temporada.
Muñiz comentó que la cuota es demasiado baja, pero su mayor frustración es que demasiadas factorías como la suya, fueron subvencionadas antes que la de él.
“Presentas un proyecto de 2 millones de euros y te dan el 60%. Les dices cuánto pescado y de qué tipo vas a procesar. Alguien debería haber dicho a las plantas de procesamiento: No, lo siento, esta es la cuota de caballa….”.
Una política caótica
Estaba claro que en el año 2006 la política de pesca era un desastre. Las flotas infladas y las reservas de pescado a pique.
Investigadores contratados por la UE elaboraron una lista de reformas a la normativa europea de pesca, la Política Pesquera Común, para gestionar la flota durante al menos una década. El pequeño documento, poco conocido, es llamado de manera informal como el “Informe Frankestein”, debido a sus conclusiones críticas. Se apoya en la mala influencia que han tenido las subvenciones. El sector se rompe sin ellas.
Isabella Lovin del Partido Verde sueco (MEP) dijo que el problema de la política pesquera de la UE es que fue “modelada después de sacar la política agraria”. Si tú aportas fertilizantes y aperos de labranza, obtienes más rendimiento de la tierra. Por tanto, si utilizas el mismo modelo para la pesca, al incrementar el número de barcos, consigues más capturas. Pero esto no funciona así, “Terminas pescando menos” dijo.
En las pasadas décadas las subvenciones sirvieron para construir en la UE una flota sobredimensionada que saqueó los caladeros. Los esfuerzos para reducir la capacidad se han centrado en pagar a las empresas para desguazar barcos viejos. Pero la reducción se ha visto mermada por las subvenciones concedidas para la modernización de los barcos existentes, que les permitía pescar más y mejor.
De acuerdo con la página 394 del “Informe Frankestein”, los países de la UE necesitan reducir su capacidad a la mitad y restringir severamente – responsabilizándose – las cuotas de pesca para que se recuperen.
Pero la Secretaria de Pesca española, Alicia Villauriz ha dicho que las autoridades deben tener en consideración otras cuestiones además del volumen. “No puedes hacer una declaración diciendo: Si tu reduces la flota todo será más rentable. También destruirás un montón de empleos. Cualquier transición debería hacerse poco a poco”, comentó.
Que la flota europea estaba inflada no es nada nuevo, los avisos para reducirla comenzaron en los 80. Pero las ayudas continuaron para construir nuevos barcos y modernizar los viejos. “El sector ha logrado atraer más recursos financieros de los que podría justificar en condiciones normales” dice el “Informe Frankestein”.
Los investigadores de la UE también encontraron que los grupos creados para asesorar a la Comisión sobre una nueva política pesquera, en gran parte representantes de la industria, consideran a la plataforma “principalmente como un canal de influencia política y secundariamente como un foro de discusión” de la nueva normativa.
En pocas palabras, estaban actuando como grupos de presión velando por sus intereses en lugar de tratar de encontrar soluciones.
Los representantes de la UE en el “Informe Frankestein” concluyeron que la política de la UE “no proporciona los incentivos adecuados para una pesca responsable, incluso puede inducir a una pesca irresponsable”.
Cerrando los ojos
Reservas pesqueras protegidas por valor de hasta 16.700 millones de euros son objeto de comercio ilegal cada año en todo el mundo, haciendo que el mercado negro de la pesca sea más valioso que el contrabando de piezas de arte robadas. Muchos de los que están en el comercio ilegal crean empresas tapadera en lugares que no están adheridos a las convenciones internacionales para la protección de los mares.
Los españoles registran más pesqueros con “bandera de conveniencia” que cualquier otro país, además de Panamá, Honduras o Taiwan, naciones donde un armador puede registrar sus barcos sin tener que adherirse a impuestos o requisitos de seguridad estrictos y puede operar sin supervisión.
Es raro que la propia Comisión denuncie a un estado miembro en los tribunales. El Tribunal de Justicia europeo, la más alta instancia judicial en Europa, ha encontrado culpable a España tres veces por no haber aplicado la normativa pesquera de la UE. España ha rehusado cumplir con los límites de capturas, con la política pesquera o con imponer penas adecuadas a su flota, según sentenció el tribunal.
Uno de los más rotundos y criticados fallos de la política pesquera española es el puerto de Las Palmas en las Islas Canarias junto a la costa marroquí. Capturas confiscadas en aguas de África occidental son robadas y trasegadas ilegalmente desde ese puerto a la UE, de acuerdo con varios informes de investigación.
La Secretaria de Pesca Villauriz dijo que el control en España es caro debido a la magnitud de su industria, más de 10.000 barcos de pesca, 3.084 millas de costa y 47 grandes puertos. “Pero eso no significa que no nos tomemos en serio nuestra obligación en materia de control”, añadió.
El Ministerio español de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca comentó al CIPI que las inspecciones casi se han duplicado desde el año 2004 hasta llegar a las 9.323 en 2010. Aunque todavía se está lejos del número de inspecciones que otros países llevan a cabo. El Reino Unido hizo unas 50.000 inspecciones en 2004.
Pero algunas cuestiones no parece que cambien. El número de inspectores en el puerto de Vigo, el puerto pesquero más grande de Europa, continua siendo el mismo que en 2003, cuando los funcionarios de la UE criticaron a España por el mísero número de inspectores en sus puertos. Actualmente cuatro inspectores supervisan más de 700.000 toneladas de pescado al año, tocando cada inspector a unos 20.000 kilos de pescado por hora los 365 días del año, incluyendo las Navidades.
Delincuentes subvencionados
Las autoridades españolas, como las de otros muchos países de la UE, no tienen en cuenta si sus ciudadanos han sido involucrados en el comercio de la pesca ilegal antes de repartir las ayudas públicas.
El análisis muestra que ni España ni la UE harán pública la información sobre los delincuentes que han sido multados por pesca ilegal, también llamada Ilegal, Sin Declarar y Sin Reglamentar (IUU en inglés). Pero una muestra puede ser obtenida de la base de datos de sentencias de tribunales de apelación. CIPI revisó cada caso adjudicado a los tribunales desde el año 2000, en que las empresas subvencionadas apelaron sin éxito las multas impuestas por el gobierno español. En más del 80% de los casos en los que el apelante podía ser identificado, las empresas continuaban recibiendo subvenciones después de que el tribunal confirmara las multas.
Según funcionarios del ministerio, sólo hay un caso en el que el Ministerio de Pesca trató de impedir que una compañía recibiera subvenciones.
Un ejemplo para el armador español en general donde el barrizal existente sólo significa que esto es una pantomima. Los funcionarios del gobierno y los reguladores internacionales en repetidas ocasiones se han dirigido a Vidal Armadores por su presunta implicación en una red internacional de pesqueros piratas con una década de antigüedad, según muestran diversos documentos judiciales y legales. Bruselas solicitó varias veces que España recuperase las subvenciones y “tomase alguna media en contra de Vidal Armadores”. Al menos desde 1996 y hasta el año 2010, España y la UE han pagado a dicha empresa cerca de 8,2 millones de euros. Finalmente, el año pasado el gobierno español multó a la compañía y le cortó la ayuda, pero el caso está pendiente de apelación.
En una entrevista con el CIPI, uno de los propietarios de la empresa, Manuel Antonio Vidal Pego, negó las acusaciones de pesca ilegal y dijo que la compañía tenía derecho a las subvenciones que recibía.
Al igual que Vidal Armadores, en el pasado, la gigantesca empresa de productos preparados pesqueros Pescanova se marcó el objetivo de la captura de merluza negra de la Patagonia, vendida en EEUU como lubina chilena. A diferencia de Vidal Armadores, Pescanova es miembro de una asociación que lucha contra la pesca ilegal. En España trabaja con un lema de confianza “Lo bueno sale bien”, pero la compañía tiene sus propios problemas.
El año pasado, la filial de Pescanova en EEUU se declaró culpable de importar ilegalmente merluza negra por valor de 1,2 millones de dólares. Mientras que el caso, apodado como “Operación sin dientes” (del juego de palabras del inglés Toothless por toohfish), está pendiente, el Departamento de Justicia de los EEUU abrió una segunda investigación por otra importación presuntamente ilegal. El estado de esta última investigación se desconoce.
Pescanova es una de las tres compañías europeas más grandes en el sector de la alimentación procedente de la pesca, con una flota de alrededor de 100 buques frigoríficos desplegados por todo el mundo y unas ventas anuales de 1.530 millones de euros. Desde 1995 ha recibido en subvenciones más de 175 millones de euros, según el análisis del CIPI.
Repetidas veces declinó las peticiones de entrevistas del CIPI. “Hemos tenido 50 años de credibilidad”, dijo el portavoz de la empresa Ángel Matamoro durante una breve llamada telefónica. “No creo que usted esté preguntando por asuntos que favorezcan nuestra imagen”.
En cuanto a las investigaciones en EEUU añadió: “Todo lo que tenía que decir, lo dijo el tribunal de EEUU. La compañía respeta escrupulosamente la legislación de cada país en el que tenemos intereses”.
Otra empresa que violó la ley y continuó recibiendo ayudas es Albacora, una de las mayores compañías atuneras de Europa. El barco de su propiedad “Albacora Uno” fue multado el año pasado con 5 millones de dólares, la mayor multa en la historia de los EEUU por pescar con aparejos ilegales en aguas estadounidenses durante varias veces en los dos últimos años. El atunero fue construido con subvenciones y utiliza licencias de pesca también subvencionadas. Incluso después de que EEUU multase a la compañía atunera, España concedió a esta 1,8 millones de euros en subvenciones por pescar en aguas extranjeras.
El Ministerio de Pesca español le dijo al CIPI que había multado a Albacora, pero no podía denegarle a la compañía la ayuda.
El director de Albacora, Jon Uría, dijo que las 67 infracciones fueron un incidente aislado. La compañía no estaba al tanto de las infracciones hasta que el gobierno de los EEUU ejecutó la pena. En su opinión la multa era desproporcionada con respecto al delito.
¿Una reforma radical?
Javier Garat es el más visible y elocuente representante del grupo de presión de la industria pesquera. Nació en la familia cofundadora de Albacora. Garat es ahora accionista de la compañía, pero él dice que no tiene influencia como lobista.
Con frecuencia, en sus reuniones con los funcionarios pide subvenciones para el sector. “Este dinero ha generado riqueza”, dice. “Ha servido para modernizar un sector obsoleto como el de la pesca” de forma que actualmente “tenemos mejores barcos, más modernos y más seguros”.
Garat es la cabeza pensante del potente grupo español Cepesca, así como del vasto grupo europeo de esa industria, Europêche, ambos trabajando con subvenciones de la UE. En los pasillos del Ministerio de pesca en Madrid se dice que Garat será nombrado Secretario de Pesca de España tras las elecciones de noviembre.
En abril, después de reuniones a puerta cerrada en el ministerio, la Ministra española de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Rosa Aguilar y Javier Garat, anunciaron que el Ministerio y Cepesca colaborarían conjuntamente en “una hoja de ruta para defender los intereses españoles” cuando llegue la revisión de la política pesquera comunitaria.
Después de dos años de deliberaciones, la Comisión Europea presentó su propuesta legislativa en julio. Salvo el portavoz, nadie más parecía satisfecho con el proyecto. Aunque las negociaciones no han hecho más que empezar. Las alianzas políticas y los grupos de presión determinarán el guión final, que se someterá a votación antes de que la ley entre en vigor el 1 de enero de 2013.
Garat tildó a este proyecto de reforma de “cobarde”. Dijo que la comisión ha sucumbido a las presiones de los ecologistas y los medios de comunicación prejuiciosos, “sin tomar en consideración las repercusiones que tendrá en el sector”. En su opinión, la situación de los caladeros no es tan catastrófica, tal y como parecen creer algunos responsables de la Comisión.
Aunque parece que los esfuerzos de la industria pesquera han evitado las peores pesadillas.
Nadie consiguió el ambicioso reto de tipificar como delito a la sobrepesca, tal y como ha sucedido en los EEUU bajo la Ley Magnuson-Stevens o exigir cuotas en relación con lo que es biológicamente sostenible según lo que dicen los científicos. No hubo ninguna propuesta de cómo limitar la descomunal flota pesquera o implementar cuotas en los acuerdos de pesca con países extranjeros.
La responsable de la UE en la Comisión, Maria Damanaki dijo al CIPI que su propuesta es “radical”. Comentó que Bruselas parará directamente las subvenciones a la industria. “Ahora vamos a dar fondos de manera más prudente y bajo estrictas condiciones y vamos a pedir que se devuelvan si hay casos de pesca ilegal”.
Damanaki puso también de relieve los cambios propuestos en los acuerdos de asociación pesquera. “Vamos a llamarlos Acuerdos de Pesca Sostenible, debido a que sólo vamos a pescar el excedente, si es que lo hay”, añadiendo, “También vamos a respetar los derechos humanos en esas áreas”.
Dado el bombo y platillo con que lo anuncian, la dirigente del Partido Verde MEP dijo, “Estaba esperando una cláusula sobre derechos humanos”. Pero dicha cláusula, originalmente en el texto legislativo, desapareció de la propuesta final.
Lovin aspirante a un puesto ejecutivo se comprometió a cambiar la política pesquera. Dijo que la propuesta es mucho menos radical de lo que se esperaba, especialmente porque las negociaciones cada vez se aguaban más. “La ley no puede permitir que los políticos se comprometan a largo plazo con problemas del medio ambiente cuando chocan con los beneficios a corto plazo”.
Ernesto Peñas Lado manifestó que la mentalidad española y la de naciones pesqueras a nivel mundial es que no se sienten responsables del destino de la pesca marítima.
“Es la tragedia de los bienes comunes” añadió. “Debido a que los recursos a la vez parece que no pertenecen a nadie y pertenecen a todos”. En la UE, 27 países tienen que llegar a un consenso sobre la política común pesquera. No hay voluntad para hacer un sacrificio para preservarla, Peñas comentó también. “La gente cree que cualquier cosa que le sucede a la pesca es responsabilidad del vecino”.
Kate Willson, Mar Cabra y Marcos García Rey.
3 de octubre de 2011.
Publicado en asociación con International Consortium of Investigative Journalists
David Cabo (España) y Fredrik Laurin (Suecia) contribuyeron a la elaboración de este informe.
Artículo enviado y traducido para Fundación Sur por Juan Carlos Solís Santander.
