Ocho líderes de la oposición, incluido el ex líder del Foro para el Cambio Democrático, FDC, el doctor Kizza Besigye, han negado el día 4 de julio su participación en las protestas y disturbios violentos en el país.
Los políticos comparecieron ante el Magistrado jefe del tribunal de Buganda Road, Olive Kazaarwe, que después los puso en libertad bajo fianza no monetaria de 1 millón de chelines ugandeses (unos 300 euros) cada uno.
Los demás acusados eran el señor Mathias Mpuuga (parlamentario por la municipalidad de Masaka), la señora Ingrid Turinawe (presidenta de la Liga Femenina del FDC), el señor Asuman Basaalirwa (Presidente del partido Jeema), el señor Muwanga Kivumbi (Parlamentario por el condado de Butambala), el señor Francis Mwijukye (Mobilizador de las Juventudes del FDC), el señor Munyagwa Mubaraka (Alcalde de la división de Kawempe) y el señor Chaapa Karuhanga (Ex candidato presidencial). Cada uno de sus avales fue obligado también a una fianza no monetaria de 2 millones de chelines ugandeses.
Los políticos están acusados de ocho cargos relacionados con la gestión ilícita de la sociedad, ser miembros de una sociedad ilegal, pronunciar discursos calculados para fomentar el apoyo a sociedades ilícitas, y permitir a sociedades ilegales celebrar reuniones en sus instalaciones.
El estado también alega que entre el 20 de abril de 2012, y enero de 2013, en diferentes partes de Uganda, incluidas las oficinas del La organización Cooperación Inter-partidos, IPC, en Kampala, políticos de la oposición y otras personas que todavía están en libertad, forman una sociedad ilegal que se llama “Por Dios y mi país” (4GC).
El señor Karuhanga que se enfrenta a cargos de forma separada por supuestamente haber permitido que se celebrase una reunión organizada por estos políticos de la oposición en su residencia, en Kampala, también negó las acusaciones.
Durante el proceso judicial, uno de los abogados en representación de uno de los acusados, pidió al tribunal que advirtiera a la policía que dejase de acosar y lanzar gases lacrimógenos a su cliente, cuando hacen vida normal con su trabajo personal.
La petición del abogado se produce después de que la policía siguiera a Besigye y Lukwago, cuando se dirigían a buscar asesoría legal a su oficina.
El tribunal aplazó el caso hasta el 17 de septiembre.
Poco después de las elecciones presidenciales de 2011, varios líderes de la oposición, entre los que están los acusados, comenzaron la campaña llamada “Walk to Work” promocionando que la gente fuese caminando al trabajo, para mostrar su insatisfacción por el elevado coste de los productos de primera necesidad, y para identificarse con las personas comunes.
La policía entró en acción y disolvió violentamente las marchas, diciendo que eran ilegales.
Anthony Wesaka y Betty Ndagire
(The Monitor, Uganda, 04-07-13)
