• El SJM reclama al Gobierno, mediante una recogida de firmas, que no retome la actividad de los centros de internamiento al finalizar la alarma.
• Existe inquietud sobre las capacidades de los centros de tomar medidas efectivas de prevención al contagio y sobre la política de internamiento.
  
  

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) apela al Gobierno de España y al Poder Judicial a ejercer su responsabilidad al finalizar la pandemia y no recurrir al internamiento de personas extranjeras en CIE, que desde el pasado 6 de mayo están totalmente vacíos. Para recabar el apoyo de la sociedad civil a la reivindicación de alternativas a la privación de libertad, se ha puesto en marcha una campaña de firmas en el portal Visibles.org.

La coyuntura actual sobre la vuelta a la actividad en CIE en el escenario de desescalada es incierta y poco esclarecedora, generando inquietud por la política de internamiento que se llevaría a cabo. Interior ha declarado que los ingresos dependerán de la reapertura de fronteras internacionales y la posibilidad efectiva de ejecutar órdenes de expulsión. En cualquier caso, el internamiento debería ser el último recurso en todo procedimiento de expulsión, al ser una medida cautelar con unos estrechísimos márgenes de constitucionalidad porque el ordenamiento jurídico prevé medidas alternativas. En los procesos de devolución, la ley exigiría el internamiento si no se puede ejecutar en 72 horas. Sin embargo, en la práctica, se ha revelado una medida profundamente injusta, arbitraria, aleatoria, que no toma en cuenta las situaciones de vulnerabilidad particulares que desaconsejan solicitar autorización de internamiento, como en el caso de menores de edad, personas necesitadas de protección internacional, personas con enfermedades mentales o aquellas cuya devolución se anticipa imposible.

Por otro lado, surgen dudas sobre si los centros tendrían la capacidad para implantar medidas de distanciamiento y prevención higiénica suficientes, dadas las continuas deficiencias estructurales y de servicios que organizaciones sociales, Defensor del Pueblo y juzgados de control han venido denunciando durante los últimos años. Recientemente, el juzgado de control del CIE de Murcia ha dictado un auto (ver documento) estableciendo limitaciones de ocupación para prevenir contagios. Una aportación plausible, pero que exigiría a la Administración un gran esfuerzo económico para acondicionar los centros. Al inicio del estado de alarma, se detectó un caso positivo por coronavirus en el CIE de Gran Canaria, lo que llevó al juzgado de control a emitir un auto (ver documento) instando al vaciamiento del centro ya que las condiciones inadecuadas ponían en riesgo la salud pública, tanto de internos como del personal. Hay alternativas menos lesivas para los derechos humanos que el internamiento y además menos gravosas para el bolsillo de los contribuyentes.

Desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo, el progresivo vaciamiento de los CIE ha respondido a dos criterios: la imposibilidad de expulsar o devolver a las personas extranjeras por el cierre de fronteras, y el riesgo para la salud y la vida de los internos y del personal de servicio en los CIE. Dos autoridades han sido clave en este progresivo cese de internamiento: por un lado, la Comisaría General de Extranjería, impartiendo instrucciones para que la Policía Nacional no solicitara autorizaciones de internamiento mientras permanecen cerradas las fronteras; por otro lado, la Fiscalía de Extranjería, instando a sus fiscales (ver instrucción interna) a informar de forma desfavorable las solicitudes de autorización de internamiento que pudieren llegar.

Se empezó poniendo en libertad a quien contaba con domicilio propio o redes de apoyo. Los ministerios del Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se coordinaron para realojar en centros de acogida humanitaria a las personas internas que no los tenían. Fue destacada la intervención del Defensor del Pueblo, de los juzgados de control de estancia en los CIE respectivos, y de la sociedad civil. Sin embargo, algunas personas fueron puestas en libertad desde el CIE de Aluche en Madrid sin medidas preventivas y sin redes de apoyo local, teniendo que dormir en estaciones de autobús y vagando a la intemperie. A pesar de estos hechos, España ha destacado en Europa por su buena práctica durante la crisis del COVID-19 de la progresiva puesta en libertad de las personas extranjeras internadas.

En todo caso, sería más justo que el Gobierno de España deje de valerse del internamiento como medida cautelar. En este sentido, el SJM apela a las instituciones tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial a detener el internamiento. Si estas autoridades no atienden al llamamiento general, el SJM insiste en que impartan instrucciones para que determinadas categorías de personas en situación de vulnerabilidad no sean internadas bajo ningún concepto:

• Jóvenes cuya mayoría de edad no quede fehacientemente probada, optando por la protección debida a los menores cuando la horquilla de edad que resulte de la prueba comprenda los 18 años.
• Personas necesitadas de protección internacional, a las que debería facilitarse la manifestación de voluntad de solicitarla ya en las primeras labores de identificación tras su entrada en territorio español.
• Personas con indicios de padecer algún problema de salud física o mental.
• Personas que cuentan con arraigo familiar y social, domicilio propio o redes de apoyo.
• Personas con indicios de haber sido objeto de trata.

La crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 puede tener efectos importantes en los movimientos migratorios. Conforme se alargó la última crisis, España fue más país de emigración y de tránsito que de inmigración. Es probable que suceda lo mismo. La prolongación de las situaciones de paro entre personas extranjeras con autorización de residencia temporal puede aumentar los casos de irregularidad sobrevenida. Es tiempo de diseñar y aplicar políticas que amortigüen el impacto de la crisis y que impidan la irregularidad sobrevenida, tal y como ha expresado SJM en un decálogo de propuestas administrativas. No es tiempo de pensar en políticas migratorias represivas y en el internamiento como demostración de fuerza que solo tranquiliza a la opinión pública en el país. Los nuevos tiempos demandan nuevas políticas.

Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)

[Fundación Sur]

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