El TPI investiga y juzga a los autores de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y de genocidio. Este tribunal fue establecido en el año 2002 por el Tratado de Roma y tiene la sede en la Haya. Su jurisdicción afecta a actos cometidos a partir de la fecha de la entrada en vigor del Estatuto. De 108 países que inicialmente suscribieron el TPI, treinta eran africanos. Actualmente 116 países son miembros del Tribunal, 32 de ellos son africanos. Aunque Estados Unidos no reconoce su jurisdicción, apoya, con dinero y medios, aquellos casos que convienen a los intereses de su política exterior. Desde 2004, seis gobiernos africanos han pedido al TPI que investigue y procese crímenes cometidos en sus territorios: la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Costa de Marfil, Kenia, Malí y Uganda. El Consejo de Seguridad de la ONU pidió la investigación de los crímenes cometidos en Sudán y Libia.
De los dieciocho jueces del Tribunal, cinco son africanos, entre ellos el Vice Presidente del Tribunal y la Fiscal jefe, Fatou Bensouda.
Fatou Bensouda, fue nombrada en 2004 adjunta del Fiscal jefe Luis Moreno-Ocampo al que sustituyó en 2012. Entre los casos que en ese momento se estaban abordando destacan el genocidio de Darfur, por el que está acusado el presidente sudanés Omar Al- Béchir, algunos jefes rebeldes de la guerra de la República democrática del Congo y el ex presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, acusado de crímenes cometidos durante la crisis marfileña de 2010-2012.
Fatou Bensouda ha sido Ministra de Justicia de Gambia, su país. En el exterior colaboró en la redacción del tratado que dio lugar al nacimiento de la Comunidad Económica de los Países del África Occidental (CEDEAO). También ejerció de consejera y abogada del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con sede en Arusha, Tanzania. Ella no es la única mujer africana que un ocupa un puesto de responsabilidad en el TPI.
Joyce Alluoch, fue elegida por el Grupo de Estados Africanos Juez del TPI de la Haya para un periodo de 9 años. Nació en 1947 en Kenia, donde estudió derecho en la Universidad de Nairobi. Se especializó en Derecho Internacional en la universidad de Boston, en Estados Unidos.
A su sólida formación une una gran experiencia como juez en tribunales de distintas instancias y en el Tribunal Supremo de su país. Fue juez del Tribunal Superior de Kenia durante 20 años y ascendió al Tribunal de Apelación, el tribunal más alto de Kenia, en diciembre de 2008. Trabajó en el Comité de Revisión de Currículos Judiciales. Llevó un programa de formación sobre derechos humanos con la Asociación Internacional de Mujeres Jueces. Contribuyó a la promoción de los derechos del niño como presidenta del Comité de Expertos de la Unión Africana. Realizó algunas misiones especiales, que incluían negociaciones con el Gobierno de Sudán para ratificar la Carta Africana para asegurar los derechos de los niños. Participó en una misión de investigación en el norte de Uganda, para informar sobre los efectos de la guerra en los niños. También fue durante seis años vicepresidenta y miembro del Comité de la ONU para los Derechos y el Bienestar del niño. Ha dirigido un grupo de trabajo para desarrollar un marco de política nacional y un plan de acción nacional para el tratamiento de los delitos sexuales en Kenia y a aplicar la nueva Ley de Delitos sexuales de 2006.
Julia Sebutinde, jurista ugandesa. Trabajó durante 32 años en el campo legal y judicial de Uganda su país, especialmente en la investigación de casos de corrupción. Desde marzo de 2012 forma parte del TPI de la Haya y fue jueza en el Tribunal Espacial para Sierra Leona en la causa contra el ex presidente de Liberia, Charles Taylor, acusado de haber armado y sostenido el grupo rebelde sierraleonés (RUF) a cambio de “diamantes de sangre”. Taylor tenía que responder de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos entre 1996 y 2011 en la guerra de Sierra Leona. Un conflicto que dejó más de 120.000 muertos, millares de civiles mutilados y miles de infancias rotas convertidas en maquinas de matar. El proceso debutó en 2007.y terminó en 2011. Después de un año de deliberación, en 2012, Taylor fue declarado culpable. La sentencia, de cincuenta años de prisión, fue recurrida. Confirmada en septiembre de 2013, el antiguo presidente de Liberia cumple su pena en una cárcel británica.
Es una buena noticia que haya mujeres africanas que ocupan puestos de responsabilidad en el TPI. Como es bueno para África que exista ese tribunal a pesar de la polémica que lo cuestiona y que ha ido creciendo estos años en algunos medios políticos africanos. El TPI ha sido acusado de ser una justicia neocolonialista que centra sus órdenes de captura sólo contra personalidades africanas. Países de la Unión Africana, como Uganda, Kenya y Etiopía que habían firmado el tratado de Roma, han propuesto a la Unión Africana, la retirada de su adhesión al TPI, No obstante otras voces africanas lo defienden.
Países, como Nigeria y Ghana, se han manifestado a favor de mantener la adhesión al TPI, como lo han hecho más de 130 organizaciones de la sociedad civil de 34 países africanos, que pidieron a la Unión Africana reafirmar su apoyo al Tribunal Penal Internacional, considerando que “es un tribunal de última instancia” al que pueden recurrir las víctimas de abusos. Su mayor defensor es Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz. Tutu declaró que excluir a África del TPI, sería trágico para ella, un grave golpe para el estado de derecho y la memoria de los millones de personas que han sufrido en los campos de refugiados de Darfur, en los pueblos de República Democrática del Congo y en Costa de Marfil.
