Este mes de abril “Afrobarometer”, acaba de publicar las conclusiones de las encuestas llevadas a cabo en 2018 en 37 países africanos. Su lectura deja perplejo. 68% de los encuestados dicen sentirse obligados a tener cuidado con lo que dicen en público. Pero, con tal de que hubiera más seguridad, un 62% aceptarían los toques de queda y las intervenciones de la policía, y un 43% estaría de acuerdo con que el Estado controlara las comunicaciones. ¿Dispuestos pues a que disminuya su libertad a cambio de que aumente su seguridad personal y colectiva?
Eso no suena tan extraño ni tan improbable cuando se coloca en una misma página las guerras, atentados y atropellos cometidos a lo largo y ancho del continente. Nueve personas fueron asesinadas la semana pasada cuando grupos yihadistas atacaron una iglesia católica y un templo protestante en el norte de Burkina, país en el que los ataques yihadistas han ido aumentando progresivamente desde que se iniciaron en 2015. Y este pasado 18 de abril la agencia de noticias Amak, afiliada al Estado Islámico, comunicaba la creación de una nueva provincia del EI, “Wilayat Central Africa”, que se atribuía los atentados contra los militares en la zona de Kamango, al noreste de la RD Congo. Al parecer, siguiendo su procedimiento habitual, el EI había asimilado a uno de los grupos militantes activos en la zona y que actuaba a partir de Uganda, el “Allied Democratic Forces”, con el que mantenía buenas relaciones desde hace algún tiempo. El número 179 de Al-Naba, boletín semanal del EI, publica la fotografía de los que dice ser diez miembros (con los rostros cubiertos) de esa nueva provincia. Kamango se encuentra a 80km de Beni, importante ciudad del Kivu-Este. Se trata de la zona en la que ya han muerto más de 800 enfermos de ébola, y en la que los centros hospitalarios son a menudo atacados por todo tipo de milicias.
Las de Burkina y la RD Congo son las últimas malas noticias. Pero también en los últimos meses hemos asistido en Argelia y Sudán a los intentos de las autoridades para suprimir las revueltas populares. Y durante los últimos dos años las libertades individuales han sido cercenadas sistemáticamente por varios gobiernos. En Zimbabue y en la zona anglófona de Camerún se suprimieron los servicios de internet. Quienes utilizan los medios sociales tienen que pagar impuestos en Uganda, y obtener licencias a precio de oro en Tanzania. Las autoridades reaccionaron violentamente contras las protestas populares en Burundi, Senegal, Togo y Zambia. La violencia religiosa y tribal se desató en Nigeria, Níger y la República Centroafricana. En África del Sur mueren asesinadas una media de 49 personas al día, y los emigrantes son atacados y discriminados.
El “Afrobarometer”, que se presenta con la apostilla “Let the people have a say” (“Tenga el pueblo la palabra”) es una entidad independiente dirigida conjuntamente por el “Ghana Center for Democratic Development”, el sudafricano “Institute for Justice and Reconciliation”, el “Institute for Empirical Research in Political Economy” de Benín, el “Institute for Development Studies” de Nairobi, el “Institute for Democracy, Citizenship and Public Policy in Africa” de Cape Town (Sudáfrica) y el “Department of Political Science” de la Universidad del Estado de Michigan. La publicada este año es, desde que en 1994 tomara el testigo del sudafricano “Institute for Democracy in Africa”, la séptima de sus encuestas generales. Llevadas a cabo en 37 países africanos, con entre 1.200 y 2.400 entrevistas en cada país. Además de sus encuestas generales, Afrobarometer investiga estudia asuntos más específicos como igualdad de género, macroeconomías y mercados, servicios públicos, tolerancia, regionalismo, etc.
Aunque Afrobarometer goza de prestigio en el mundo académico, se le podría oponer dos posibles objeciones, especialmente al leer las conclusiones de la última de sus encuestas. En primer lugar, estas se llevan a cabo en sólo 37 de los 54 países del continente africano (sólo en Marruecos y Túnez, de los 7 países norteafricanos). Así que he ojeado las conclusiones a las que llega “Freedom House”, organización estadounidense que conduce investigaciones y promociona la democracia, la libertad y los derechos humanos. Y aunque hay que tomarlas con mucha precaución (“Freedom House” se presenta como no gubernamental, pero el 80% de su financiación proviene del gobierno norteamericano), impresiona su pesimismo: “África Subsahariana experimentó durante más de una década un gran progreso democrático. Ha habido sin embargo un retroceso en los últimos 8 años, y África Subsahariana se encuentra hoy como en 2001”. Ese pesimismo es patente en lo que respecta a los países que Afrobarometer deja fuera de sus encuestas. No hay en general suficiente libertad en seis de ellos (Argelia, Angola, Burundi, Egipto, y Burundi) y la prensa está bastante controlada.
La segunda objeción podría ser la del peligro de las “generalizaciones”. Esta séptima publicación de Afrobarometer se titula: “Are Africans’ fredoms slipping away?” (“¿Se están evaporando las libertades de los africanos?”). Y en el último párrafo se lee como conclusión: “En pocas palabras, es inquietante como en el continente las tendencias apuntan al mismo tiempo hacia mayores restricciones gubernamentales de la libertad y hacia una mayor tolerancia pública de esas restricciones”. A decir verdad, a lo largo de las 28 páginas de la publicación se constata cómo África se declina en plural, y que Gabón, en donde el 90% pide la libertad de poder adherirse libremente a una organización no es Liberia en donde esa libertad preocupa tan sólo al 32% de los encuestados. Ni Malaui, en donde al 68% no le gusta que el gobierno controle la práctica religiosa, es Túnez, en dónde al 74% de los encuestados no le importa que lo haga. Lo que no impide el que la generalización a la que llega Afrobarometer se llega por los motivos a los que alude la introducción: los africanos sufren violencia. Y si un mayor control gubernamental puede hacerla disminuir… ¡bienvenido sea!
Ramón Echeverría
[Fundación Sur]
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