Mauritania ha aprobado una nueva ley antiterrorista, que dará mayores poderes a sus fuerzas de seguridad, en la lucha contra al Qaeda, en el desértico país del África occidental.
Mauritania, junto con sus vecinos Mali y Argelia, y el cercano Níger, están bajo presión para que mejores sus capacidades y coordinación regional contra los extremistas islámicos, que han llevado a cabo una serie de secuestros y ataques a las autoridades.
La ley fue aprobada por la Asamblea Nacional mauritana el día 7 de julio y después por el senado el día 8. Una versión previa del proyecto de ley tuvo que ser cambiada por la oposición de un sector de políticos que decían que violaba las libertades civiles.
“En general, el terrorismo afecta a los países donde hay una falta de seguridad o legislación. Así que ya era hora de que nosotros rellenásemos este vacío institucional y legislativo”, señaló Sid Ahmed Ould Ahmed, líder del UPR, grupo mayoritario en el parlamento.
El brazo de al Qaeda del norte de África, conocido como AQIM, opera en los amplios espacios abiertos del Sáhara, donde las autoridades nacionales tienen poco dominio y hay un puñado de rebeldes locales y traficantes que operan desde hace mucho tiempo.
Una serie de occidentales han sido disparados por sospechosos islamistas en Mauritania, pero los secuestradores que piden rescates y atacan a patrullas de seguridad aisladas, son lo más común.
Bajo esta nueva ley, se levantan las restricciones a los registros de casas y pinchar los teléfonos por parte de las fuerzas de seguridad, hasta ahora formalmente en vigor gracias a las leyes islámicas, y cuya autorización sólo podía concederse por un juez.
Las personas menores de 18 años también pueden ser acusadas bajo la nueva ley, hasta ahora, los menores estaban protegidos por la legislación islámica.
La nueva ley también da inmunidad a los miembros de grupos terroristas que informen a las autoridades de un plan de ataque.
Los parlamentarios de la oposición todavía muestran su preocupación por si la ley revisada pudiera dar lugar a abusos, y han declarado que la impugnarán ante el tribunal constitucional.
(IOL, 09-07-10)
