En los últimos cinco meses, la violencia se ha cobrado más de 500 vidas humanas en la provincia central de Kasai, en la República Democrática del Congo (RDC).
El portavoz de la policía Pierrot Mwanamputu Pongo declaró a la agencia de noticias DPA (Agencia Alemana de Prensa), el pasado 15 de mayo, que entre los muertos se encontraban 39 soldados, 85 policías y unos 390 rebeldes, todos muertos como consecuencia de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y miembros de un grupo armado local.
La violencia surgió como consecuencia de enfrentamientos entre la milicia Kamwina Nsapu y tropas gubernamentales. El jefe tradicional de la milicia, que quería deshacerse de la presencia de las autoridades del gobierno en la zona, y que había acusado al gobierno de ejercer un “injusto dominio político”, murió en la lucha en agosto de 2016.
En abril, investigadores de las Naciones Unidas descubrieron los lugares de 17 fosas comunes en Kasai, una parte de las docenas que han sido encontradas desde que comenzaron las hostilidades. Las Naciones Unidas tienen constancia de los lugares de 40 fosas comunes y de la muerte de más de 400 personas, desde el mes de agosto, en las provincias de Kasai Central y Kasai Oriental. Además de eso, según las Naciones Unidas, un millón trecientas mil personas han abandonado la región a causa de las hostilidades. Hace algún tiempo, unas ocho mil personas huían diariamente.
El presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, firmó órdenes militares el día seis de abril, declarando la región como zona militar, con la finalidad de controlar la violencia.
El mes pasado, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisario de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo un llamamiento al gobierno para iniciar una investigación sobre informes de violaciones y asesinatos, llevados a cabo por los soldados, bajo la amenaza de que la Corte Penal Internacional (CPI) lo haría, si las autoridades no tomaban las medidas necesarias.
Pero no es sólo la provincia de Kasai la que ha sido devastada por la violencia. Según información del Observatorio de los Derechos Humanos (Human Rights Watch – HRW) “La República Democrática del Congo ha conocido mucho derramamiento de sangre y una brutal represión policial hasta el 19 de diciembre de 2016, fecha en la que terminaba el segundo y último mandato constitucional de Kabila”.
Un acuerdo, mediado por la Iglesia Católica y firmado a finales de 2016, incluye un claro compromiso de que se celebrarán elecciones presidenciales antes de finales de 2017, y que Kabila no se presentará para un tercer mandato. Sin embargo no ha habido seguimiento para el cumplimiento del acuerdo, y hay serias dudas sobre si Kabila y otros líderes políticos están realmente comprometidos para realizar elecciones, añadió HRW. La represión del gobierno contra la oposición política, contra los medios de comunicación y los diferentes grupos de la sociedad civil continúa y apenas se han atribuido responsabilidades por los abusos cometidos. Los conflictos violentos se han intensificado a lo largo del país y numerosos grupos armados, y en algunos casos fuerzas de seguridad del estado, han atacado a la ciudadanía.
Fuente. News24 Online
[Traducción, Jesús Zubiría]
[Fundación Sur]
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