La comunidad Deep sea, en Nairobi, Kenia, está una vez más en peligro de sufrir un desalojo forzoso inminente. El 1 de febrero, el comisionado adjunto del condado de la zona de Westlands informó a las personas residentes en este asentamiento informal que tenían cuatro días para desalojar sus viviendas para preparar el terreno para un proyecto de construcción de una carretera que cuenta con financiación de la UE. Amenazó con que, en caso contrario, el gobierno se apropiaría de las tierras a la fuerza.
ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO
Secretario del Gabinete / Cabinet Secretary
Fred Matiangi
Ministry of Interior & Coordination of National Security
P. O. Box 30510-00100 Nairobi
Correo-e: ps.interior@kenya.go.ke
Twitter: @CSMatiangi y @FredMatiangi
Tratamiento: Señor ministro / Honourable Minister
Señor ministro:
Más de 2.000 residentes del asentamiento informal Deep Sea en Westlands, Nairobi, están en peligro de sufrir un desalojo forzoso inminente. Las personas que allí residen contaron a Amnistía Internacional que, el 1 de febrero, el comisionado adjunto del condado de la zona de Westlands, junto con mandos de otras comisarías, ocho de los cuales iban armados, visitaron el asentamiento informal. El comisionado adjunto del condado informó a los residentes de que tenían cuatro días para desalojar el área designada para el proyecto de construcción de una carretera, financiado por la Unión Europea (UE), o que el gobierno se apropiaría de las tierras por la fuerza.
Los residentes llevan desde 2015 negociando el reasentamiento con la Autoridad de Vías Urbanas de Kenia (KURA). Han reiterado que no se oponen a la construcción de la carretera, pero que quieren que la KURA respete su derecho a una vivienda adecuada. También han pedido que el proceso de desalojo cumpla las normas internacionales de derechos humanos sobre desalojos, que incluye la adecuada notificación de los desalojos, un proceso de consulta real con todas las personas afectadas, y medidas para garantizar que nadie se queda sin vivienda como consecuencia de un desalojo. A pesar de que la KURA había accedido a comprar tierras para el reasentamiento y la comunidad había localizado nueve parcelas, debido a los retrasos por parte de la KURA, las parcelas ya no están disponibles para la compra. Las personas que residen en Deep Sea ven esta última amenaza de desalojo como una falta de compromiso de la KURA con una consulta real y con lasnegociaciones en curso.
La comunidad de Deep Sea ha hecho frente a desalojos forzosos y múltiples amenazas de desalojos forzosos desde 2009. Hace sólo dos meses, los representantes de la comunidad encargados de las negociaciones denunciaron haber recibido amenazas de muerte por parte de un funcionario del condado de Nairobi. Se les dijo que, si no se retiraban de las negociaciones y desalojaban el área designada para la carretera, «Amnistía recuperaría cadáveres en Deep Sea y pondría el grito en el cielo por cadáveres en vez de por casas».
En vista de lo anterior, le insto a:
– garantizar que no se llevan a cabo desalojos forzosos en Deep Sea y que sus residentes no se quedan sin vivienda;
– garantizar que se permite a las personas que residen en Deep Sea continuar con las negociaciones en curso sobre el reasentamiento, sin temor a amenazas ni intimidación;
– garantizar que cualquier desalojo se ajusta a las obligaciones nacionales e internacionales de Kenia en materia de derechos humanos.
Atentamente,
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Deep Sea es un asentamiento informal de Nairobi donde viven cerca de 12.000 personas. La comunidad Deep Sea vive bajo amenaza de desalojo forzoso desde 2009, a causa del proyecto de la Autoridad de Vías Urbanas de Kenia (KURA) para la construcción —con financiación de la Unión Europea (UE)— de la carretera «Missing Link». La carretera atravesará la zona comercial y la carretera principal de Deep Sea, lo que afectará a unas 2.000 personas. Tendrá 1,6 kilómetros de longitud y unirá dos carreteras importantes, Limuru Road y Thika Road.
El derecho a una vivienda adecuada está consagrado como derecho justiciable en la Constitución de Kenia, cuyo artículo 43.1.b establece que «toda persona tiene derecho a una vivienda accesible y adecuada y a un nivel razonable de saneamiento». En virtud de diversos tratados de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Kenia está obligada a abstenerse de realizar desalojos forzosos y a impedirlos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha subrayado que los desalojos sólo podrán llevarse a cabo como último recurso cuando se hayan explorado todas las alternativas factibles, y únicamente cuando existan salvaguardias de procedimiento y legales adecuadas. Éstas incluyen una consulta real con las personas afectadas, un aviso adecuado y razonable, viviendas alternativas adecuadas y una compensación por todas las pérdidas, así como salvaguardias respecto a la forma en que se llevan a cabo los desalojos y acceso a recursos y procedimientos jurídicos, incluido el acceso a asistencia letrada gratuita en caso necesario. Los gobiernos deben garantizar que nadie se queda sin vivienda ni es vulnerable a otras violaciones de derechos humanos como consecuencia de un desalojo. Las normas internacionales de derechos humanos también establecen que, incluso en los casos en que se considera justificado un desalojo, los Estados deben garantizar la aplicación de todas las salvaguardias y requisitos del proceso debido.
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