El acuerdo sobre inmigración firmado en 2007 por Malí y España tiene dificultad para obtener resultados tangibles en el marco de la emigración bilateral entre los dos países.
El 23 de enero de 2007, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Malí, Moctar Ouane y su homólogo español responsable de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, firmaron un acuerdo-marco en materia de inmigración. Este documento de ocho páginas, 17 artículos, trata en siete capítulos de cuestiones relativas a la admisión de los trabajadores, el regreso voluntario de las personas, la integración de los residentes, la emigración y el desarrollo, la cooperación en materia de lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas, y del seguimiento y aplicación del acuerdo-marco.
De la lectura del artículo 3º, “las partes contrayentes fomentan la contratación legal de súbditos de la otra parte contrayente sobre sus respectivos territorios, después de un análisis de sus mercados de trabajo y de la complementariedad de estos últimos, cuando las calificaciones profesionales de los súbditos de la parte contrayente de origen respondan a las necesidades de las empresas y de los contratantes de la parte contrayente de acogida”.
Según el artículo 4º, “las partes contrayentes colaboran en la definición y puesta en marcha de programas de regreso voluntario y asistido de súbditos emigrantes de una parte contrayente que hayan decidido regresar a su país de origen, dentro del marco de desarrollo económico y social definidos a partir del análisis de la situación económica y social de las dos partes contrayentes. Los programas de regreso voluntario y asistido anteriormente citados incluyen ayudas para facilitar la integración de la persona en el país de origen”.
El artículo 7º establece que “Conscientes de que el fenómeno migratorio está ligado, entre otros factores, a la falta de perspectivas socioeconómicas en las zonas de origen, España y la sociedad española se comprometen a esforzarse para contribuir al desarrollo de Malí, utilizando mecanismos bilaterales y multilaterales puestos a disposición de las partes contrayentes, y fomentando la acción de diásporas, de acuerdo con las disposiciones referidas en el plan director de la cooperación española”. Este mismo artículo precisa que “en el marco general de lucha contra la pobreza, España apoya las estrategias de Malí que tengan por objetivo acrecentar la capacidad económica de las poblaciones más vulnerables, incluidos en particular los programas y los proyectos de “incitación al enraizamiento” que apunten a la creación de empleo y al establecimiento de condiciones de vida apropiadas en las zonas más pobres”.
¡Fracaso de la gestión de los flujos migratorios!
El artículo 11º prevé el establecimiento de un comité bilateral (este comité se reunirá al menos una vez al año en Malí y en España) compuesto por representantes de las dos partes para su puesta en marcha y su seguimiento. España, siempre según el artículo 11º, se compromete a apoyar en particular la puesta en marcha de políticas migratorias públicas con la finalidad de asegurar una gestión ordenada y una cooperación de los flujos migratorios.
Para Alassane Dicko, encargado de la defensa y de la comunicación en la Asociación maliense de expulsados (AME), este tipo de acuerdos debe prever resortes y condiciones de aplicación. Asegura que se trata de colocar a los jóvenes invirtiendo en proyectos. De creerle, esta gestión concertada de flujos migratorios es aberrante por no decir un completo fracaso.
En el ministerio de Asuntos Exteriores e Integración maliense no se quiere hablar del no-respeto de las cláusulas del acuerdo. Aquí, se es sensible a las “limitaciones objetivas” del socio español que ha dado muestras de “buena fe”, por retomar la expresión de Seydou Kéïta, consejero técnico responsable de los asuntos migratorios en el mencionado departamento. “Es un proceso que está en curso y no sería muy objetivo hablar de no-respeto en el momento actual”, afirma Seydou Kéïta.
Las estadísticas de la Delegación general de malienses en el exterior (DGME) muestran que la expulsión de malienses que viven en España ha aumentado sensiblemente desde la firma de este acuerdo-marco. De 2007 a 2011, España ha rechazado 2.735 malienses, de los cuales 1.410 tan sólo en 2007. Peor aún, de los 3.760 malienses que Europa ha devuelto a Malí entre 2007 y 2011, la parte española es de aproximadamente un 74%. Si se hace referencia a las cifras proporcionadas por la Delegación, las expulsiones de Francia contabilizan 895 contra únicamente 3 de Italia. ¿Qué explicación hay para un número tan elevado? El encargado de la defensa y comunicación alude a la existencia de una comisión de identificación a nivel de la DGME. Tal como su nombre indica, los miembros de esta comisión salían de Malí para ir a identificar a los malienses en situación irregular. El señor Maïga, de la DGME, aligera el trabajo de la comisión. “Cuando la comisión viajaba, recibía firmes instrucciones del departamento para traer de vuelta el menor número posible de malienses. La mayor parte de la gente que acudía realizaba la misma petición. Pero desde la apertura de la embajada de Malí en España la comisión ha dejado de trabajar”, declaró.
¿Es la crisis un pretexto para justificar la detención de la puesta en marcha de este acuerdo? ¡Oficiosamente, sí! Y sin embargo, el montante de la ayuda al desarrollo aportado por el Reino de España a Malí ha aumentado consecuentemente. Aunque el documento “SEGUIMIENTO DEL PACI 2010” que hemos examinado esté en la web del ministerio español de Asuntos Exteriores, hay que recalcar que son los ministerios españoles de Interior y de Inmigración los mayores proveedores de la ayuda española. De 2007 a 2008 la ayuda bilateral bruta por país a favor de Malí ha pasado de 12.766.452 € a 21.596.791€, contra 17.447.883€ en 2009 y 21.440.276€ en 2010.
Alassane Dicko prefiere hablar de una reorientación de la ayuda al desarrollo. “Desde 2005 y 2006, la celebración del diálogo de alto nivel en Rabat, los países donantes reevalúan todo el espíritu de su ayuda al desarrollo, a la gestión de los flujos migratorios, a la seguridad transfronteriza y a la democracia”.
¡No-respeto de cláusulas del acuerdo!
Una de las violaciones de cláusulas de este acuerdo que debía facilitar de manera regular la emigración bilateral entre los países ha sido el número de trabajadores temporeros autorizados a ir anualmente a España. España había prometido recibir 800 trabajadores por año. Y si los trabajadores tenían un buen comportamiento, el número iría en aumento de año en año. Cada trabajador tenía la posibilidad de renovar cuatro veces seguidas su contrato por un periodo de nueve meses. Al cabo de 5 años, se debía ofrecer un certificado a aquel que desease residir en España.
Para el señor Maïga de la DGME es una voluntad política para la extensión dinámica de la emigración bilateral entre los dos países. “España está atravesando una crisis sin precedentes. Por culpa de esta crisis, España no ha podido honrar su compromiso. Es el sindicato de explotadores del plátano el que ha aceptado honrar el compromiso del gobierno español”, recalcó.
Desde la firma del acuerdo, España sólo ha concedido el visado a 29 trabajadores temporeros. La salida de este contingente tuvo lugar en julio 2009. Esto es lo que suscita la ira de de las organizaciones de la sociedad que interviene en el terreno de la emigración.
Este número está claramente por debajo de los 800 trabajadores que debían realizar el viaje anualmente. Si los técnicos del ministerio de Asuntos Exteriores maliense con los que nos hemos entrevistado juzgan esta situación como comprensible, las organizaciones de la sociedad civil se rebelan contra lo que califican de pasividad de las autoridades malienses, siempre dispuestas a sacrificar los intereses de sus compatriotas. “Es un acuerdo de pardillos”, afirma el responsable de la defensa y comunicación de la AME. “Los términos son unilaterales, un enfoque particular del que da la orden. Es un documento de proyección estratégica de España en un enfoque de la Unión Europea sobre la gestión de la emigración y el control de los flujos migratorios en los países de origen. Este acuerdo deriva de un programa más amplio que se llama Plan África para el desarrollo sostenible. Dudamos mucho que Malí haya participado en la elaboración del acuerdo”, subrayó Alassane Dicko. El programa de regreso voluntario previsto en el acuerdo es inexistente.
¡Desvío del proceso de selección de los trabajadores temporeros!
El proceso de selección de estos trabajadores hace intervenir varias estructuras del gobierno maliense. Entre otras, la DGME, la ANPE, el CIGEM. Según Alassane Dicko, es el Centro de Información y Gestión de las Migraciones (CIGEM) el que debiera gestionar el proceso de selección ya que ha realizado estudios exploratorios. Posteriormente, fue elegida la Agencia nacional del empleo (ANPE).
En la ANPE, que es la única estructura que dispone de experiencia y peritaje, según Housseiny Touré, uno de sus agentes, se quiere ser categórico. Los trabajadores han sido seleccionados tras una presentación de candidaturas, en la que se recibieron un centenar de expedientes. “Todo se hace ante nuestra presencia pero son los españoles los que eligen según sus intereses”, declaró Housseiny.
En la Delegación general de los malienses en el exterior, se insiste en que se ha escrito a los gobernadores de las regiones para que envíen los nombres de dos representantes por grupo. La misión española, la ANPE y la delegación seleccionaron los 30 trabajadores. “Jugamos el papel de facilitadores entre ellos y los contratantes. Desde la fase de selección hasta su regreso, hemos participado en todas las etapas”, afirmó al mismo tiempo que reconocía que hubo un problema de coordinación entre las diferentes estructuras del Estado en la gestión de este asunto.
Karamoko Diarra es uno de los lugartenientes de este contingente de 29 personas. Teniendo en cuenta su edad, ha sido elegido líder de este convoy. Actualmente, trabaja en la venta de “zapatos de segunda mano” en el mercado de Oulofobougou en la comuna IV del distrito de Bamako. “Los que se van mediante cauces legales se benefician de todas las condiciones de seguridad. El salario varía entre 600 y 800 euros, horas extra incluidas. Se descuenta el alojamiento y la seguridad social antes de que se les entregue el salario. Durante nuestra estancia, no tuvimos dificultades. Estábamos bien alojados. Cada sábado se ponía a nuestra disposición un vehículo para que pudiésemos ir de compras al mercado. La principal actividad giraba en torno a la jardinería”, reconoció.
¡Toma Sahara, el muro impenetrable!
Diarra hizo alusión a un problema: algunos miembros del grupo no habrían recibido su salario de dos meses tras la ruptura de su contrato. De los 6 meses definidos por las cláusulas contractuales, sólo hicieron cuatro. Karamoko Diarra recuerda que se fueron el 12 de julio de 2009 y que regresaron el 10 de diciembre. Según él, la Delegación general de malienses en el exterior así como el ministerio están enterados de esta situación. Interrogado por nuestros medios, el señor Maïga de la DGME tacha de falsos estos propósitos. “Para nosotros, subraya, todos los trabajadores han cumplido sus 6 meses. Ningún trabajador ha dicho tener problemas con su contratante”, precisó.
El no-respeto de las cláusulas, sobre todo la detención de la partida de los trabajadores temporeros, hipoteca los sueños de numerosos jóvenes que están tentados de tomar la ruta de la inmigración ilegal. Según Karamoko Diarra, el número ínfimo que se ha enviado en el marco del acuerdo no puede reducir la inmigración ilegal.
“… Cada vez es más duro, pero no renunciaremos nunca…”
Tras algunas tentativas fallidas en el transcurso de las cuales casi se dejan la vida en el Sahara, unos jóvenes candidatos a emigrantes ilegales con los que nos reunimos en la sede de la Asociación de rechazados de África Central (ARACEM) constatan con amargura el endurecimiento de las condiciones del pasaje. “La aventura está por delante. Esto es cada vez más duro pero no renunciaremos nunca”, confiesan a sus interlocutores bajo el amparo del anonimato, añadiendo que emprenderán la muy arriesgada ruta del desierto con la finalidad de alcanzar la costa marroquí.
O. Diakité es un joven maliense de unos veinte años que soñaba con reunirse con su hermano mayor en España. Tras una breve estancia en territorio argelino, se fue a Marruecos para intentar alcanzar la costa española. Desgraciadamente, su aventura se terminó ahí con su interpelación por las fuerzas de seguridad que lo devolvieron a Argelia. Este país, que ha hecho de la reducción de la inmigración ilegal un arma de seducción para con su socio de la Unión Europea, los ha encarcelado antes de repatriarlos a Malí. Por ahora, O. Diakité ha dejado en espera su sueño para dedicarse exclusivamente a la tradicional búsqueda de oro a unos cincuenta kilómetros de su aldea natal. Mahamadou C. forma parte de los primeros ilegales que fueron rechazados por España tras la firma del acuerdo. Fue en febrero de 2007. Las difíciles condiciones de su expulsión no lo han disuadido de volver a intentar la aventura. Actualmente vive en Italia a donde llegó por mar, vía Túnez. El acuerdo tiene dificultades para lograr resultados tangibles.
¡El extraño silencio de la embajada de España en Bamako!
¡Un viaje al lugar de los hechos, más de veinte llamadas de teléfono y unos diez correos electrónicos! Es el total de los trámites que realizamos en la embajada del Reino de España en Bamako. Primer contacto: el 12 de octubre. Después de un rato de conversación, el guardia de seguridad nos da un número de teléfono. “Llamen a este número. Si tienen pensado recibirles, ustedes vendrán”, nos confió. Funcionó, ese mismo día. Afortunadamente.
Una señora nos notifica que la embajadora y su principal asesor, los únicos que pueden contestar a nuestras preocupaciones, no se hallan presentes. Promete volver a llamarnos lo antes posible. Efectivamente, al comienzo de la semana nos llama para pedirnos que enviemos un mensaje por correo electrónico para que expliquemos nuestras necesidades. A pesar de nuestra insistencia para ponernos en contacto directamente con la embajadora o su principal asesor, nuestra interlocutora no lo quiso así. ¿Por qué? Es difícil de responder. Pero durante tres semanas estuvimos combinando el envío de correos electrónicos con llamadas telefónicas.
Y finalmente, ¡Ninguna cita! Ningún responsable de la embajada se mostró disponible para hablar del tema. Como única consolación: el servicio de coordinación nos guió por la web del ministerio español de Asuntos Exteriores. Lo cual nos permitió disponer de algunas cifras sobre la ayuda bilateral aportada por España a nuestro país. ¿Qué esconde este extraño silencio de la embajada de España en Bamako? ¿El acuerdo-marco sobre inmigración es un tema que no interesa a las autoridades españolas?
Chiaka Doumbia
Fuente: “Le Challenger”, Malí, 15 de noviembre de 2012.
Traducido para Fundación Sur por Juan Carlos Figueira Iglesias.
