Continúan las redadas contra refugiados y solicitantes de asilo en Malaui tras el decreto estatal de marzo que exige su traslado al campo de Dzaleka. Una gran cantidad de negocios y empresas vinculados a extranjeros han sido cerrados, viviendo ahora muchos empresarios situaciones de clandestinidad. La prisión de Lilongüe, capital de Malaui, ha sido empleada de forma temporal para ubicar a los detenidos en la localidad, entre los que se incluyen 120 niños.
El Ministerio de Seguridad Nacional ha informado ya de unas 408 personas detenidas. La Coalición de Defensores de los Derechos Humanos de Malaui ha condenado la operación llevada a cabo por el gobierno, que lleva a la marginalidad a cientos de refugiados, los cuales tendrán que abandonar sus trabajos, escuelas, etc. Malaui acoge a 56.304 refugiados y solicitantes de asilo, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. La mayoría proceden de la República Democrática del Congo, acosada por los grupos armados como el M23, y otros países como Burundi o Ruanda.
Fuente: Mail&Guardian
[Traducción y edición, Guillermo de Simón]
[CIDAF-UCM]
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