El jefe del poder judicial de Egipto pidió a los medios el día 8 de febrero de 2012, que no cubran los casos que están actualmente ante los tribunales militares, después de que el caso de “la prueba de virginidad” de Samira Ibrahim haya causado “controversia” para Egipto.
Durante la última sesión de este caso, dos mujeres guardas de prisión testificaron, diciendo que las pruebas de hecho eran simplemente una cuestión de saber “quién está casada y quién es virgen”.
Las mujeres dijeron que no era una “preocupación médica” para las mujeres arrestadas en caso de que alguna de ellas estuviera embarazada.
Las funcionarias de prisiones dijeron que el médico nunca ha ordenado a ninguna mujer que se quite la ropa, en su lugar se les pregunta verbalmente quién es y quién no es virgen y les piden que se pongan en dos filas, una para las que son vírgenes y otra para las que no lo son.
Ibrahim es la única mujer de la docena que fue arrestada y sometida a la prueba de virginidad que es demandante en el caso.
La próxima sesión está prevista para el 13 de febrero y se espera que atraiga la atención de la prensa y de la comunidad de activistas, así como de los defensores de los derechos de la mujer en el país.
El caso ha involucrado a los activistas, especialmente a las mujeres jóvenes del país, que han recurrido a la política en gran número. Para Hamda, una médica de 27 años de Aswam, en El Cairo para reunirse con el sindicato de médicos, Ibrahim es un símbolo de la revolución en Egipto.
“Ella me ha dado la fuerza para luchar y plantar batalla por lo que está bien”, dice la joven, “Todas somos Samira porque las mujeres tienen una vida muy dura en Egipto”.
Ibrahim presentó una demanda contra el médico que trabajaba en las instalaciones militares, y le ha acusado de obligarla a someterse a una prueba de virginidad el pasado mes de marzo, cuando ella y otras mujeres que participaron en una manifestación, fueron arrestadas en la plaza de Tahrir, de El Cairo, durante una sentada, y llevadas a las instalaciones militares.
Las mujeres fueron obligadas, en frente de docenas de otros soldados, a bajarse las bragas y permitir a un doctor que las examinase. Cuando Ibrahim pidió que el proceso se hiciera en privado, fue agredida, según ella.
El tribunal militar ha acusado al doctor de cometer un “crimen contra el pudor” y “negligencia de la obediencia de las órdenes militares”.
Grupos de defensa de los derechos humanos han declarado que usando esos cargos, se facilita que los crímenes de felonía por asalto físico sean un delito menor, que se castiga con una multa o prisión por no más de un año.
Grupos nacionales han condenado la continuada protección de los líderes y miembros de las fuerzas armadas de cualquier responsabilidad por crímenes cometidos contra los civiles.
Ibrahim describe la decisión de posponer su caso como un “desastre total y una farsa”.
Ibrahim, de 25 años, ha presentado la demanda judicial con la ayuda de abogados del Centro de Abogacía Hisham Mubarak y el Centro Nadim para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura.
El caso, por fuerte que se considerase en muchos rincones de la sociedad egipcia, recibió escasa cobertura mediática nacional, lo cual produce a Ibrahim enfado y tristeza. “Me rompe el corazón ver que la indignación internacional por mi caso sea mayor que la de mis conciudadanos egipcios”.
Manar Ammar
(Bikya Masr, Egipto, 08-02-12)
Traducido por Rosa Moro de Fundación Sur.
