La decisión del presidente de la RDC, de prohibir la explotación de los minerales en el este del país, tiene graves problemas para su aplicación. Sobre todo porque son los militares, los policías y los agentes de los servicios de seguridad, los que incumplen las órdenes de la más alta autoridad del país.
En Cantine, una localidad minera del territorio de Beni, junto con Baswagha-Madiwe, en el sector de Beni Mbau, unos 50 kilómetros al oeste de Beni, los militares, los policías de la unidad de minas, y los agentes de la ANR (Agencia de Inteligencia Nacional), están plenamente ocupados, con la explotación de oro y coltán.
Según fuentes concordantes, estos explotadores mineros en el seno del ejército, la policía y la ANR, reclutan a jóvenes de los pueblos cercanos, que envían a las canteras de Kiboto, Nganda, Sinakiti y Kibabashi, para trabajar por su cuenta.
Y como al dinero no le gusta hacer ruido, y mucho menos al reparto del botín, el secreto se divulga y el agua fluye: en estas circunstancias nuestra redacción entra en el circuito de dar esta información.
Entre el lunes 17 y el viernes 21 de enero, dos jóvenes, Paluku Sindani y Muhindo Vikwirahangi, languidecían en la cárcel de la Policía Nacional congoleña de Cantine. Habían sido arrestados y detenidos por órdenes del comandante de las FARDC desplegadas en la zona, de un oficial de la policía de minas así como del responsable local de la ANR.
Estos civiles utilizados como excavadores y explotadores de oro y de coltán para los anteriormente mencionados fueron acusados por sus patrones, de haber desviado la producción del anterior fin de semana (el día conmemorativo de la muerte del héroe nacional Laurent Désiré Kabila).
Los verdugos, que se habían abstenido de trabajar ese fin de semana, alegaron que los dos trabajadores tuvieron la oportunidad de ocultar los ingresos diarios. Algo que los acusados niegan de plano.
Y para colmo, los patrones que habían decidido confinarlos en la cárcel, donde apenas tuvieron nada que comer ni beber, y, aunque los dos detenidos habían caído enfermos, impidieron al responsable de la policía llevarles atención médica.
El presidente de la Sociedad Civil Territorial de Beni, según ha declarado en las cadenas de radio locales, está preocupado y escandalizado por esta violación flagrante de la decisión del jefe de estado, por aquellos que se supone que deben trabajar para hacerla respetar.
Omar Kavota que ha pedido la intervención de una auditoría militar, del ministerio fiscal civil y de la jerarquía de las FARDC, ha anunciado que la indiferencia de las autoridades provinciales y nacionales ante este asunto, roza la complicidad. Por tanto, esto es un caso a seguir.
Alfred Lwamba
(Tomado de Afrique Redactión, 31-01-11)
