Monica Juma, secretaria del gabinete para asuntos exteriores de Kenia, ha señalado que las entidades extranjeras dedicadas a la extracción de crudo y gas natural están aprovechándose de la debilidad de Somalia, lo que podría conllevar que la región dejase de lado la lucha contra el terrorismo y la piratería y, en general, la cooperación en materia de defensa y seguridad nacional.
La diplomática considera que esta disputa, ahora formalmente en la Corte Internacional de Justicia, ha estado influenciada por ciertas instituciones extranjeras. Somalia demandó a Kenia ante este tribunal, y exige que la actual frontera marítima sea redefinida. El juicio está programado para el 9 de septiembre. Kenia ha tenido tropas desplegadas en Somalia desde octubre de 2011, y forma ahora parte de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), que se enfrenta al grupo terrorista Al Shabaab.
La pelea sobre esta frontera marítima, afirma Juma, es una demostración de los efectos que los intereses comerciales pueden tener en los países frágiles. “Hemos presenciado una provocación sin precedentes por parte de una entidad comercial en un proceso en el que está en juego la redefinición de fronteras internacionales”, se lamentó. Asimismo, ha señalado que el gobierno keniata se mantendrá firme en su postura a la hora de implementar todas las medidas necesarias para garantizar que la integridad territorial del país será respetada, así como la soberanía de la república: “no vamos a ceder ni una pulgada de nuestro territorio”.
Según el discurso oficial de Kenia, el problema principal es la presencia de compañías llevando a cabo prospecciones en el área que está en juego. Además, desde Nairobi prefieren encontrar una solución política al conflicto antes que recurrir al sistema judicial. Juma, en uno de sus encuentros con representantes del gobierno británico, argumentó que la decisión de recurrir al tribunal de La Haya difícilmente ayudará a encontrar una solución final que contente a ambas partes.
“Sería irresponsable permitir que los intereses comerciales —de compañías occidentales— demorasen innecesariamente el proceso. En este sentido, empoderar aún más a estas entidades estaría poniendo en peligro los esfuerzos de Mogadiscio para recuperar la estabilidad en su territorio, ya que las compañías extranjeras no escatiman a la hora de desestabilizar las instituciones nacionales con el objetivo de satisfacer sus propias necesidades.
Esta rivalidad entre Kenia y Somalia conlleva riesgos políticos. En Somalia, el enfrentamiento entre alianzas políticas opuestas está creando un contexto favorable a la aparición de actores negativos en el país. La fractura política y la consecuente disminución de cooperación entre las partes ha permitido que los grupos terroristas estén volviendo a cobrar fuerza.
La principal crítica, por tanto, reside en que muchas de estas empresas se están dirigiendo directamente a Mogadiscio para continuar con sus operaciones en la zona bajo conflicto, obviando el papel de Kenia, sin tener en cuenta las implicaciones regionales que sus actos pueden tener.
En 2018, el gobierno central de Somalia canceló un acuerdo entre Puntland y la compañía emiratí DP World, bajo el argumento de que se estaba violando la integridad territorial del estado africano. El parlamento somalí ha prohibido a esta compañía cualquier negocio en el país, anulando así la concesión de 30 años para la gestión del puerto de Bossaso en Puntland y de Berbera en Somaliland. Como el marco legal de Somalia todavía recae en una constitución provisional, existe una alarmante falta de claridad acerca de lo que los estados pueden hacer en cuanto a su participación internacional.
Fuente: The East African
[Traducción y edición, Álvaro García López]
[Fundación Sur]
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