Suleikha Mohamed Adan, una viuda de 30 años y madre de cinco hijos, estaba viviendo una vida difícil de nómada, en la dura región de Ogaden, del este de Etiopía, cuando los soldados del Gobierno entraron en su casa y la arrestaron.
A su marido y a su padre los mataron el año pasado las fuerzas gubernamentales, que les acusaron del mismo crimen por el que la arrestaron a ella: simpatizar con el Frente de Liberación Nacional Ogaden, ONLF, un grupo que lucha por la autodeterminación de la región de Ogaden.
“Mis cinco niños estaban llorando cuando me ataron las manos a la espalda y me empujaron al suelo”, cuenta Adan, que ahora vive en Kenia, mientras se seca las lágrimas de la cara. “Me vendaron los ojos y me tiraron como si fuera una pelota a la parte trasera de su camión militar”.
Después de dos noches, Adan se encontró en el sótano de una prisión de la ciudad de Godey, donde estuvo detenida durante 15 meses con otros cientos de prisioneros.
“Los soldados me sacaban para pegarme y algunas veces para violarme”, relata sentada en su habitación en Eastleigh, en Nairobi. “Las mujeres más jóvenes eran las favoritas de los soldados. Mientras que estuve allí vi a dos hombres mayores colgados del techo con un cable, ambos murieron”.
Adan escapó y se siente muy afortunada de haberse alejado de la situación que empeora cada día más en Ogaden, una región que ha estado envuelta en conflictos durante décadas.
Somalia y Etiopía han ido a la guerra dos veces para disputarse la región, que está poblada por la etnia somalí, y que ambos países reclaman como territorio propio.
La campaña militar de Etiopía, se ha intensificado desde que el ONLF atacó las instalaciones petroleras gestionadas por los chinos, en abril del año pasado, matando a 75 personas, entre los que había trabajadores chinos.
Un informe de Human Right Watch, HRW, publicado el mes pasado, acusa al régimen etíope de cometer abusos generalizados contra los civiles. “La respuesta del ejército de Etiopía a los rebeldes ha sido atacar brutalmente a los civiles en Ogaden”, asegura Georgette Gagnon, la directora de HRW África.
“Las atrocidades generalizadas y sistemáticas se suman a los crímenes contra la humanidad. Pero aún así, los principales socios donantes de Etiopía, Washington, Londres y Bruselas, parecen mantener una conspiración de silencio en torno a los crímenes”.
Etiopía se ha convertido en un gran aliado de los Estados Unidos, desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. Los gobiernos e instituciones occidentales, como los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, dan cada año al país como mínimo 2.000 millones de dólares.
Muchos de los civiles que viven en la zona del conflicto de Ogaden, son nómadas que están en constante movimiento en busca de pastos frescos.
Maryan Nur Ahmed, de 52 años, dice que su casa, en un poblado cercano a la ciudad de Shilabo, fue asaltada durante la noche por los militares etíopes.
Encarcelada por las fuerzas etíopes, fue repetidamente torturada, pero los soldados la consideraban demasiado vieja para ser violada. En su lugar, violaron a su hija cuando la visitó en la prisión. “Solían decir que una mujer vieja no vale”, cuenta Ahmed, que ahora también está en el exilio en Kenia. “Tengo 10 hijos, pero aquí en Kenia sólo está conmigo en más pequeño. No sé si los otros están bien”.
Cuenta que los soldados a menudo torturaban y mataban a los prisioneros. Después de que cinco de sus compañeras fueran asesinadas, decidió escapar. “Una noche, me di cuenta de que el guardia se estaba quedando dormido y me moví como una serpiente, caminando con mi pecho”, dice, describiendo cómo se escapó de la prisión.
Human Right Watch también ha condenado a las fuerzas de Etiopía por imponer una serie de medidas destinadas a recortar el apoyo económico al ONLF, como el bloqueo comercial de la región afectada por la guerra y la obstrucción de la ayuda humanitaria.
“Los ataques del Gobierno a los civiles, son el bloqueo comercial y la restricción de la cantidad de ayuda como castigo colectivo e ilegal de decenas de miles de personas”, agrega Gagnon. “A menos que las Agencias Humanitarias tengan acceso inmediato para cubrir las necesidades calculadas de manera independiente y para supervisar la distribución de la comida, se perderán muchas más vidas”.
En julio del año pasado el Gobierno de Etiopía expulsó a la cruz roja de la región. Desde entonces ha permitido operar a algunas agencias de Naciones Unidas y Organizaciones No Gubernamentales, pero sólo bajo un control estricto.
HRW también ha criticado al ONLF por haber violado las leyes de la guerra, violaciones como ejecuciones sumariales de civiles chinos y etíopes, durante el ataque del campo de petróleo de Obole, y el asesinato de algunos sospechosos de ser colaboradores con el Gobierno.
El Gobierno de Etiopía ha negado las acusaciones de Human Right Watch. Los periodistas extranjeros que han intentado llevar a cabo investigaciones independientes han sido arrestados.
Jamal Osman
Mail & Guardian
