La producción de diamantes y su comercio ha atraído la atención durante décadas de los consumidores y de la sociedad civil a nivel global por los testimonios de aquellos afectados por la minería de esta gema. Como resultado de los múltiples escándalos de derechos humanos, abusos y violaciones del derecho humanitario en la industria, la organización del Esquema para la Certificación del Proceso de Kimberly fue creada para certificar que los diamantes estaban libres de enlazes con el conflicto y a violaciones de derechos humanos. Los diamantes de Zimbabue, incluyendo los de la región de Marange, son certificados por esta iniciativa como diamantes libres de conflictos. Sin embargo, los abusos de derechos humanos y la pérdidas de vidas continuan tomando sucediendo en la región cada día.
Desde el descubrimiento de diamantes en Marange alrededor de 2006, informes de organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch han expuesto las violaciones de derechos tanto por las compañías privadas de seguridad contratadas por las compañías mineras como por el ejercito zimbabuense.
Durante un taller que tuvo lugar a finales de 2016 en Zimbabue, más de 40 personas compartieron experiencias de los abusos de los derechos humanos por las compañías mineras que extraían diamantes antes de que el gobierno tomase los campos a principios de 2016. El gobierno de Zimbabue tomó por la fuerza todas las operaciones de diamantes en la región y las unió en la Compañía Estatal de Diamantes de Zimbabue (ZCDC). Por los testimonios, parece ser que la situación no ha mejorado sino empeorado desde que ZCDC tomo el control de las minas de diamantes.
En Arda Transau, donde la mayoría de las familias han sido recolocadas, parlamentarios del Comité en Minas y Energía han visto la historia de pobreza y violencia durante una gira para recabar la información que se llevo a cabo en 2017.
Dos días despues de el taller, 26 familias iban a ser recolocadas fuera del area de la minería: «Esta gente no sabe adonde van a ir; simplemente les ordenaron que cogieran sus cosas y ganado y estuvieran listo para irse.» Dijo una mujer anciana de Chiadzwa sobre el asunto.
Según los estándares internacionales las comunidades deben ser consultadas e informadas cuando el desplazamiento es inevitable. Según los principios en Derechos Humanos en las Empresas de la ONU es responsabilidad de las compañías hacer que se cumplen los derechos humanos, especialmente de las compañías estatales.
De acuerdo con los testimonios de los afectados, ninguno de estos criterios han sido respetados en el proceso actual. La mayoría de las comunidades no tienen ninguna información sobre la posibilidad de que tengan que abandonar el campo y establecerse en la ciudad sin ninguna compensación salvo la concesión estándar de 1000 dolares. Teniendo en cuenta la pobreza de los campesinos y de su falta de opciones, la mayoría aceptan el pago.
La compensación adicional ha sido garantizada solamente cuando la ZCDC sea rentable pero, más allá de la falta de transparencia de las finanzas del ZCDC, los observadores se preguntan si esta compensación ocurrirá alguna vez.
Los grupos de la sociedad civil han actuado contra la amenaza de desalojos forzados, condenando las acciones del gobierno y la compañía de diamantes. Los afectados representados por Zela han presentado una queja legal pidiendo que las recolocaciones séan suspendidas hasta que el proceso sea clarificado y se proporciones una compensación adecuada. Con suerte, estas acciones darán resultados a las familias que llevan sufriendo durante años las consecuencias negativas de la extracción de diamantes.
Las comunidades con las que nos reunimos compartieron sus experiencias sobre como, a través de la monitorización y documentación de las violaciones de los derechos humanos en las minas, están persiguiendo una «minería responsable». Cuando se preguntó por los diferentes efectos en hombres y mujeres el agua fue el asunto más mencionado. Las minas de diamantes han ensuciado las fuentes de agua y desviado los ríos que las mujeres usaban normalmente para llevar agua a sus hogares. Ahora tienen que caminar más tiempo para conseguir agua, tiempo que podrían usar en otras actividades como cultivar comida».
Durante nuestra visita los miembros de una comunidad en Marange, vimos en la práctica las quejas anteriores. No pudimos acceder al área de Marange, bajo una estricta seguridad. Solo pueden entrar vehículos y personas autorizadas. El objetivo de estas medidad es evitar la «minería ilegal» pero tmabién son una barrera para que organizaciones y ciudadanos sepan lo que está pasando dentro.
Las compañías deberían seguir los principios de la ONU y los estándares del sector: cercar los agujeros para evitar que se caigan niños y ganado, ofrecer fuentes de agua alternativas, compensar adecuadamente por las recolocaciones…. Si ZCDC quieren seguir su lema » Los diamantes transformarán Zimbabue», deberían empezar por mejorar las vidas de los campesinos que llevan a cabo sus actividades extractivas.
Joy Mabenge y Karen Hudlet
Fuente: Mail & Guardian Africa
[Traducción y edición, Fernando Martín]
[Fundación Sur]
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