“Sabemos a qué colegio van tus niños. Vamos a violar a tus hijas y a convertir a tus hijos en homosexuales si no dejas de defender a los maricones”
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“Si no haces que tu marido deje de defender a esos sucios homosexuales, vamos a violar a tus hijos”
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Estas son sólo algunos de los mensajes amenazantes que Michel Tougé, un abogado camerunés especializado en derechos humanos, y su mujer recibieron en el año 2012 de la gente que se oponía a su lucha por los derechos de la comunidad LGTBI en su país.
El Artículo 347 bis del código penal de Camerún castiga “las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo” con “penas desde 6 meses hasta 5 años de cárcel y multas desde 30 hasta 305 euros”.
La mayoría de las personas acusadas por homosexualidad, son condenadas con “muy poca o ninguna prueba”, dice un informe del año 2013 de Human Rights Wath titulado “Culpable por asociación: Violaciones de los derechos humanos en la aplicación de la ley antihomosexualidad de Camerún”.
“Por aquel entonces, se estaba arrestando a mucha gente en Camerún porque existía la sospecha de que eran gays y yo fui uno de los abogados que los defendió”, explica Tougé.
Las amenezas iban acompañadas de fotografías de sus propios hijos, dos niños y dos niñas, que entonces tenían entre 8 y 15 años, en el colegio. El miedo a que estas amenazas se hicieran realidad fueron demasiado para Tougé
Después de dos meses en los que la familia no pudo abandonar su domicilio (“nos aterraba lo que pudiera pasar a nuestros hijos si les atrapaban… si les violaban”), Tougé decidió trasladar a su familia a Estados Unidos, pero él permaneció en Camerún.
“Esta situación nos traumatizó. Una situación así sólo puede provocar terror y tristeza. Cuando llegaron a los Estados Unidos, mi mujer tuvo que ir a un psicólogo porque estaba completamente traumatizada. Fue muy difícil para ella recuperar la calma, poder dormir por las noches… Esa etapa fue muy muy difícil para toda nuestra familia”.
Los efectos que la las leyes antihomosesualidad tienen en las mujeres y los niños han sido señaladas en un informe de reciente publicación titulado “Diversidad en la Sexualidad – Implicaciones para la política en África”.
El informe encontró pruebas de que tales leyes “precipitaban consecuencias negativas no sólo para las personas y la comunidad LGTBI, sino para la sociedad en su conjunto”. Entre las que se incluían “la retirada de fondos a ciertos sectores de la salud pública, particularmente los relacionados con el VIH y el SIDA y demás temas de salud sexual, aumento de la violencia social y reducción del crecimiento económico”.
Harry Dugmore, director del Centro de Periodismo Sanitario de la Universidad de Rodas, es el autor de este informe. Dugmore también observó que estas leyes conducían a la desviación de la atención en los casos de violencia sexual y de otra índole contra niños y mujeres.
Subrayando que esto supone sólo una observación y un hallazgo, añade: “definitivamente existe una correlación entre la violencia contra las mujeres y los niños y estas leyes represivas. Los datos son muy reveladores a ese respecto”.
“Para traer un punto contextual, la homofobia se entiende mejor como un mecanismo de defensa del patriarcado, en el que los hombres son siempre superiores y existen roles muy estrictos dentro de los cuales las mujeres y los niños tienen muy poco o ningún poder. Las sexualidades alternativas desafían ese patriarcado”.
“Los hombres homosexuales suponen un desafío para el patriarcado, porque desafían las roles de género y prueban a los hombres heterosexuales que hay más de una manera de ser un hombre. Es difícil demostrar que existe una correlación directa entre ambas variables, pero generalmente, en los países donde existen leyes antihomosexualidad, las tasas de violencia contra niños y mujeres suelen ser horribles”.
Este estudio se realizó con la colaboración de la Academia Nacional de las Ciencias de Uganda y está avalado por ella. Mutyaba Gloriah es el organizador de los programas de Freedom and Roam Uganda (FARUG), organización ugandesa que lucha por los derechos de las personas LGTBI. “Cuando se aprobó el proyecto antihomosexualidad recibimos mucho apoyo internacional. Parte de este apoyo vino en forma de amenazas de sanciones al gobierno y por desgracia esto ha tenido un efecto muy perjudicial para las mujeres y los niños, porque son los que tienen menos ingresos”, explica Gloriah
Después de la aprobación de proyecto ley (que finalmente se anularía por un tecnicismo) el Banco Mundial pospuso un préstamo de 90 millones de dólares destinado a los servicios de salud del país. A continuación varios países, entre ellos Suecia, Noruega y los Países Bajos, recortaron las ayudas a Uganda.
Neela Goshal, investigadora veterana en todo lo referente a derechos de las personas LGTBI de Rights Watch, asegura que “ningún otro país había sido sometido a este tipo de sanciones antes. Puede que sea contencioso decirlo, pero probablemente esto supuso una presión adicional debido que finalmente llevó a la anulación del proyecto ley”. Haya o no verdad en estas “contenciosas” declaraciones, para Gloriah, los efectos de los recortes en las ayudas financieras fueron algo que sufrió en carnes propias. “Las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales usan el movimiento feministas como un altavoz con el que ampliar sus reivindicaciones, pero cuando se aprobó esta ley, cualquier persona u organización que conociera la sexualidad de algún persona LGTBI de repente corría peligro de acabar en la cárcel. Esto supuso que muchas organizaciones que ofrecían apoyo a personas LGTBI tuvieron que cancelar estos programas, lo que además les hizo perder el dinero de la las ayudas internacionales», explica. Este dinero también se estaba invirtiendo en mujeres que, si bien no pertenecen al colectivo LGTBI, si formaban parte de algún otro grupo minoritario, «bien sea por enfermedad, discapacidad o por ser víctimas de la guerra”,continua Gloriah.
Un mes después de la aprobación de estas leyes antihomosexualidad, la ugandesa Sylvia Tamale, académica y activista por los derechos humanos, pronunciaba un discurso en la universidad de Mekerere en el que expuso el impacto negativo que esta decisión podía tener en la situación de los derechos humanos en Uganda. Durante el discurso, Tamale manifestó su acuerdo con algunos de los puntos que se planteaban en el preámbulo del proyecto ley que finalmente sería aprobado, como el fortalecimiento de la capacidad de la nación para hacer frente a las emergentes amenazas internas y externas a la unidad familiar y la necesidad de proteger a los niños y jóvenes ugandeses vulnerables del abuso y la explotación sexual. A continuación, Tamale aclaraba, “aunque estoy de acuerdo en que debemos buscar formas de abordar los temas que amenazan a nuestras familias, no estoy de acuerdo en que la homosexualidad sea uno de estos temas». Por otro lado, Tamale citó los sacrificios infantiles realizados por los curanderos tradicionales, la violencia doméstica que sufre el 90% de los ugandeses, el 50% de los informes de abuso sexual infantil que involucran niños menores de diez años de edad, siendo los agresores hombres heterosexuales conocidos por las víctimas, los millones de niños huérfanos por culpa del VIH, el aumento de los niveles de pobreza y los “patriarcas todopoderosos que exigen sumisión total y gobiernan sus hogares con mano de hierro”, como los verdaderos motivos que amenazan a las familias ugandesas.
Para ejemplificar como la naturaleza omnipresente de las creencias patriarcales se extienden más allá del hogar, Gloriah explica que “Nuestra ministra de economía es una mujer heterosexual, una luchadora apasionada por los derechos de las mujeres en general. Ella ha tenido que sufrir amenazas contra sí misma y contra su familia. Ha recibido un montón de llamadas de odio. En un momento dado, le metieron una carta bajo la puerta, amenazándola por apoyar a los homosexuales”.
La carta, rezaba así:
«Sabemos que estás trabajando con homosexuales y sabes que no está bien. No vamos a darte dinero para enseñar estas cosas a nuestros hijos. Si no abandonas este barrio, estás en peligro”.
Gloriah continúa su explicación. “Esta situación ha afectado seriamente a su vida familiar, ahora ni siquiera puede moverse libremente y sin miedo. Está siendo discriminada por su propia familia y amigos. Incluso siendo una mujer heterosexual, está sufriendo la misma discriminación que nosotros simplemente por hacer su trabajo”.
Wendy Isaack, de Human Rights Watch, añade, «en países como éste, asumes cierto nivel de exposición cuando trabajas como activista por los derechos humanos». La vida de las personas se ve amenazada cuando deciden apoyar los derechos de la comunidad LGTBI. En 2016 Isaack publicó un informe, titulado «Dime dónde puedo estar seguro», centrado en los efectos sobre las comunidades LGBTIQ nigerianas bajo la Ley de Prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo (SSMPA, por sus siglas en inglés). “El objetivo principal de la SSMPA es prohibir el matrimonio o las uniones civiles entre personas del mismo sexo e imponer penas criminales a las personas condenadas por contraer matrimonio», dice el informe. “En realidad, su alcance es mucho más amplio: la ley prohíbe cualquier tipo de convivencia entre parejas homosexuales y las muestras públicas de afecto. Además, cualquier persona LGTBI o no, incurrirá en un delito si funda o apoya una sociedad gay de cualquier tipo”. Los castigos por estas faltas van desde los 10 a los 14 años de prisión.
Juliet Bar, un abogada nigeriana de derechos humanos, asegura que “la ley definitivamente ha afectado a los derechos y la accesibilidad de las mujeres de grupos minoritarios, como las mujeres con discapacidades o aquellas víctima de Boko Haram». “Estas mujeres no han podido acceder a ningún tipo de servicio sanitario que les ayude a hacer frente a los efectos psicológicos que sufren tras la insurgencia de Boko Haram. Muchas de ellas fueron violadas y el gobierno no está haciendo ningún esfuerzo por ayudarlas a superar sus traumas. Muchas mujeres son desplazadas y dieron a luz después de haber sido violadas”, denuncia Bar.
Pierre Brouard, subdirector del Centro de Sexualidades, SIDA y Género de la Universidad de Pretoria, sin embargo, no se muestra convencido a este respecto. «Es un asunto difícil de cuantificar. ¿Cómo se demuestra, por ejemplo, que los recursos van a ir a una cosa, cuando podrían ir a otra? Es un planteamiento difícil de argumentar aunque tenga sentido lógico». Isaack también se muestra reticente a comentar sobre los efectos que este tipo de leyes pueden tener en las mujeres y los niños. «No hemos llevado a cabo investigaciones sobre el tema, así que no tengo la evidencia necesaria para manifestarme a favor o en contra de la teoría”. Isaack sin embargo añade que, durante su investigación en Nigeria, los hombres homosexuales les informaron que, cuanto tenían en el apoyo de sus familias, estas eran inevitablemente amenazadas por los miembros de la comunidad, quienes aseguraban que les expulsarían de la comunidad por promover la homosexualidad.
Para Togué, el precio de defender los derechos de los homosexuales ha sido tener que vivir separado de su esposa y sus hijos. Cinco años después del difícil periodo que condujo a esta separación, el abogado explica que han tenido que acostumbrarse a vivir así. Visita a su familia dos veces al año. Confiesa que la situación es difícil, pero que se han amoldado a ella. Cuando se le pregunta por qué no trasladarse con ellos, Togué hace una pausa antes de decir: «Mi propósito es desafiar la ley. Uno de estos días, se eliminará. Necesito hacer este trabajo. Para mí, es un deber.
Carl Collison
Fuente: Mail and Guardian
[Traducción y edición, Sarai de la Mata]
[Fundación Sur]
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