Las activistas femeninas sufren persecución, principalmente, porque su mera existencia es una ofensa para la naturaleza patriarcal de las sociedades.
Los espacios cívicos de todo el mundo están encogiendo y desapareciendo. Según recientes informes, son muchos los países en los que los activistas viven bajo la amenaza de gobiernos que recurren cada vez más a menudo a la violencia como herramienta de opresión. Para los defensores de los derechos humanos de la mujer, esto significa que sus cuerpos se han convertido en el campo de batalla donde se está librando la guerra por los derechos civiles.
En Egipto, la violencia sexual se ha convertido en una herramienta habitual con la que silenciar a las manifestantes. Entre los detenidos por tomar parte en un sentada-protesta en Egipto había varias mujeres. Más tarde, un general del ejército egipcio admitió públicamente que los oficiales responsables de las detenciones habían hecho «tests de virginidad» a las detenidas, según un informe de la Comisión Africana por los Derechos Humanos publicado en 2012.
«El ejército egipcio realizó degradantes exámenes de virginidad a las manifestantes, lo que constituye en sí mismo una agresión sexual. Además, el 4 de mayo de 2016, varias manifestantes y periodistas fueron agredidas física y sexualmente durante una manifestación», denuncia Mozn Hassan, directora ejecutiva del grupo de Nazra de Estudios Feministas. «Entre ambos incidentes, cientos de mujeres, algunas de ellas activistas por los derechos de la mujer, han sido agredidas sexualmente. La violencia sexual es, por desgracia, un fenómeno social», se lamenta.
Todos los años, el Informe Civicus sobre el Estado de la Sociedad Civil analiza los principales eventos que han afectado directamente a la sociedad civil internacional. El informe más reciente indica que, tanto en países desarrollados como en desarrollo, se están cerrando espacios cívicos utilizando instrumentos legales, pero también violencia, intimidación y en algunos casos asesinatos.
Para las mujeres activistas, la situación es todavía peor. Aunque la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos y el Protocolo de Maputo de 2013 instan a los estados africanos a luchar contra la discriminación de la mujer, las activistas femeninas se enfrentan a formas adicionales de persecución en comparación con sus compañeros varones, principalmente por la estructura patriarcal de las sociedades en las que operan y cuyo status quo desafían.
Las activistas femeninas se enfrentan a riesgos específicos por ser mujer por culpa de una discriminación de género sistemática y a las desigualdades arraigadas como parte de las normas sociales y culturales.
Los activistas son a menudo víctimas de detenciones arbitrarias. Para las mujeres estos periodos de encarcelación suponen, además de las mismas vejaciones que a sus compañeros, privación premeditada de productos de higiene íntima durante su ciclo menstrual como herramienta de humillación con la que romper su espíritu. Por otro lado, muchas mujeres han denunciado haber sido sometidas a inspecciones coporales invasivas por pare de funcionarios masculinos, especialmente si fueron arrestadas durante las manifestaciones.
Si los conflictos bélicos son el contexto donde observamos con más frecuencia la violación utilizada como arma, también se usa para silenciar a las activistas. Cuando activistas y abogadas acuden a la policía para ayudar a las víctimas de violencia de género, se las agrede sexual y verbalmente, acusándolas de «rompehogares».
En Burundi, las activistas por los derechos humanos, se enfrentan a violentas campañas de desprestigio para que abandonen sus reivindicaciones. Los medios de comunicación hablan de estas mujeres como «divorciadas amargadas», al mismo tiempo que cuestionan sin tapujos su estado mental e integridad moral. Ataques estos destinados a humillarlas y aislarlas.
Un informe encargado por el portavoz de la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos sobre la defensa de los Derechos Humanos en África, indica que este tipo de agresiones contra las defensoras de los derechos de la mujer no son sólo frecuente, si no que la mayoría de las veces no son castigados.
En el continente africano, los activistas por los derechos de la comunidad LGTBI también se enfrentan a graves riesgos de género. Noxolo Nogwaza era una activista LGTBI sudafricana, además de organizadora del Comité local del orgullo gay en el este de Johannesburgo.
En 2013, Nogwaza fue brutalmente violada, torturada y asesinada en un tipo de agresión llamado «violación correctiva», ostensiblemente cometida por el criminal (o los criminales) para «curar» a sus víctimas de su orientación sexual. Los asesinos de Nogwaza todavía no han sido llevados ante la justicia.
Los asesinos de Fanny Ann Eddy, fundadora de la Asociación de Gays y Lesbianas de Sierra Leona, también siguen en libertad.
En junio, una activista LGTBI tunecina que ha pedido conservar el anonimato, explicó los peligros a los que se enfrentan las mujeres como ella, Nogwaza o Eddy: «Nosotras, como mujeres no heterosexuales, estamos bajo más presión y sufrimos más ataques porque se nos acusa de querer destruir los ideales de unidad familiar y nos consideran una amenaza para el bienestar de los niños».
Los efectos físicos y psicológicos de estos ataques persisten en el tiempo.
Jestina Mukoko, activista y directora de Zimbabwe Peace Project, ostenta el dudoso honor de ser una de las activistas que más violaciones de derechos ha sufrido en carnes propias. En 2008, varios agentes de seguridad secuestraron a Mukoko, la encarcelaron sin juicio y la interrogaron en numerosas ocasiones por ser sospechosa de incitar el derrocamiento del régimen. Mukoko soportó métodos extremos de tortura durante los 21 días que estuvo detenida.
En 2016, Mukoko publicó un libro detallando sus ordalías. Mientras relataba a los medios las intensas palizas y la privación de sueño a la que fue sometida, Mukoko rompió a llorar: «Pensaba que lo había superado… Que podría contarlo sin derrumbarme».
A pesar de la discriminación sistemática y los muchos peligros a los que se enfrentan, las activistas continúan su trabajo. En el proceso, arriesgan su salud, su dignidad y sus vidas para luchar por los derechos de las demás en sociedades profundamente patriarcales.
Para garantizar la seguridad de estas defensoras de los derechos humanos, y por consiguiente construir sociedades más justas, primero debemos redefinir nuestra identidad colectiva dejando fuera el arcaico patriarcado y la violencia sexual.
Una mujer con voz, no debería ser una ofensa para ninguna nación.
Fuente: Bhekisisa
[Traducción y edición, Sarai de la Mata]
[Fundación Sur]
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