Un nuevo informe de la ONU compara los actos del gobierno israelí con el pueblo palestino con los horrores del apartheid.
Se destacan dos de las recomendaciones del informe. En primer lugar, pide a la Corte Penal Internacional que investigue a Israel. En segundo lugar, el informe insta a los estados miembros de la ONU a permitir el proceso legal de funcionarios israelíes relacionados con las prácticas de apartheid que su gobierno lleva a cabo contra Palestina. Dado que la mayoría de Estados del mundo firmaron la Convención contra el Apartheid, ahora tienen la obligación de actuar.
Apartheid es una palabra poderosa que evoca la experiencia sudafricana y con implicaciones de crimen contra la humanidad y en Naciones Unidas no la usan a la ligera. Rara vez aparece en los informes de la ONU y no se escucha de los labios de sus funcionarios. Pero ahora, en un informe difundido el 15 de marzo en Beirut, Líbano, la ONU ha proclamado que Israel es culpable de un crimen de apartheid. Ese es un juicio muy significativo con importantes ramificaciones para la ONU, para la Corte Internacional de Justicia y para la comunidad internacional.
En 2015, la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO) recibió el encargo de sus estados miembros, dieciocho estados árabes de Asia Occidental y África del Norte, de estudiar si Israel había establecido un nuevo régimen de apartheid. La CESPAO pidió a dos académicos estadounidenses, Richard Falk y Virginia Tilley, que inciciaran el estudio. Falk había sido portavoz de la Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanso en territorio palestino desde 2008 hasta 201. Tiley, por otro lado, jefa de investagación de el Consejo de Investigación en Ciencias Humanas de Sudáfrica que, en 2009, emitió un informa sobre las similitudes que el Apartheid sudafricano guarda con la actual situación de Israel y la Palestina Ocupada.
Este informe no limita el grave cargo de que Israel es culpable de apartheid a Cisjordania, Gaza y Jerusalén, el Territorio Ocupado, sino que también lo sitúa dentro de sus propias fronteras y en contra de los refugiados palestinos. Este es un informe cortante y agresivo que será difícil de ignorar para Israel.
¿Fin del consenso de los Dos Estados?
El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitó Washington DC recientemente para reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En esa reunión, el Sr. Trump pareció ignorar el consenso internacional sobre la creación de dos estados. De hecho, como el ya citado informe de Tilley, entre otros, demuestra que la solución de Estados Unidos lleva viciada mucho tiempo. El proyecto de asentamientos judíos ilegales del gobierno de Israel en Cisjordania y su anexión virtual a Jerusalén hacen imposible imaginar que los palestinos puedan establecerse en esa región
Lo que tenemos en la práctica es un estado único. Israel ha ejercido su dominio en toda la zona al oeste del río Jordán creando un estado regido por un sistema de apartheid en el que los judíos israelíes ostentan la posición de poder sobre los palestinos.
El nuevo informe de la ONU habla de esta inquietante situación de apartheid no sólo en el Territorio Ocupado de Cisjordania y Jerusalén Oriental, sino en todo Israel.
Uno de los motivos por los que el gobierno israelí no está dispuesto a considerar la solución del Estado Único con igualdad de derechos para todos los israelíes y palestinos es lo que ellos llaman la «amenaza demográfica». Si los 12 millones de palestinos -incluidos los exiliados y los refugiados- fueran ciudadanos de este Estado Único, superarían a los seis millones de judíos del país. El informe de la ONU sostiene que Israel es un «régimen racial» porque sus instituciones están basadas en el mantenimiento de una nación judía mediante técnicas de supresión y expulsión.
Discriminación bruta
Los palestinos que tienen ciudadanía israelí (ezrahut) no tienen derecho a la nacionalidad (le’um), lo que significa que sólo pueden acceder a servicios sociales inferiores, hacen frente a leyes restrictivas de zonificación y no pueden comprar tierras libremente.
Los palestinos de Jerusalén Oriental ven su condición civil reducida a la de «residentes permanentes» que tienen que demostrar constantemente que viven en la ciudad y que no tienen ninguna ambición política.
En Cisjordania, los palestinos viven en unas condiciones «coherentes con una situación de apartheid», escriben los autores del informe de la ONU. Por otro lado, los que son exiliados a campos de refugiados en Líbano, Siria o Jordania no tienen absolutamente ningún derecho en su patria.
Todos los palestinos, ya sean los que viven en Haifa (Israel) o en Ain al-Hilweh (Líbano) sufren las consecuencias del apartheid israelí. Esta situación indigna se materializa con leyes que humillan a los palestinos. La última normativa, la propuesta de ley Muezzin, impone límites a la tradicional llamada a la oración de los musulmanes en Israel y el este de Jerusalén.
El problema no sería tan grave si, al menos, el sistema político israelí diera alguna vía a los palestinos para hacer valer sus derechos contra las condiciones que se les imponen bajo este régimen tan similar al apartheid sudafricano, pero el artículo 7 (a) de la Ley Fundamental prohíbe a cualquier partido político desafiar el carácter judío del Estado.
Dado que esta descripción del Estado israelí convierte a los palestinos en ciudadanos de segunda clase, sus derechos de voto se reducen a una mera afirmación de su subordinación. Como sugiere el informe de la ONU, «una analogía sería un sistema en el que los esclavos tengan derecho a votar, pero no contra la esclavitud». Los palestinos dentro de Israel y en los Territorios Ocupados, así como en el exilio forzado, tienen prohibidos luchar para cambiar los términos de la política en Israel. Este obstáculo es la razón por la cual el informe de la ONU apela a la comunidad internacional para que cumpla con sus compromisos.
Dado que la mayoría de los Estados del mundo han firmado la Convención contra el Apartheid, ahora están obligados a actuar para castigar los casos de apartheid. Se destacan dos recomendaciones del informe. En primer lugar, los autores piden a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la situación en Israel. El Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, abrió una investigación sobre el ataque israelí de 2014 contra Gaza y sobre los asentamientos ilegales en Cisjordania. Bensouda ha indicado que no se opone a una evaluación completa de las acciones de Israel, que a partir de ahora investigue estas acciones como cometidas dentro de un régimen de apartheid, ya es un tema aparte.
En segundo lugar, el informe pide a los Estados miembros que permitan «enjuiciamientos criminales de funcionarios israelíes que estén manifiestamente relacionados con las prácticas de apartheid contra el pueblo palestino». A principios de este año, la exministra de Relaciones Exteriores de Israel, Tzipi Livni, canceló un viaje a Bruselas cuando fue alertada de que los fiscales podrían arrestarla usando el principio de jurisdicción universal. Tales acciones aumentan el costo para Israel de sus propias políticas de apartheid.
Cuando el Consejo de Seguridad de la ONU declaró a finales del año pasado que los asentamientos de Israel en los Territorios Ocupados eran ilegales, la preocupación en Israel era que Bensouda pudiera acelerar su trabajo. Otros en Israel dijeron que no había nada nuevo en la resolución, que ni usó la palabra ‘grave’ para describir la situación ni consideró que las acciones israelíes fueran un crimen de guerra. Pero el nuevo informe hace ambas cosas. Si se reconoce que Israel es un Estado de apartheid, esto equivale a crimen de guerra (en el Protocolo adicional de 1977 a los Convenios de Ginebra) y a un crimen contra la humanidad (en la Convención de Apartheid de 1973 y en el Estatuto de Roma de la CPI de 1998) .
Gali Tibbon
Fuente: Pambazuka News
[Traducción y edición, Sarai de la Mata]
[Fundación Sur]
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