Los abusos de los derechos humanos son definitivamente tolerables cuando se trata de Ruanda. En verdad, a pesar de la publicación de un perjudicial informe de la ONU, acusando a Ruanda de atrocidades cometidas en el este de la República Democrática del Congo, y del hecho de que el régimen de Kigali cada día es más represivo, el dinero de los donantes sigue fluyendo hacia Ruanda, de manera casi incondicional.
Por ejemplo, el mes pasado el Banco Mundial aprobó un estímulo a la ayuda financiera de 104.4 millones de dólares al gobierno de Ruanda, en apoyo a su Estrategia de Desarrollo Económico y Reducción de la Pobreza, EDPRS. A principios de este mes, el Reino Unido destinó 330 millones de libras esterlinas a Ruanda como apoyo financiero para los próximos cuatro años. Los Países Bajos ahora han retirado a Ruanda de la reducida lista de países que seguirán recibiendo Ayuda al Desarrollo, en beneficio de grupos que necesitan mucho más la ayuda, para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. En contradicción a esta postura, los Países Bajos cancelaron su ayuda directa al presupuesto a Ruanda, el pasado mes de diciembre, en respuesta a las crecientes críticas en su Parlamento.
Según Elizabeth Carriere, jefa del Departamento Británico para el Desarrollo Internacional, “La prestación de ayuda al presupuesto general y sectorial es un voto de confianza a Ruanda, para que pueda utilizar el dinero de manera efectiva, eficaz y responsable”. En general, los donantes tienen una gran estima a Ruanda por su habilidad para mostrar resultados en lo que respecta a la implementación de los programas de desarrollo apoyados por Occidente y minimizar la corrupción. Esto también es evidente por el hecho de que la ayuda extranjera supone más de la mitad del presupuesto nacional, con más de 500 millones de dólares al año. Mientras que la cada vez más despótica y autoritaria naturaleza del régimen del presidente Paul Kagame sigue sin investigarse, empieza a ser obvio que Ruanda es una excepción a la noción generalmente aceptada de que la democracia va de la mano con el progreso.
Aparentemente, los donantes en su mayoría están interesados en preservar las relaciones diplomáticas con socios estratégicos, sin importarles que esto pueda significar ignorar su negativo historial en cuanto a derechos fundamentales humanos y derechos y libertades políticas. Durante una visita de trabajo a la RDC y Ruanda el mes pasado, el ministro holandés de Asuntos Europeos y Cooperación Internacional, Ben Knapen, alabó al presidente Paul Kagame, por los logros económicos y de desarrollo alcanzados por su país. Aunque el ministro discutió sobre “Seguridad y estabilidad en las fronteras de la región y el fortalecimiento del estado de derecho” con el presidente, no se mencionó nada sobre el informe de la ONU del Mapping Exercise, publicado en octubre del año pasado. A pesar de que el informe acusa a Ruanda de violar los derechos humanos y las leyes humanitarias internacionales en el este de la RDC, no atrajo mucha atención durante la visita oficial de Knapen a la región devastada por la guerra del África Central. Sin embargo, es importante mencionar que el señor Knapen transmitió la preocupación de los Países Bajos por un juicio “justo y transparente” para la encarcelada líder de la oposición, Victoire Ingabire, y por la situación política en Ruanda.
En su informe anual publicado en enero de este año, Human Rights Watch, HRW, criticó el creciente uso de medidas suaves por las democracias occidentales hacia ciertos regímenes represivos. Según el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, “El “diálogo” y la “cooperación” con gobiernos represivos es demasiado a menudo una excusa para no hacer nada con respecto a los derechos humanos”. La comunidad internacional está siendo negligente con la necesidad de reformas democráticas en los pequeños estados del África Central, en parte por un sentimiento generalizado de culpa y responsabilidad por no haber evitado o intervenido para detener el genocidio de 1994. De cualquier modo, los donantes también pueden sentirse reacios a examinar más de cerca el país africano que está mostrando al mundo cómo la ayuda al desarrollo intensiva, unida a un gobierno competente puede lograr la recuperación económica que cualquier país devastado por la guerra necesita.
El informe del Mapping Exercise de la ONU dice bien claro que el mundo es consciente de que todavía se cometen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el este de la RDC y del papel de Ruanda en ello. Es bastante sorprendente, sin embargo, ver cómo países como Reino Unido y Países Bajos, considerados como garantes del respeto por los derechos humanos, continúan haciendo una vista gorda consensuada ante despreciables crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cometidos por sus aliados en la región de los Grandes Lagos de África.
Semejante silencio ensordecedor llega a ser incluso más alarmante cuando uno de estos países donantes es sede de instituciones internacionalmente reconocidas contra la impunidad, como es el Tribunal Penal Internacional, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, y también ha sido sede del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
Léandre Karangwa y Olivier Niyibizi
(Jambo News, 17-03-11)
