El confinamiento por la COVID-19 en Uganda se produjo con tortura, violencia sexual, arrestos injustos y muertes bajo custodia policial, entre otras violaciones graves de los derechos humanos. Una investigación reciente de las Comisiones de Justicia y Paz (JPC) de la Archidiócesis Católica de Gulu y la Diócesis de Lira, en el país de África Oriental, así lo ha establecido.
En un informe compartido por el Denis Hurley Peace Institute(DHPI), que encargó el estudio en las dos regiones, se hace una llamada a la acción contra los autores de los crímenes que han sido vinculados a las autoridades.
“Torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, uso excesivo de la fuerza y escasez de alimentos caracterizaron la mayoría de las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el encierro por COVID-19”.
El informe también detalla la muerte bajo custodia, la negación del acceso a la información sobre COVID-19, el acceso inadecuado a la salud y los materiales de protección de la salud y el desempleo como males adicionales que experimentaron los civiles durante la pandemia. En su informe conjunto, los funcionarios de la JPC señalan que ni las organizaciones de la sociedad civil ni los funcionarios del gobierno respondieron a los incidentes de violación de derechos humanos durante el encierro por la COVID-19 en las áreas cubiertas por las dos sedes episcopales.
En la Archidiócesis de Gulu se realizó una evaluación rápida en varios subcondados de los distritos de Omoro y Agago, mientras que en la Diócesis de Lira, la evaluación se realizó en las parroquias católicas de Aduku, Ngetta y Aber. La comisión de la Iglesia en la Archidiócesis de Gulu se acercó a 116 encuestados, incluidos 95 hombres y 21 mujeres, mientras que en Lira, fueron 83 encuestados, incluidos 60 hombres y 18 mujeres.
Johan Viljoen, director de DHPI, declaró que cuando se impusieron los cierres por la COVID-19, entre marzo y abril del año pasado, el instituto de la Conferencia de Obispos Católicos de África Meridional (SACBC) recibió informes de varios abusos en varios países africanos.
“Recibimos informes de muchas de nuestras organizaciones socias de que los gobiernos utilizan las restricciones por la COVID-19 para ejercer una mayor represión y cometer violaciones de derechos humanos”.
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En la Diócesis de Lira, las personas más afectadas por el encierro por la COVID-19 fueron aquellas que no pasaron de la escuela primaria. La mayoría de ellos, señala el informe, son trabajadores ocasionales cuyos trabajos se vieron muy afectados por el cierre. La segunda categoría está compuesta por aquellos que terminaron en el nivel secundario, seguidos por aquellos que obtuvieron estudios vocacionales o postsecundarios. Los menos afectados son los que han ido a la universidad.
El informe busca arrojar luz sobre el «trato cruel, inhumano y degradante«, que ha sido perpetrado principalmente por el personal de seguridad durante el encierro de la COVID-19.
Según el informe, entre los crímenes cometidos se incluye la violencia sexual contra niñas y mujeres, cometida tanto por el personal de seguridad como por los niños de la calle y los hombres. También se ha informado de un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército al implementar el toque de queda.
Muchas personas entrevistadas informaron que la fuerza policial de Uganda y la defensa del pueblo de Uganda golpearon y arrestaron a civiles durante el confinamiento por la COVID-19 y el acceso a la atención médica y material de protección como mascarillas y desinfectantes fue muy limitado para la población local ya que muchos de ellos no estaban al tanto de la pandemia. El informe también destaca el suministro inadecuado de alimentos a la población local entre las desigualdades que se experimentaron durante el cierre por COVID-19: “La mayoría de las tiendas fueron cerradas y las pequeñas empresas fueron suspendidas, por lo tanto aumentó el desempleo de la mayoría de la gente”.
“Los miembros de la comunidad no pudieron denunciar algunas de estas incidencias a ninguna de las autoridades gubernamentales ya que algunas de estas autoridades también fueron denunciadas como parte de los violadores de sus derechos”.
En su conjunto de recomendaciones, el informe propone que se forme una defensa conjunta, tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de los líderes religiosos, para abordar las violaciones de derechos humanos que se cometieron. También proponen que las personas que cometieron violaciones de derechos humanos sean buscadas y responsabilizadas por sus acciones. Además, piden al gobierno de Uganda que indemnice a las víctimas de presuntos abusos contra los derechos humanos.
“La policía de Uganda y las fuerzas de defensa del pueblo de Uganda deben comenzar a capacitar a sus agentes en derechos humanos y el estado de derecho. Los líderes religiosos también deben unirse para defender la difícil situación de los miembros de la comunidad«.
Las organizaciones de la sociedad civil, recomienda el informe, también deberían participar realizando más investigaciones sobre violaciones o abusos de derechos humanos en relación con el encierro de la COVID 19.
Fuente: Aci Africa
[Fundación Sur]
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