Objeto de una orden internacional de arresto por su presunto rol en el genocidio de 1994, Agathe Habyarimana fue arrestada el día 2 de marzo en las afueras de París, y después liberada, bajo control judicial.
Es difícil no ver relación de causa y efecto. Unos días después de la visita de reconciliación de Nicolas Sarkozy a Kigali, Agathe Habyarimana, viuda del presidente ruandés asesinado en abril de 1994, fue arrestada el día 2 de marzo en Courcouronnes. La mujer es sospechosa de haber interpretado un papel en el genocidio. Unas horas más tarde, fue puesta en libertad bajo control judicial.
Kigali reclama su extradición desde 2004. Este arresto se ha producido debido a un mandato de arresto internacional emitido por las autoridades ruandesas. Esta noticia parece una muestra de buena voluntad hacia Kigali, en un contexto de calentamiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, que han sido distantes durante tres años.
“Queremos que los responsables del genocidio sean detenidos y castigados”, declaró Nicolas Sarkozy el día 26 de febrero, durante una conferencia conjunta con su homólogo ruandés, Paul Kagame, “Y ¿qué hacemos en Francia al respecto? Acabamos de denegar el asilo político a personas relacionadas y se ha abierto un proceso judicial”, añadió, haciendo referencia sin citarla, a Agathe Habyarimana.
Tres demandas de extradición denegadas a Kigali
Agathe Habyarimana a menudo ha sido acusada de ser miembro del “Akazu”, el primer círculo de poder que fomentó el genocidio, algo que ella siempre ha negado. El atentado contra el avión que transportaba a su esposo, el 6 de abril de 1994, está considerado como la señal detonante del genocidio, que causó 800.000 muertes.
Evacuada por militares franceses hacia Francia los primeros días del genocidio, la viuda del presidente asesinado se instaló en Francia en 1998. En 2007, se le negó efectivamente la solicitud de asilo, -presentada en 2004, cuando los ruandeses lanzaron la orden de arresto internacional-, por la oficina francesa de protección de refugiados y apátridas OFPRA. Este rechazo fue posteriormente confirmado por la Comisión de Recursos de los refugiados, (convertido en el Tribunal Nacional de Asilo), en virtud de la convención de Ginebra y por su presunta implicación en la política genocida del régimen ruandés. Una decisión definitivamente validada el pasado mes de octubre, por el Consejo de Estado.
“Su detención es una buena noticia, porque esto quiere decir que ella no va a quedar impune”, opina Michel Laval, abogado del Colectivo de demandantes civiles para Ruanda, CPCR. En 2007, el colectivo había presentado una denuncia contra la viuda por complicidad en el genocidio “pero la información judicial está en punto muerto”, ha dicho, “por fin, parece que se va a considerar su caso con más detenimiento”, se felicitó el abogado.
Ahora es la Cámara de instrucción del Tribunal de Apelación de Paris quien debe pronunciarse sobre la demanda de extradición. La justicia francesa ha autorizado la extradición de varios ruandeses sospechosos de estar implicados en el genocidio al tribunal penal internacional para Ruanda, TPIR, de Arusha, Tanzania, sin embargo se ha opuesto tres veces a la extradición a Kigali, argumentando que la justicia ruandesa no puede garantizar un “proceso justo” y el acceso a una justicia independiente. Hace un mes, el tribunal de apelación de Burdeos ha decidido aplazar al 3 de junio su decisión sobre la demanda de extradición de un médico ruandés acusado de haber participado en el genocidio. En total, hay 30 investigaciones abiertas por la justicia en Francia contra ruandeses, desde 1995.
(Le Potentiel, República Democrática del Congo, 03-03-10)
