En vísperas del tercer aniversario de los asesinatos y violaciones, la investigación debe recibir un mayor respaldo.
Los cientos de víctimas de la masacre, violaciones y otros abusos cometidos en 2009 por las fuerzas de seguridad en Guinea siguen esperando que se haga justicia, ha declarado Human Rights Watch en vísperas del tercer aniversario de los ataques. El Gobierno guineano debe reforzar su apoyo a la investigación que se lleva a cabo a escala nacional para que los responsables de esos crímenes sean llevados ante la Justicia sin más dilación.
El 28 de septiembre de 2009 varios centenares de miembros de las fuerzas de seguridad de Guinea irrumpieron en un estadio de la capital guineana, Conakry, y abrieron fuego contra decenas de miles de partidarios de la oposición que se habían reunido pacíficamente. Por la tarde al menos 150 guineanos yacían muertos o moribundos y decenas de mujeres habían sufrido una brutal violencia sexual, incluidas violaciones individuales o colectivas.
“Ya es hora de que las víctimas y los familiares de los que perdieron la vida vean a los autores de los atroces crímenes del 28 de septiembre de 2009 obligados a responder de sus actos”, declaró Elise Keppler, jurista sénior del programa Justicia Internacional, de Human Rights Watch. “Además, la reiterada falta de adopción de medidas por el Estado para perseguir a los que vulneran los derechos humanos, responsables de varios decenios de represión en Guinea, ha fomentado nuevos abusos”.
En febrero de 2010 se nombró un comité nacional de jueces para investigar los crímenes. El comité ha hecho progresos importantes en la investigación, especialmente mediante el interrogatorio de más de 200 víctimas, explicó Human Rights Watch. También se han iniciado diligencias contra al menos siete personas relacionadas con los crímenes. Se trata, entre otros, de Mussa Tiegboro Camara, el actual Ministro guineano responsable de la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado y, más recientemente, del Coronel Abdulaye Cherif Diaby, Ministro de Sanidad en el momento de los hechos.
Sin embargo, más de dos años tras la masacre, más de 100 víctimas esperan poder prestar declaración ante los jueces de instrucción y está aún pendiente una investigación sobre las posibles fosas comunes. Asimismo los jueces de instrucción siguen sin poder interrogar a dos de las personas clave implicadas en los crímenes: el Capitán Mussa Dadis Camara, Presidente por aquellas fechas, y el Capitán Claude “Coplan” Pivi, Ministro de Seguridad presidencial en el momento de los hechos y que sigue ocupando ese cargo. El colegio de jueces tampoco ha interrogado aún a los otros testigos de los Servicios de Seguridad guineanos.
Hasta ahora los jueces de instrucción no han podido disponer del equipamiento y medios necesarios y han disfrutado de una protección limitada. Además, los principales sospechosos no han sido destituidos de sus funciones en el Gobierno durante la investigación: es el caso por ejemplo de Moussa Tiegboro Camara, cuya posición le permite intervenir en las investigaciones criminales.
Una investigación llevada a cabo por Human Rights Watch en 2009 llevó a la hipótesis de que los asesinatos, violaciones y demás abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad el 28 de septiembre de 2009 pueden elevarse al rango de crímenes contra la Humanidad dada su amplitud y su carácter sistemático. Una comisión de investigación establecida por el Secretario General de las Naciones Unidas ha coincidido en determinar que se han cometido crímenes contra la Humanidad.
En octubre de 2009 la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ha iniciado un examen preliminar sobre la situación en Guinea, país que reconoció la Corte en 2003. Sin embargo la cuestión de la posible apertura de una investigación de la CPI en Guinea sigue pendiente, ya que de acuerdo con el principio de complementariedad de la Corte, ésta sólo actúa cuando las autoridades nacionales no tienen la capacidad o la voluntad de llevar a cabo las diligencias.
Pero incluso si la CPI iniciase una investigación, su margen de maniobra para garantizar la justicia sería limitado porque la Corte se centra únicamente en genocidios, crímenes contra la Humanidad y contra los sospechosos con responsabilidades del más alto nivel, además de tener su sede a miles de kilómetros de Guinea.
Human Rights Watch ha dirigido una misión en Guinea en junio de 2012 para evaluar los progresos de la investigación sobre la masacre del 28 de septiembre de 2009 con el fin de promover que se siga investigando y que se celebren procesos justos y eficaces en el país. La organización publicará próximamente un informe sobre esta misión.
“Guinea envía un mensaje terrible a las víctimas al permitir que los principales sospechosos continúen en sus funciones en el Gobierno, desde donde pueden influir en la investigación” ha dicho Elise Keppler. “Una vez que los jueces de instrucción han hecho algunos progresos en la investigación, deben contar con un respaldo mayor del Gobierno guineano para poner término al ciclo de abusos e instaurar en Guinea el respeto al Derecho”.
Artículo publicado en Guinee 58, el 27 de septiembre de 2012.
Traducido para Fundación Sur por Concha Hidalgo Díaz de Aguilar.
