El 7 de octubre de 2018, el presidente Paul Biya, en el poder desde 1982, fue reelegido para un séptimo mandato en un contexto de aumento de los abusos contra los derechos humanos y un grave deterioro de la situación de seguridad, particularmente en el noroeste. Y el suroeste del país.
Si bien varios observadores han observado una movilización ciudadana sin precedentes en las elecciones presidenciales, los ataques y la represión contra los defensores de los derechos humanos y otros actores de la sociedad civil se están redoblando.
Los ataques a los defensores de los derechos humanos deben detenerse «, dijo Alexandra Poméon, Jefe del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (FIDH / OMCT) de la FIDH. Sin embargo, en Camerún, los miembros de organizaciones de la sociedad civil independientes son sometidos regularmente a actos de intimidación y hostigamiento, incluido el judicial. Estos últimos ejercitan sus actividades de derechos humanos en un ambiente tenso y de riesgo.
La preocupación ha crecido entre ellos, especialmente desde que Franklin Mowha, Presidente de Frontline Fighters for Citizen Interest (FFCI), esté desaparecido desde el 6 de agosto de 2018, mientras estaba en una misión. Kumba, en la región sudoeste, para documentar casos de violaciones de derechos humanos relacionadas con la crisis sociopolítica en zonas de habla inglesa. En este caso, las autoridades permanecen en silencio a pesar de una queja presentada el 4 de septiembre de 2018.
Al menos seis periodistas arrestados
«Debido a los arrestos, cada vez es más difícil para los periodistas independientes y miembros de la sociedad civil desempeñar su papel de manera segura, mientras que en el contexto actual la información, el diálogo y la participación de todos. Los componentes de la sociedad son indispensables «, declara Emilie Leroux, Gerente de Proyectos de Camerún (CCFD-Terre Solidaire).
Así, al menos seis periodistas han sido arrestados en todo el país en las últimas semanas, principalmente después de la publicación de información crítica a las autoridades de Camerún sobre la gestión de la crisis anglófona. Varios de ellos están siendo acosados por la ley debido al ejercicio legítimo de su profesión, como Michel Biem Tong, Director del sitio de noticias en línea Hurinews y defensor de los derechos humanos.
Detenido arbitrariamente desde el 23 de octubre de 2018, Michel Biem Tong ha sido encerrado en prisión desde el 15 de noviembre de 2018, por parte del Tribunal Militar de Yaundé bajo una acusación de connivencia con el terrorismo, y desacato al Jefe de Estado».
«Dada la falta de independencia e imparcialidad inherente en los tribunales militares, tanto en Camerún como en otros lugares, no deben ser competentes para juzgar a civiles», señaló Samira Daoud, Directora Regional Adjunta para África occidental y central de Amnistía Internacional.
Las organizaciones firmantes solicitan la liberación inmediata e incondicional de Michel Biem Tong y el abandono de todos los cargos en su contra. También piden la apertura de una investigación independiente e imparcial sobre la desaparición forzada de Franklin Mowha.
Las organizaciones firmantes piden a Francia y a la Unión Europea, socios de Camerún, que insten a sus autoridades a que pongan fin a los obstáculos a las libertades públicas y garanticen, en cualquier circunstancia, la protección de los defensores de los derechos humanos y los periodistas. La comunidad internacional, y en particular las Naciones Unidas y la Unión Africana, deberían abordar el tema.
Una instrumentalización de la ley antiterrorista
Si bien el país se ha enfrentado desde 2014 a violentos ataques terroristas perpetrados en la parte norte por el grupo armado Boko Haram, el gobierno está abusando de la ley n ° 2014/028, de 23 de diciembre de 2014, que reprime los actos de terrorismo contra los consideradas disidentes, particularmente con respecto a periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
Además de definir el terrorismo de manera muy amplia, esta ley no especifica qué constituye una «disculpa». De hecho, las palabras o los escritos públicos pacíficos pueden infringir la ley cuando critican a las autoridades, y los individuos específicos enfrentan condenas de hasta la pena de muerte.
«El hecho de que Camerún enfrenta dos grandes crisis de seguridad no debe utilizarse para restringir, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, las libertades públicas en el país.
El hecho de que Camerún se enfrente a dos grandes crisis de seguridad no debe utilizarse para restringir, bajo la cobertura de la lucha contra el terrorismo, las libertades públicas en el país y, más particularmente, la libertad de expresión», afirmó Clément Boursin. Gerente del Programa de África (ACAT).
La legislación antiterrorista debe revisarse para adecuarla al derecho internacional, señalan las organizaciones firmantes.
Las únicas respuestas de seguridad y militares no superarán las múltiples crisis que atraviesa la sociedad camerunesa. Su resolución solo puede hacerse con respeto a los derechos humanos, lo que necesariamente implica investigaciones independientes e imparciales para esclarecer los delitos cometidos y establecer las responsabilidades de sus autores.
Asociaciones firmantes:
– Acción cristiana para la abolición de la tortura (ACAT-Francia)
– Amnistía Internacional
CCFD-Terre Solidaire
– Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos.
– Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos.
– Red de Fe y Justicia África Europa
– Alivio católico – Caritas Francia
Comunicado de prensa de ACAT Francia
Fuente: Afrik Com
[Fundación Sur]
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