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Inicio > REVISTA > Opinión >

Las malditas repercusiones del apoyo de la Unión Africana a Al-Bashir
17/07/2009 -

En mi mesa hay un memorándum que documenta las actividades de un número de empresas que han financiado, a sabiendas, los conflictos en la región de Suráfrica, para obtener lucrativos recursos minerales.

Dicha especulación constituye, posiblemente, crímenes de guerra. Varias de estas empresas tienen conexiones surafricanas.

Cuando vi la página web del Consejo de Administración de una de estas empresas y consideré lo que podría significar seguir este proceso judicial, dudé un momento. Después de todo, estos hombres se parecían a mi padre.

En mangas de camisa, relajados y con una sonrisa amigable, podrían ser los amigos de mis padres. No tienen la mirada perdida, ni el tiro fijo de los luchadores desmovilizados del Revolutionary United Front (Frente Revolucionario Unido) que vi en Sierra Leona en 2001.

No tienen grandes cantidades de munición colgadas sobre sus hombros. No llevan pistolas. En resumen, no parecen criminales de guerra. Pero si las acusaciones contra ellos resultan ser verdaderas, sí lo son.

Al suministrar un incentivo financiero para que continúe el conflicto, y así aterrorizar y someter a la población civil de los territorios ricos en recursos, son tan responsables como aquellos que dan las órdenes de capturar los territorios.

Mi duda inicial, una breve inquietud de que las vidas de estos hombres se volverían muy difíciles con nuestra investigación; una aprehensión instintiva pero equivocada de que no eran los individuos que deberíamos acusar bajo la implementación de Suráfrica del Rome Statue for the International Criminal Court Act (Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional), fue producto de un sentido de autoidentificación.

Muy probablemente, durante la cumbre de la Unión Africana ha prevalecido un sentido aún mayor de identificación de uno mismo, ya que los ministros extranjeros decidieron por votación no cooperar con la acusación llevada a cabo por la Corte Penal Internacional (ICC) contra el Presidente de Sudán, Omar Al-Bashir. En sus tribulaciones, puede que vieran su propio reflejo.

Esta evolución, aunque decepcionante, no es sorprendente: los líderes; como tales, probablemente tengan poco entusiasmo por actuar en contra de uno de ellos. Más significativo que sus propias motivaciones, sin embargo, es la legitimidad pública con la que consideran que pueden contar para dichas posturas.

Y aquí es donde el tema se vuelve espinoso. Muchas personas amables de todo el mundo, exasperadas por los dobles estándares y la desigualdad que persiste en el orden legal internacional, aprobarán lo que es, de hecho, una bofetada al sistema y sus defensores, que imputarían al Bashir, pero dejarían libres a los que son iguales que él, George Bush, Dick Cheney y Donald Rumsfeld.

La verdad del asunto es que Cheney y compañía posiblemente seguirán libres, e incluso serán agasajados, durante mucho más tiempo. No hay manera de sortear este problema. Pero, que este desequilibrio no evite que pidamos justicia donde haga falta, está ilustrado por un experimento pensado en relación con la justicia doméstica.

Imagine que en el camino hacia el trabajo, pasa a dos mujeres, cada una de ellas esperando cerca de un semáforo, con la esperanza de conseguir dinero y comida. Una mañana, una de las mujeres obstruye sin intención el tráfico.

Un hombre que conduce un coche deportivo muy lujoso, sale del vehículo y hecho una furia la agrede por impedirle seguir su camino. La mañana siguiente, sucede lo mismo con la segunda mujer, pero esta vez el agresor conduce un coche destartalado.

Ahora imagine que el conductor del primer coche tiene muchos contactos y es enormemente rico, algo que le asegura que nunca tendrá que responder ante la justicia por la agresión a la primera mujer.

Esto es una parodia, contra la que probablemente protestaríamos, pero es muy raro que alterase nuestra insistencia en que el segundo conductor rindiese cuentas por lo que hizo. Es difícil de imaginar que pidiésemos que se retrasase la depuración de responsabilidades del segundo conductor, hasta que el primer conductor tuviera que cargar con sus culpas también.

Hay que reconocer que es una analogía un tanto tensa y que no captura todas las dinámicas del juego del contexto internacional, pero desvía nuestra atención, y nos recuerda que el hecho de asegurar la paridad entre los autores de los crímenes y el de garantizar que se depuren las responsabilidades para con los heridos y perjudicados, son cuestiones diferentes y no deberían confundirse.

En cualquier caso, es difícil que Cheney y compañía evadan siempre la justicia internacional. Tanto como protesta el mundo por la disparidad, tanto dan valor y hacen más fuertes los esfuerzos de aquellos estadounidenses que tratan de llevar a estos hombres ante procesos judiciales nacionales.

El Estatuto de Roma, que creó el ICC, reconoce que los esfuerzos de la justicia nacional son preferibles en esos países extranjeros remotos y estipula que la jurisdicción del ICC no existe cuando los países utilizan genuinamente los procesos judiciales, una disposición que aquellos que votaron por la reciente resolución de la Unión Africana deberían recordar bien si realmente están preocupados por la interferencia del ICC en África.

Pero las leyes como las de Suráfrica, que nacionaliza sus obligaciones procedentes del Estatuto de Roma, también permiten la acusación de Cheney y compañía si alguna vez van a Suráfrica. Si otros países siguiesen su ejemplo, la cuerda sólo se tensaría. En cambio, la resolución de la Unión Africana nos separa de esa dirección y quita a Suráfrica su privilegiado liderazgo.

Le insinúa a Al-Bashir que puede respirar más fácilmente. Pero, al mostrar que ese compromiso de los principios de la justicia penal internacional es cambiante, la Unión Africana también permite que descansen aquellos dentro y fuera del continente que se han beneficiado del derramamiento de sangre.

Y esto hace que la posibilidad de que se juzgue a esos que parecen los más inmunes, los criminales de guerra de los países desarrollados más poderosos, sea menor, si no imposible.

Por Nicole Fritz

Nicole Fritz es la directora del Southern Africa Litigation Centre

Fuente: Mail & Guardian Online. Publicado el 15 de julio de 2009.

Traducido por Patricia Herrero Pinilla, alumna de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid Traducción /Interpretación, colaboradora en la traducción de algunos artículos.


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