La Convergencia de Iglesias para la Paz (CCCOP), un consorcio de organizaciones cristianas que trabajan en la promoción de la paz en Zimbabue ha condenado la tortura que cada año llevan a cabo las autoridades y ha pedido al gobierno endurecer las medidas para proteger a las víctimas de tortura. El pasado 26 de junio, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el consorcio expresó su preocupación:
«La CCCOP insta al gobierno a que tome medidas adecuadas para combatir este crimen atroz. En los últimos días hemos observado a los medios privados y públicos documentar casos de víctimas de tortura en Zimbabue. En el contexto de Zimbabue entre estos se incluyen secuestros o sacrificios rituales y otras violaciones de derechos humanos. Como CCCOP pedimos al gobierno que priorice los derechos de las víctimas en sus esfuerzos».
La asociación de iglesias conmemoró el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura con una campaña titulada “Un mal intrínseco que nunca puede justificarse”. Formuló recomendaciones para la acción del gobierno y señaló que, a pesar de que Zimbabue es parte de otras convenciones que prohíben la tortura y el castigo o trato inhumano y degradante, es indispensable que el gobierno aumente las prohibiciones en su código interno y que firme y ratifique la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (CAT).
También pidió al gobierno proporcionar recursos a las 12 comisiones independientes que velan por el cumplimiento de los derechos humanos y el Estado de derecho, como la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabue (NPCR), y continuar garantizando la ejecución del mandato de los servicios de seguridad, tal como se contempla en la sección 208 de la constitución, que les obliga a ser imparciales y no partidistas en su manera de proceder. Exhortó a las fuerzas del orden y a la justicia asegurar que los procesos sean transparentes y apoyen a las víctimas actuales y pasadas de tortura.
Las iglesias definen la tortura como cualquier actividad que implique cualquier tipo de dolor físico o mental severo, o sufrimiento infligido por un agente público o infligido con el permiso de un agente público con el fin de obtener información de las personas a la que se inflige el dolor. Esto incluye cualquier forma de castigo, intimidación y coerción hacia una persona para un propósito similar.
Fuente: CISA News
[Traducción y edición, Omar Benaamari Hedioued]
[Fundación Sur]
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