Las elecciones presidenciales en Mauritania están marcadas por la necesidad de combatir la discriminación étnica

Una vez declarada la independencia de Francia en 1960, la República Islámica de Mauritania anexó el tercio sur del antiguo Sáhara Español (actual Sáhara Occidental) en 1976, si bien pronto renunciaron a este territorio tras varios años de incursiones por parte del Frente Polisario. Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya accedió mediante un golpe de estado a la jefatura del país en 1984, lo que desembocó en más de dos décadas de gobierno intransigente en el que las elecciones estaban caracterizadas por la falta de transparencia y, en definitiva, real valor democrático.

Un incruento golpe de estado en 2005 depuso al presidente Taya, lo que abrió la puerta a un consejo militar cuyo rol era el de supervisar la transición hacia un régimen democrático. Abdallahi, candidato independiente, fue elegido presidente de la república en unos comicios marcados por la legalidad y las garantías constitucionales. Sin embargo, esta legislatura tocó abruptamente a su fin cuando en 2008 una junta militar liderada por Abdelaziz forzó su deposición y reinstaló un consejo militar al mando del ejecutivo. Este fue finalmente designado presidente en 2009 y, desde entonces, ha sido capaz de mantener su autoridad prácticamente intacta, tal y como muestra su contundente victoria en las elecciones de 2014 con más del 80% de los votos.

Ahora que el todavía presidente no puede optar a la reelección pese a contar con un amplio apoyo no solo entre la población general, sino también entre las clases políticas, las elecciones presidenciales del 22 de junio de 2019 tendrán en Ghazouani —que ha venido siendo la mano derecha de Aziz durante los últimos años— al principal candidato a hacerse con el puesto.

Este personaje político, militar de carrera y candidato por el actual partido en el poder, la Unión por la República (UPR), se hará previsiblemente con la presidencia. Director de la Dirección General de la Seguridad Nacional (DGSN) y jefe del estado mayor de las fuerzas armadas desde 2008, cuenta no solo con el apoyo algunos grupos de la oposición, sino también con un importante respaldo de varios actores internacionales.

Por otra parte, Ould Boubacar aparece una cara de sobra conocida en la vida política mauritana, ya que fue primer ministro tanto entre 1992 y 1996 bajo el mandato de Taya como durante el gobierno de transición de 2005 a 2007, bajo el consejo militar. Si bien se presenta como candidato independiente, cuenta con el apoyo del partido islamista Tawassoul —abreviación de la Agrupación Nacional para la Democracia y el Desarrollo, RNRD), principal fuerza de la oposición.

Por su parte, Ould Maouloud representa a la Coalición de las Fuerzas por el Cambio Democrático (CFDC), un movimiento que engloba varios partidos: el del candidato, la Union de las Fuerzas del Progreso (UFP), con trazas de ideología marxista; la Agrupación de Fuerzas Democráticas (RFD) y la Unión Nacional por la Alternancia Democrática (Unad). La semana pasada este candidato denunció la subasta de los recursos mineros nacionales tras el acuerdo entre la Sociedad Nacional Industrial y Minera y el grupo australiano BCM International Group, para la explotación del yacimiento de hierro de Fdeirik.

Biram Dah Abeid, tras haber acabado en segunda posición con el 9% de los votos en las presidenciales de 2014, vuelve a presentarse con un mensaje centrado en la lucha contra la esclavitud. De hecho, ha prometido que de llegar al poder aplicaría la lista de 12 puntos elaborada por Amnistía Internacional y otras organizaciones que contiene una serie de medidas para la lucha contra la esclavitud y la violencia contra las mujeres. Se presenta como candidato de la coalición IRA-Sawab, una alianza entre su partido, la Iniciativa por el resurgimiento del movimiento abolicionista, y Sawab, un partido nacionalista baazista y árabe. Desde hace años defiende la comunidad de los haratines, un activismo por el que le han acusado a menudo de incitación al odio, hasta el punto de haber sido enviado a prisión en dos ocasiones en el último lustro. Denuncia además que existe un boicot hacia su candidatura por los principales partidos.

En cuanto a Kane Hamidou Baba, de la Coalición Vivir Juntos (Vivre Ensemble), su programa se basa en la defensa de la población afro-mauritana, con el objetivo de acabar con los conflictos de convivencia entre los distintos grupos. En el pasado formó parte del equipo del expresidente Taya en el puesto de consejero de comunicación.

Por último, Mohamed Lemine El-Mourteji El-Wavi es el único candidato que debuta en el panorama político. Pese a ser funcionario de las arcas públicas, se trata de un personaje desconocido para la mayoría del público mauritano. Aunque su programa de 99 puntos cubre todos los sectores políticos, pone la mira en la explotación de los recursos de forma sostenible y en la redistribución de la riqueza.

Existen, sin embargo, varias cuestiones cuyo estudio resulta interesante a la hora de establecer el contexto en el que los comicios tendrán lugar. Por una parte, es importante mencionar que aunque la presencia de Al Qaeda del Maghreb Islámico ha sido controlada de forma exitosa desde 2011 a través de una estrategia en la que se ha combinado el diálogo con las misiones militares, organizaciones de este tipo siguen muy activas en territorios vecinos como Mali. En este sentido, el terrorismo representa una potencial amenaza para la seguridad no solo de las fuerzas e instituciones mauritanas, sino también para los actores internacionales presentes en el país, tal y como mostraron los numerosos ataques terroristas que tuvieron lugar especialmente entre 2005 y 2011.

Otro aspecto relevante es la cuestión étnica, ya que las tensiones sociales derivadas de esta diversidad se reflejan en última instancia en la realidad política y económica del país. En esta línea, se puede hablar de tensiones entre los tres grupos mayoritarios: los haratines, generalmente negros y descendientes de esclavos que tienen el árabe como lengua materna, que representan alrededor del 40% de la población total; los beréberes, tradicionalmente nómadas si bien ciertas comunidades se han convertido sedentarias a raíz de la industrialización y la desertización, 30%; y los afromauritanos, donde se incluyen distintos grupos étnicos (Wólof, Soninké, Fulani y tuculores) cuyo origen se encuentra en el valle del Río Senegal y cuentan a menudo con lenguas propias del África subsahariana, 30%.

Si bien el islam representa un factor unificador al ser la religión de prácticamente el total de la población, la diversidad cultural se ve a menudo reflejada en la diversidad lingüística del país, ya que además del árabe, que cuenta con el estatus de lengua oficial — la variedad hablada mauritana da lugar a un dialecto muy característico — se reconocen idiomas de otras comunidades de origen subsahariano, además del francés.

En total, la población asciende a casi 4,5 millones, con un índice de fertilidad de casi 4 hijos por mujer y más de un 60% del total por debajo de los 25 años, siendo este grupo de edad el principal valuarte a la hora de garantizar el crecimiento económico. Sin embargo, y pese a que las previsiones señalan que población seguirá aumentando, es necesario poner en marcha programas de potenciación de la educación que garanticen la formación de los jóvenes. Con una tasa de alfabetización que apenas supera el 50% y un sistema académico en el que las mujeres aparecen todavía como las grandes perjudicadas, el actual modelo educativo todavía contribuye a consolidar la desigualdad de género y ciertas formas de esclavitud.

La falta de acceso a la educación que afecta especialmente a la población negra aumenta la esclavitud, que aparece como otro de los puntos claves a la hora de describir la situación en Mauritania. Si bien esta práctica fue oficialmente abolida en 1981 —siendo el último país del mundo en prohibirla—, incluida en el código penal como delito grave en 2007 y catalogada en como crimen contra la humanidad en 2015, el problema persiste porque las leyes anti-esclavitud apenas tienen incidencia, y la práctica continúa muy arraigada en la sociedad.

Estudios publicados por varias ONG afirman que más del 2% de la población mauritana continúa esclavizada, sobre todo en la forma de trabajos y matrimonio forzados. Sin embargo, es importante aclarar que pese a contar legalmente con el estatus de personas libres, grandes sectores de la población sufren discriminación, falta de acceso a la educación y carencia de papeles y documentos de identidad, por lo que de facto soportan una forma de esclavitud que los datos no siempre muestran.

El tráfico de mujeres y niños para fines de explotación laboral y sexual representa también un factor clave a la hora de explicar la degradación de las condiciones de vida de la población. En lo que se refiere a las medidas tomadas para luchar contra este tipo de operaciones, los esfuerzos son todavía demasiado escasos. De hecho, una de las razones de la ineficacia de la ley contra la esclavitud introducida en 2007 es la necesidad de los propios esclavos de presentar su propia demanda legal, cuando la mayoría son analfabetos. Esta realidad se ve reflejada en que, desde 2014, la agencia gubernamental encargada de estos trámites no ha registrado denuncia alguna. Dada la falta de apoyo por parte de las instituciones públicas, son las ONG las únicas instituciones que ofrecen servicios de protección a las víctimas que carecen de atención por parte del gobierno. Además, estos activistas a menudo han de hacer frente a la persecución por parte de las fuerzas del orden estatales.

La pobreza, sequía y el desempleo han motivado la emigración a partir de los años 70. Los flujos iniciales dirigidos a otros países de África Occidental como Senegal, Mali, Costa de Marfil o Gambia dieron paso a una migración de trabajadores hacia Europa durante las décadas posteriores. En el sentido inverso, Mauritania ha aceptado migrantes procedentes de países vecinos desde su independencia, incluyendo los refugiados que huyen de Mali durante el creciente conflicto. El balance de migración es hoy en día prácticamente nulo.

Si bien la superficie de Mauritania dobla prácticamente a la de España, la mitad de la población vive en torno a la capital Nuakchot, en la costa, mientras que otras poblaciones más o menos importantes se encuentran cerca de la frontera con Senegal. Esta situación se explica a partir de la desertización del interior del país, en el que la densidad poblacional tanto en el centro como en las áreas septentrionales y orientales es muy baja.

En cuanto a la tradición política de Mauritania, se trata de una república presidencialista cuya actual constitución fue adoptada en 1991 y modificada en múltiples ocasiones. El presidente, que como jefe de estado y líder del ejecutivo escoge al primer ministro y a posiciones de los órgano judiciales más importantes, es elegido por mayoría absoluta en un sistema de votaciones de hasta dos rondas para una legislatura de 5 años. Forma parte de la Unión Africana (UA), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la ONU y las agrupaciones derivadas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Interpol, entre otras.

Económicamente Mauritania cuenta con una importante industria de extracción de minerales, lo que ha motivado un incremento de la inversión extranjera en estos sectores, siendo este el principal motor de crecimiento del PIB en los últimos años. Estos productos representan 3/4 del total de las exportaciones, por lo que las oscilaciones en los precios del mercado internacional tienen un impacto notable en el desarrollo económico mauritano. Además, la alta dependencia en inversión y ayuda humanitaria extranjera, junto con la falta de desarrollo de infraestructuras y las débiles instituciones, representan un riesgo para la sostenibilidad del modelo largo plazo.

Por otro lado, y pese al éxodo rural que afectó a las comunidades nómadas y granjeras y que en muchos casos fue forzoso, una gran parte de la población depende todavía de la agricultura, ganadería y pesca. Los caladeros pesqueros mauritanos son de hecho unos de los más ricos del mundo, y el sector representa el 15% de los ingresos presupuestarios. El principal desafío es, pues, controlar la sobreexplotación no solo por parte de la flota nacional, sino también extranjera.

En este sentido, la Unión Europea (UE) como principal actor extranjero comprometido con el desarrollo del país juega un papel clave a la hora de promover un modelo económico sostenible y que garantice el bienestar de la población a largo plazo. Uno de los ejemplos de esta cooperación tiene lugar en materia de pesca. El último acuerdo alcanzado en 2018 reconoce la concesión de casi 60 millones de euros al gobierno mauritano como contrapartida financiera anual en el cuadro del Acuerdo de Pesca entre Mauritania y la UE.

Esta retribución fija se suma a las licencias obligatorias que fueron adquiridas por los armadores europeos para cada navío de pesca en las aguas del país africano. Este acuerdo es una de las materializaciones de una larga y fructuosa colaboración entre las dos partes en este sector, y está basado en el desarrollo de modelos de pesca responsable que proteja los ecosistemas marinos mientras evita que la población local se vea perjudicada.

La UE es el principal donante de fondos para el desarrollo y ayuda humanitaria en Mauritania. Los programas de cooperación se centran, además de en la pesca, en el desarrollo rural, el fortalecimiento del estado de derecho y en cuestiones de salud pública a través de diferentes proyectos. En lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo, la presencia de la Unión en el Sahel se ha mantenido constante desde hace varios años, ya que la estabilidad y seguridad en esta región representa un reto mayúsculo dada su proximidad e impacto directo sobre el Viejo Continente. En este sentido, garantizar las relaciones fluidas con el G5 del Sahel supone un aspecto clave para crear una nueva dinámica regional que promueva el desarrollo de medidas contra las principales amenazas.

Lo que falta por comprobar, pues, es si los posibles intereses políticos y económicos que yacen ocultos a la percepción de la población general seguirán prevaleciendo sobre las necesidades de esta. No se trata solamente de unas élites políticas nacionales que se aprovechan de una situación de superioridad casi inquebrantable; el rol de los actores internacionales, tanto estatales como no estatales, también determinará en última instancia el desarrollo de la democracia de Mauritania. En esta línea, es fundamental que la postura adoptada por la Unión Europea sepa encontrar el balance entre la obtención de beneficios para sus propias empresas y la estimulación de la calidad de vida de los ciudadanos mauritanos. Estas elecciones presidenciales, si bien puede que no representen todavía la consolidación democrática, podrían entenderse como un paso importante en la construcción de un estado joven, todavía caracterizado por las tendencias autocráticas y totalitarias, en el que la presencia de golpes de estado ha sido una constante desde la declaración de independencia en 1960.

[Traducción y edición: Álvaro García López]

[Fundación Sur]

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