El reciente asesinato de al menos 12 civiles, entre los que había mujeres y niños, en la aldea de Mukondi, Kivu Norte, en la República Democrática del Congo (RDC), ha reavivado las tensiones en una de las regiones más conflictivas de África Central [1]. Este episodio, atribuido al grupo rebelde M23, refleja la incapacidad crónica de la comunidad internacional y del gobierno congoleño para proteger a su población civil; la cual, es aproximadamente de 100 millones. Ahora bien, más allá de la condena inmediata, este evento, se exige un análisis estructural sobre las dinámicas de violencia, en el este del Congo y sus implicaciones regionales.
La región de Kivu Norte lleva décadas sumido en un conflicto multidimensional donde convergen intereses económicos, tensiones étnicas y fallas de gobernanza. La región, rica en coltán, cobre y oro, es un botín que alimenta la financiación de grupos armados [2]. A esto se suma la fractura étnica: el M23, de mayoría tutsi, enfrenta a comunidades locales y al ejército congoleño (FARDC), en un conflicto con raíces en el genocidio ruandés [3]. Además, la corrupción estatal y la debilidad institucional perpetúan la impunidad, creando un ciclo de violencia sin fin.
El ataque ocurre en un momento crítico marcado por tres factores: la retirada de la MONUSCO, que inició su repliegue en 2024 dejando un vacío de seguridad, la reactivación del M23, con apoyo tácito de Ruanda según informes de la ONU (UN Group of Experts, 2024) y el desplazamiento masivo de más de 200.000 personas en 2025 (ACNUR, 2025). Estos elementos sugieren una escalada premeditada en un contexto de desprotección internacional.
La comunidad internacional ha reaccionado con declaraciones tibias, mientras los actores clave eluden responsabilidades. Ruanda y Uganda niegan su involucramiento, a pesar de las evidencias de apoyo logístico al M23 [4] (UN Group of Experts, 2024). La SADC ha desplegado tropas, pero con un mandato limitado, y la UE condiciona su ayuda a reformas que Kinsasa no implementa. Esta parálisis refleja una geopolítica fragmentada, donde los intereses económicos priman sobre los derechos humanos.
La masacre de Mukondi no es un hecho aislado, sino síntoma de un conflicto estructural. Sin una estrategia integral que combine presión real a actores externos, inversión en desarrollo local y reformas profundas en las FARDC, la violencia seguirá ciclos interminables. Parece evidente que la RDC necesita más que misiones de paz y requiere de nuevos enfoque centrados en la justicia y no solo en los minerales.
Javier Moisés Rentería
Notas:
[1] Europa Press. (2025, 6 de abril). Matanza de una familia provoca repunte de tensión en la conflictiva provincia congoleña de Kivu Norte. https://www.europapress.es
[2] Autesserre, S. (2021). The Frontlines of Peace: An Insider’s Guide to Changing the World. Oxford University Press.
[3] Stearns, J. (2023). The War in Eastern Congo: A Chronicle of Violence and Exploitation. Hurst & Co.
[4] UN Group of Experts. (2024). Final Report on the DRC (S/2024/XXX). Consejo de Seguridad de la ONU.
[CIDAF-UCM]
