Según un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Uganda (UHRC) 2012 las tres violaciones más frecuentes de estos derechos en el país son la tortura, las libertades personales y el abandono de los niños.
Durante 2012 fueron recibidas un total de 2.725 denuncias y UHRC registró 706 nuevas quejas sobre violaciones de derechos humanos, lo que supone una disminución del 31% sobre las 1021 denuncias registradas en 2011.
Según el informe, las torturas constituyeron el 35,5% de las quejas, seguido con un 27,16% por las detenciones más allá del límite de las 48 horas y la denegación de la pensión alimenticia con un 17,13%. En menor proporción, con un 6,4%, aparece la privación de la propiedad y, con un 3,15%, el asesinato.
La mayoría de las denuncias se realizaron contra la policía, en 346 casos, contra particulares, 190 casos, el partido político en el poder Fuerza Defensa Popular de Uganda (UPDF), con 85 casos, la administración de prisiones, con 34 casos y los gobiernos locales, con 20 casos.
La mayoría de las denuncias de particulares tenían que ver con la denegación de la pensión alimenticia. Otros casos provenían de instituciones de educación, empresas privadas, ministerios y hospitales. La mayoría de las denuncias por tortura y malos tratos surgieron a raíz de los movimientos sociales de protesta, a partir de las elecciones presidenciales de 2011, y sus enfrentamientos contra una policía mal formada y preparada.
El informe insta al Gobierno a fortalecer las instituciones que se ocupan de los problemas del niño, así como adecuar la normativa nacional y su aplicación al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. También sugirió la conclusión del desarrollo de la política de asistencia jurídica y la puesta en funcionamiento del Tribunal Laboral.
La Portavoz del Parlamento, Rebecca Kadaga, instó al Gobierno a nombrar más jueces, subrayando que la escasez de jueces ha sido la causa de que cada vez exista un mayor número de casos atrasados. Según ella, el acceso a la justicia de las personas con discapacidad sigue siendo una pesadilla, señalando, además, que en los casos de violación no había médicos que pudieran entender a las personas con discapacidad.
El presidente del Comité de derechos humanos en el Parlamento, Jovah Kamateeka, destacó que hay mucha congestión de tránsito en algunas prisiones. Aunque el informe reconoce el desarrollo positivo en los lugares de detención, que incluyen la eliminación gradual del uso de cubetas para los baños y el respeto a la libertad de culto, sin embargo, denuncia que las cárceles están congestionadas y los niños son detenidos junto con adultos o con sus madres, así como la falta de una protección especial para las personas con discapacidad.
No compartir las instalaciones de internos e internas y el problema del bienestar insuficiente de personal penitenciario y la policía prevalece.
El informe se centra en el derecho a interponer recursos y obtener reparaciones a raíz de la insurgencia en el norte de Uganda desde 1986 hasta 2006 que causó la destrucción masiva, con un gran número de civiles que sufrieron graves violaciones.
Los desafíos que enfrenta el proceso en transición de la justicia incluyen la falta de una política de transición judicial, los recursos limitados para los programas post-conflicto, la incertidumbre sobre el futuro de la amnistía, las disputas de tierras, el estigma de los niños nacidos en cautiverio y la documentación inadecuada del conflicto.
John Odyek
(New Vision, Uganda)
