El informe de la Comisión de Investigación Farlam sobre la masacre de Marikana, publicado en junio de 2015, dejó a Sudáfrica con más preguntas que respuestas.
¿Quién tiene la culpa de la muerte de 44 personas? ¿Cómo se ha permitido que tal tragedia suceda en la democracia constitucional de Sudáfrica? ¿Cómo se puede brindar justicia a las familias y a la comunidad de los mineros? ¿Qué cambios sistémicos pueden hacerse para evitar la colusión del poder público y privado para reprimir violentamente las luchas de los trabajadores por mejores salarios y condiciones laborales?
Cuatro años y medio después de la masacre y casi dos años después de la publicación del informe, ni el Estado ni la compañía minera Lonmi han asumido la responsabilidad adecuada. Y el enjuiciamiento criminal de los agentes de policía apenas se mueve.
Parece probable que el Estado eventualmente pague una compensación monetaria a las familias de los mineros, pero son dichas familias las que soportan mientras tanto las consecuencias financieras.
La justicia para las familias que han sufrido la peor parte del evento más sangriento de la historia de Sudáfrica tras el apartheid está todavía lejos. Así es la verdad.
La Constitución establece «la responsabilidad, la capacidad de respuesta y la apertura» como valores fundacionales, y cuando se describen los valores básicos de la administración pública se deja claro que «se debe fomentar la transparencia, proporcionando al público información oportuna, accesible y precisa». Sin embargo, el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) fue de todo menos transparente y veraz.
De hecho, el SAPS parecía tener la intención de asegurarse de que la verdad sobre Marikana no fuese revelada. Un ejemplo revelador se encuentra en el informe Farlam, que concluye: «La dirección de la policía, al más alto nivel, parece haber tomado la decisión de no dar la versión verdadera de cómo ocurrió la implementación de la «opción táctica» la tarde del 16 de agosto, y de ocultar el hecho de que el plan a implementar se llevó a cabo de forma apresurada, sin necesidad de informes policiales públicos ni evaluación».
Esto describe un caso orquestado de mentiras bajo juramento. Sabemos ahora que esta intrincada historia de encubrimiento fue desarrollada por la policía en un retiro de once días en un hotel de Potchefstroom, preparándose para la comisión.
Si hay una verdad plena que encontrar, todavía no ha sido descubierta la que pueda satisfacer a los compañeros y seres queridos de las víctimas de la masacre. Por eso es crucial que el historial de los procedimientos de la comisión se conserve, se haga público y se mire con detenimiento.
La comisión Farlam duró 300 días, desde el 1 de octubre de 2012 hasta el 14 de noviembre de 2014. De ella salió toda una colección de pruebas. Estas evidencias incluyen testimonios de testigos, fotografías, el contenido de los discos duros del SAPS y Lonmin, informes de las reuniones, correos electrónicos y llamadas telefónicas.
Aunque algunas de las pruebas, documentos y transcripciones están disponibles en el sitio web de la comisión y en otros lugares, una gran cantidad de información que podría ayudar a descubrir la verdad se está haciendo pública ahora, cinco años más tarde.
En la semana en la que se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de Discriminación Racial (21 de marzo), el Instituto de Derechos Socioeconómicos de Sudáfrica (SERI) lanzó un conjunto completo de pruebas y transcripciones en una única y fácil de navegar dirección online.
El SERI fue parte de los procesos judiciales después de la masacre de Marikana desde el principio, representando a 36 de las familias de los mineros en la Comisión Farlam. Sigue representando a las familias de las víctimas en la búsqueda de justicia en forma de disculpa, compensación civil del Estado y procesamiento criminal de los policías que asesinaron a sangre fría a sus seres queridos.
Lo que ocurrió en la mina Lonmin en agosto de 2012 se convirtió en un incidente polarizador en Sudáfrica. El cómo acabaron muriendo 44 personas a raíz de un conflicto laboral sigue siendo una fuente de especulaciones, a pesar de los volúmenes de pruebas presentadas a la Comisión.
El informe llena 646 páginas y arroja poca luz sobre cómo ocurrieron cada una de las 44 muertes y sobre quién puede ser el culpable. Un lector diligente se queda preguntándose cómo puede haber ocurrido una tragedia así, cómo tantas pruebas presentadas a la Comisión llevaron a la conclusión implícita de que se trataba de una «masacre accidental».
El volumen de pruebas es asombroso. Está repleto de testimonios de testigos y de expertos técnicos, informes médicos y de prensa, documentos políticos y protocolos policiales. La policía, los políticos, la administración y el personal de Lonmin, los dirigentes sindicales, académicos, periodistas y mineros están todos representados en ellas.
Hacer que las pruebas estén disponibles para su acceso público permitirá a los activistas comunitarios, al público y a los medios de comunicación una oportunidad de revivir el incidente y juzgar por sí mismos que pudo haber pasado en esos fatídicos días. Proporcionará una garantía de que, aunque la verdad fuese oscurecida durante el proceso de la Comisión (deliberadamente o no), la historia del proceso y la masacre no se perderá. Un clima altamente politizado permeó a la Comisión y sus procedimientos, y volver a las fuentes originales, a la materia prima, ofrece una oportunidad para la claridad. Es necesario.
Durante las interacciones del SERI con las familias de las víctimas para tratar de explicarles a ellas y a sus comunidades en Rustenburg, Cabo Oeste, y Lesotho que la Comisión había terminado, se hizo evidente que se les hizo llegar muy poca información. La información errónea, posiblemente por culpa de los medios de comunicación o de las entidades políticas, o incluso tergiversada por errores de traducción o repetición, fue abundante.
A pesar de las espantosas imágenes y de los desgarradores informes de las autopsias, lo que más pone los pelos de punta son las declaraciones de las familias de las víctimas a la Comisión, permitidas después de dos años de persistentes solicitudes. Es en estas declaraciones que se recuerdan las vidas que se perdieron en agosto de 2012, que se puede empezar a comprender la magnitud de la pérdida sufrida.
Los hombres que fueron descritos durante la comisión o en los medios como «mineros», «criminales», «operarios de perforación de roca», «multitud con armas» o «víctimas» fueron llamados padres, hijos, hermanos, amigos y miembros clave de sus comunidades.
Las familias de las víctimas tuvieron la oportunidad de expresar adecuadamente su dolor y colocarlo en los registros de la Comisión, grabando su realidad en la historia del proceso y en la historia de Sudáfrica.
Las experiencias de las familias en la Comisión, sus reacciones al informe y las continuas demandas de justicia se inmortalizan en un vídeo titulado «Time to Bring the Truth Home», lanzado a principios de esta semana.
Aunque el Estado sea el objetivo principal de las responsabilidades políticas y civiles, y la Fiscalía Nacional la encargada de perseguir el procesamiento criminal de los asesinos de las víctimas, este registro público permite una investigación más profunda de la complicidad y la responsabilidad de Lonmin. Ilustra claramente cómo los recursos de Lonmin fueron utilizados por el SAPS para llevar a cabo sus operaciones en Marikana. Lonmin también debe asumir toda la responsabilidad y pedir disculpas sinceras a las familias de las víctimas.
La divulgación pública de las pruebas completas es necesaria para la democracia constitucional. Es significativa, porque la masacre de Marikana pone de relieve las devastadoras consecuencias que surgen cuando el poder público y el privado conspiran en detrimento de los pobres y de los vulnerables.
Es un pequeño paso en el proceso, lamentablemente largo, para restaurar la dignidad de las víctimas, de sus familias, amigos y comunidades. Del país en su conjunto.
Safia Khan – Tim Fish Hodgson
Safia Khan es una antigua interna y Tim Fish Hodgson investigador senior en el Instituto de Derechos Socioeconómicos de Sudáfrica (SERI). Las pruebas y transcripciones referidas están disponibles en marikana-coference.com
@SERI_RightsSA
Fuente: Mail&Guardian
[Traducción y edición, Mario Villalba]
[Fundación Sur]
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