Al menos 18 personas han sido asesinadas en las manifestaciones anti gubernamentales de esta pasada semana, y cientos han sido arrestadas, en Malaui, según fuentes oficiales. Estados Unidos y Gran Bretaña, han condenado la violencia sin precedentes en este país del África austral.
El viernes, día 22 de julio, se había desplegado una fuerte presencia policial y militar por las calles de las principales ciudades de Malaui, y la tensión iba en aumento de cara a los funerales masivos que estaban previstos para algunas de las víctimas de las protestas.
El presidente Bingu wa Mutharika prometió garantizar la paz “utilizando cualquier medida que se me pueda ocurrir”, después de dos días de manifestaciones mortales contra su gobierno. El ministro británico para África pidió a Mutharika que contuviese a las fuerzas de seguridad y a sus seguidores y pidió también que se respetase el derecho a reunión y expresión, contemplado en la constitución de Malaui.
Mutharika llegó al poder en 2004, y fue elegido con amplitud en mayo de 2009. Pero las tensiones han ido en aumento este año por el agravamiento de la escasez de combustible y divisas. El elevado nivel de desempleo sumado a una situación económica en deterioro también amenaza con revertir los avances alcanzados en desarrollo, en los primeros años de su presidencia.
El día 20 de julio, los manifestantes atacaron negocios pertenecientes a los aliados políticos del presidente. Los objetivos de los saqueadores de la capital, Lilongüe, fueron tiendas propiedad de miembros del partido en el poder, según los testigos.
Tim Hughes, un analista político del Instituto Surafricano del Asuntos Internacionales, dice que Malaui hasta ahora sólo había vivido estallidos esporádicos de violencia, la mayor parte de las veces, entre partidos políticos.
“Esta forma de protesta pública, que va contra el estado, que expresa este grado de frustración, es un fenómeno nuevo”, explica.
Los donantes extranjeros ahora están empezando a mostrarse escépticos y cautelosos sobre una posible marcha atrás democrática en el país, que daría cómo resultado el agravamiento de los lazos diplomáticos, y un recorte en la ayuda. El ex poder colonial, Gran Bretaña ya ha suspendido indefinidamente su ayuda al país, alegando preocupación sobre la gestión económica y la represión de los derechos humanos.
Las elecciones no deberían celebrarse en Malaui hasta 2014, y Mutharika no puede presentarse a otro mandato, al haber completado los dos que permite la constitución.
Mutharika, de 77 años, ex economista del Banco Mundial, ha obtenido alabanzas de todas las instituciones internacionales y gobiernos de países donantes, por implantar reformas económicas y combatir la corrupción. Pero también ha alienado a muchos ex aliados, incluido su predecesor, que incluso le ha acusado de intentar asesinarle.
Malaui, que obtuvo su independencia de Gran Bretaña en 1964, está entre las naciones menos desarrolladas del mundo, que según la Agencia de la ONU para el Sida, tiene 920.000 personas infectadas de VIH/Sida.
Ha disfrutado de una paz y estabilidad relativas en la última década y puede ser más conocido como el lugar donde Madona adoptó dos niños y lanzó un proyecto de desarrollo a favor de los huérfanos. Madona, el día 20 de julio pidió a los funcionarios de Malaui que encontrasen una solución pacífica a los disturbios.
Estados Unidos ha condenado también la violencia por parte de las autoridades contra los manifestantes y expresó su preocupación por los informes sobre personas que son objeto de represión y violencia por su afiliación política o social.
La portavoz del Departamento de Estado, Heide Bronke Fulton también criticó al gobierno de Malaui por la prohibición a las emisoras de radio privadas de informar sobre las manifestaciones.
“El intento del gobierno de prohibir a sus ciudadanos protagonizar marchas, y la prohibición de la cobertura de las manifestaciones a los medios independientes, mina la democracia y el estado de derecho que los malauianos aprecian”, señaló.
Cuatro emisoras privadas de radio dicen que se les impidió emitir durante varias horas, el día 21 de julio, y se les prohibió emitir coberturas en directo de los disturbios del día 20. El propietario de la emisora Capital Radio, Alaudin Osman dijo que las cartas a los medios dicen expresamente que la cobertura en directo estaba “incitando a la gente a rebelarse contra el gobierno”.
(Times Live, Suráfrica, 22-07-11)
