Los grupos emergentes de la sociedad civil, respaldados por los donantes internacionales, intentan aumentar la transparencia con soluciones tecnológicas.
En 2012, Nigeria fue testigo de la peor inundación en casi 5 décadas. 2 millones de personas fueron desplazadas y alrededor de 363 murieron. Cultivos, casas y comunidades enteras fueron destruidas. El gobierno central entró en acción y desembolsó alrededor de 10 millones de dólares a los estados afectados en octubre de ese año. La financiación adicional provino de un fondo de socorro público-privado y la comunidad internacional, incluidos Canadá, la Comisión Europea, Japón, Noruega y Suecia.
De vuelta a Lagos, el equipo de BudgIT, una organización de la sociedad civil fundada en 2011, observó de cerca estos problemas . En septiembre de 2013, envió un pequeño equipo de investigación a recorrer 12 estados afectados durante un período de cinco meses para averiguar si los fondos liberados se habían aprovechado. «Descubrimos que estos fondos se fueron a las manos equivocadas y que la gente nunca se benefició», declaró Uadamen Ilevbaoje, quien formó parte del equipo.
Varias décadas de corrupción han frenado el progreso en Nigeria, que es el mayor productor de petróleo en África. Los fondos públicos asignados para proyectos y servicios a menudo no se contabilizan; la mala gestión y la corrupción han alimentado la desigualdad y la pobreza.
A finales de mayo, Nigeria se convirtió en el anfitrión de la mayor población en situación de pobreza extrema del mundo, con unos 87 millones de personas en crisis, superando los 73 millones de la India. En todo el país, pero especialmente en áreas remotas, los proyectos abandonados salpican el paisaje. Los ciudadanos viven sin servicios básicos como carreteras, viviendas, escuelas, agua potable, hospitales e instalaciones de saneamiento.
En la aldea de Maito, en el estado de Níger, en el centro de Nigeria, los residentes continúan usando un centro de salud en mal estado con un techo cubierto por murciélagos, a pesar de que la Agencia Nacional de Desarrollo de Atención Primaria de la Salud aprobó 22 millones de nairas (60.600 dólares ) para realizar una instalación mejor.
En la aldea rural de Akere, en el estado sudoeste de Ogun, los alumnos escolarizados aprenden a la sombra de un árbol y se sientan sobre un suelo de tierra en unas aulas abarrotadas, a pesar de la financiación de 82.000 dólares para su renovación.
Según un informe de la ONU, cada año se gastan aproximadamente 4.600 millones de dólares en sobornos en Nigeria. La Comisión de Prácticas Corruptas Independientes y otras Ofensas Relacionadas informó que el 60% de los casos de corrupción en el país tienen lugar en las adquisiciones. La poca transparencia y la responsabilidad han permitido que la corrupción florezca, y algunos grupos de la sociedad civil están tratando de cambiar el entorno opaco.
Presionando al gobierno
En junio de 2014, BudgIT comenzó la iniciativa Tracka para seguir proyectos públicos y ayudar a las comunidades a hacer preguntas serias que mejorarían la eficiencia.
El personal de Tracka extrae proyectos de capital del presupuesto y diseña un folleto que contiene el título del proyecto, la cantidad y el número de teléfono de los funcionarios públicos para cada uno de los 22 estados donde opera. Armados con estos detalles, los oficiales de seguimiento que han sido reclutados y entrenados visitan las comunidades, celebran reuniones municipales con las comunidades y les ayudan a pedir a las agencias gubernamentales y legislativas que completen los proyectos que ya han sido abandonados o aún no hayan comenzado.
Los oficiales de seguimiento también toman fotos y las suben a Twitter y Facebook, lo que aumenta la presión sobre los ministerios gubernamentales para que actúen de manera transparente.
A través de su trabajo, Tracka pudo acelerar la construcción de una escuela en Iwoye Ilogbo, en el estado de Ogun, un centro de atención primaria de salud en el estado de Delta y pozos en los estados de Edo y Anambra.
Además de Tracka, existe el Centro de Desarrollo Público y Privado (PPDC), que está trabajando para promover la participación ciudadana en la gobernabilidad. Utiliza la radio y las redes sociales para monitorear los procesos de contratación pública e impulsar un mayor acceso a la información sobre proyectos públicos luego de la aprobación de la Ley de Libertad de Información (FOI) en 2011. «Tan pronto como se aprobó la Ley FOI, saltamos a ella y comenzamos a utilizar las disposiciones de la ley para abogar por y litigar la divulgación de información pública», informa Nkem Ilo, jefe de PPDC, «Con un mayor uso de la FOI, comenzamos a recibir más respuestas a nuestras solicitudes, lo que significa la disponibilidad de conjuntos de datos».
En 2015, utilizando datos adquiridos de entidades contratantes a lo largo de los años, el PPDC trabajó con el Centro de Periodismo Investigativo Premium Times y con la Escuela de Medios y Comunicación de la Universidad Pan-atlántica, con sede en Lagos, para desarrollar una plataforma basada en la web conocida como Budeshi, que significa «abridlo» o «ábrelo» en el idioma hausa.
Budeshi vincula el presupuesto y los datos de adquisiciones con proyectos públicos en un formato estructurado, lo que abre los servicios financiados con fondos públicos para el escrutinio. Los ciudadanos ahora pueden acceder a servicios públicos buscando a la entidad contratante, generalmente los ministerios y agencias gubernamentales, así como el título del proyecto, el estado donde se está implementando la iniciativa o el año, e incluso elegir de una lista de contratistas. Hasta el momento, Budeshi tiene datos sobre 6.571 contratos en Nigeria de más de 100 instituciones públicas. Budeshi ahora está completamente desplegado en Uganda, y los planes para comenzar la plataforma en Kenia y Malawi están en marcha.
Cada año, en el Día Internacional del Derecho a Saber, el 28 de septiembre, el PPDC clasifica a los ministerios, departamentos y agencias gubernamentales en función de sus respuestas a las solicitudes de libertad de información, principalmente sobre el gasto público. La comisión de asuntos corporativos es actualmente la primera.
Gran parte de la financiación para estas organizaciones proviene de donantes institucionales y privados, incluido el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, la Fundación MacArthur, la red Omidyar, Indigo Trust y National Endowment for Democracy.
Hamza Lawal, un activista experto en tecnología, comenzó la campaña Follow the Money en junio de 2012, después de la muerte de cientos de niños por envenenamiento por plomo en el estado nigeriano de Zamfara. Aunque a finales de 2012 se habían limpiado varias aldeas, una, Bagega, llamó la atención de Lawal porque, en enero de 2013, el dinero liberado aún no había llegado a las víctimas. Usando el hashtag #SaveBagega, la campaña pudo iniciar operaciones de limpieza en la aldea, ayudando a cientos de niños a recibir atención.
En diciembre de 2013, Lawal comenzó un movimiento completo conocido como Connected Development (CODE) con Follow the Money. Con un equipo de casi 40 personas y reporteros de la comunidad en los 36 estados de Nigeria. Las campañas de CODE están impulsadas por etiquetas que conectan el nombre de la comunidad y el proyecto que se debe rastrear. «La idea de utilizar hashtags es poder documentar proyectos y rastrearlos en las redes sociales», dijo Lawal, ahora CEO de CODE de 31 años, «y este repositorio estará en línea para que otros jóvenes puedan aprender de eso.»
Follow the Money ahora tiene más de 2.000 miembros y este año se expandió a Kenia y Gambia. El año pasado, ganó el premio One Africa, que llegó con $100.000 para apoyar su trabajo.
El Proyecto de derechos socioeconómicos y rendición de cuentas (SERAP), por su parte, se ocupa de promover la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno, incluido el gasto público. Utilizando la Ley de Libertad de Información, el SERAP solicita información sobre la adjudicación de contratos e incluso ha demandado a ministerios y agencias que se niegan a divulgar información.
A través de una asociación con BudgIT, logró que la agencia de contratación pública de Lagos pusiera a disposición el diario de adquisiciones del estado de Lagos desde 2012 hasta la fecha.
SERAP ha publicado varios informes sobre los sectores de salud, educación, electricidad y agua. También se ha asociado con CODE y la Iniciativa de Apoyo al Liderazgo Paradigm, que se inició en 2016 para ayudar a los ciudadanos a seguir e informar sobre proyectos de desarrollo en sus comunidades.
Algunos ciudadanos están felices de que las cosas están cambiando, aunque lentamente. «Tracka, Udeme y Budeshi están verificando el gasto público que a lo largo de los años ha estado lleno de excesos, malversaciones y codicia por la inflación de los contratos», dice Olajide Oluwaseun, un arquitecto en Lagos. «Estas iniciativas son el futuro para una buena unidad de gobierno y aprecio que todas lo hagan en este espacio político arriesgado. Necesitamos y debemos construir una alianza, no un partido político, una alianza de voces que quieran y necesiten ser escuchadas».
Sin embargo, aún quedan algunos retos. El acceso a la información sobre el gasto público no siempre está disponible bajo petición. Algunos ministerios, agencias y departamentos no responden a las solicitudes de libertad de información o las ignoran por completo. Además, a pesar de la presencia de una ley de adquisiciones aprobada en 2007 para garantizar que los contratistas siguen el debido proceso, la contratación pública se ha visto obstaculizada por la división del contrato, el uso de documentos falsos por oferentes (algunos de los cuales tienen múltiples compañías), los ministerios y agencias gubernamentales colaboran con los contratistas para extraer el dinero, y, lo que es más importante, los retrasos en la investigación y enjuiciamiento de casos de apropiación indebida o injerto.
«No tenemos una cultura de castigar a los infractores», adirma Ike Fayomi-Awodele, del departamento de administración pública de la Universidad Obafemi Awolowo en el estado de Osun. Para resolver esto, Uadamen Ilevbaoje, ahora líder del proyecto de Tracka, cree que se necesita más conciencia. «Necesitamos más y más sensibilización y conciencia. Si hay conciencia, los ciudadanos harían más preguntas y los políticos se verían obligados a hacer lo correcto».
Fuente: Al Jazeera
[Traducción y edición, Sara Gil Martín-Serrano]
[Fundación Sur]
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