Pues al final, tal como se esperaba, la decisión de los jueces sobre las pruebas presentadas contra el presidente Omar Al-Bashir ha sido en su mayor parte condenatoria. Se han desestimado los cargos de genocidio, pero se han aceptado tanto los cargos de crímenes de guerra (ataques intencionados contra civiles y pillaje) como los de crímenes contra la humanidad (asesinato, exterminio, traslado forzoso, tortura y violación)
Esta decisión es inusitada por su audacia (el presidente está en ejercicio) y también tiene dimensiones de diferente signo muy variadas y diversas que conviene considerar. Yo diría que es una decisión agridulce, precisamente por estas diversas dimensiones y por las diferentes consecuencias que va a acarrear para un país lejos de una estabilidad política básica.
En principio, es obviamente una victoria para los defensores de los Derechos Humanos, para los grupos de presión y para la jurisprudencia internacional. Si el caso de Pinochet supuso la ruptura del mito de la inmunidad de un expresidente, ahora se ha dado un paso más y el Tribunal Internacional de Justicia decide dejar de un lado las consideraciones diplomáticas, geoestratégicas y políticas para remitirse simplemente a las pruebas presentadas y hacer una acusación formal contra un presidente en ejercicio de su cargo sin querer esperar a que termine su presidencia.
Para una gran parte de los ciudadanos de Sudán, no es una sorpresa y hasta cierto punto podríamos decir que si hubiera libertad para manifestarse habría un apoyo a esta decisión a la hora de juzgar las malas artes del régimen que desde el golpe de estado de 1989 ha impuesto un control férreo sobre la población. Este régimen creó las infames ghost houses, centros de tortura donde pasaban a disposición de «fuerzas especiales» tanto opositores al régimen como líderes cívicos o cualquier persona que desafiara los principios básicos del régimen islamista.
Si se pregunta a muchas personas del Sur, posiblemente dirán que antes que juzgarlo por los crímenes de Darfur habría que haberlo hecho por los crímenes cometidos en el último periodo de la guerra civil que acabó oficialmente en 2005. Los bombardeos sobre las poblaciones civiles, la manipulación y uso de milicias paramilitares a sueldo para hacer «el trabajo sucio», el uso del hambre como arma de guerra, el desplazamiento forzoso de miles de civiles cuando se encontraron inmensos yacimientos petrolíferos en la zona del Alto Nilo… todo eso ocurrió bajo su mandato, con pleno conocimiento de estas acciones y el Sur del país no ha olvidado esto, a pesar que luego fuera él también una de las dos personas que firmara el acuerdo de paz que terminó oficialmente con aquella guerra.
A este sentimiento de impunidad y de falta de memoria histórica en el Sur se añade los acontecimientos que desde el año 2003 tienen lugar en Darfur y que en muchos aspectos parecen un calco de las acciones militares que ya tuvieron lugar en el Sur del país. Hoy mismo, la BBC publicaba en su página web una historia llamada «confesiones de un desertor» en las cuales un antiguo soldado detalla las órdenes recibidas y cómo él tuvo que participar en acciones realmente inhumanas a riesgo de perder su vida. Según él, otros compañeros se negaron y fueron inmediatamente ejecutados.
La evidencia de las órdenes dictadas por el presidente han sido incluso recogidas por los medios de comunicación: fue Bashir quien en un discurso dio a las fuerzas armadas la orden de no hacer prisioneros ni tomar poblados… sino aplicar una estrategia «de tierra quemada». El TIJ ya tenía una cuenta pendiente desde hace tiempo con el gobierno sudanés, el cual sistemáticamente se negó a entregar a dos altos cargos (uno de ellos con rango de ministro) acusados también de crímenes de guerra, después que se demostrara que las milicias a caballo yanyawiid actuaban con el apoyo logístico y bajo el mando expreso y directo del Ejército sudanés. La negativa a entregar a estos sujetos complicó aún más la situación. Desde todos estos puntos de vista, la orden de captura y detención está más que justificada a la luz de las pruebas presentadas.
Sin embargo, esta orden de arresto tiene también aspectos muy negativos cuyas consecuencias están todavía por verse. A la hora de escribir estas líneas solamente tengo confirmación que seis grandes agencias humanitarias internacionales han visto retirados sus permisos para poder actuar en el país. Es la respuesta inmediata que pone en el punto de mira a organizaciones internacionales que, debido a su importancia, cuentan con departamentos de incidencia política a los que se acusa de haber contribuido con informaciones o incluso con evidencias de cualquier tipo. No sabemos todavía lo que pasará con las Naciones Unidas y cómo se verán afectadas sus agencias, una vez que las grandes oenegés internacionales hayan cerrado sus programas y hayan salido del país.
Algunos observadores y conocedores del país, aun reconociendo la relevancia de este momento para la defensa de los Derechos Humanos, habían abogado por un periodo de gracia antes de dar este paso de juzgar a Bashir. La situación del país, con un Sur en teoría pacificado pero con un acuerdo de paz muy en la cuerda floja y con un Darfur todavía con una situación de abierto enfrentamiento armado, justificaban una moratoria por el bien de la población civil y para consolidar la estabilidad del país, amenazada ahora por un presidente desprestigiado cuyos enemigos internos estarán ahora muy al acecho para poder provocar un cambio de poder o un golpe de timón que cambie las tornas políticas.
Esto podría suponer que se suspendan los acuerdos de paz en el Sur y en Darfur actualmente vigentes que, aunque no sean perfectos, por lo menos son una perspectiva más halagüeña que una simple vuelta a las armas. Según el acuerdo de paz del Sur deberían tener lugar elecciones generales en julio de este año. Toda esta situación viene a complicar aún más la perspectiva de estos comicios que obligarán especialmente al Partido Nacional del Congreso, el principal partido gubernamental, que considere muy seriamente si Bashir podría ser todavía un candidato válido para la presidencia. Todas las posibilidades están abiertas.
La comunidad internacional está dividida entre los que apoyan la decisión del tribunal y los que, debidos a fuertes intereses económicos o por afinidades de lealtad panárabe, rechazan cualquier decisión y la tachan de mera propaganda de Occidente para denigrar en la escena internacional a este país y a su gobierno.
Sin duda, los días venideros van a ser cruciales para la trayectoria que pueda tomar este país que se debate entre la aceptación de una realidad jurídica ahora hecha realidad pero completamente impensable hace pocos meses y la defensa no solo de la idiosincrasia de un peculiar régimen extremadamente rígido y poco acostumbrado a afrentas de este tipo, sino también del orgullo nacional ahora profundamente herido «por los enemigos del país y los países occidentales.»
