Las últimas estadísticas sobre la criminalidad en Sudáfrica muestran unos elevados niveles de violencia, con altas cifras de delitos muy diversos como: homicidios, robos, extorsión, secuestros, tráfico de drogas o minería ilegal. Un gran número de estos delitos son cometidos por redes criminales consolidadas en el país. Bajo este contexto, el presidente Cyril Ramaphosa autorizó el despliegue de la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica (SANDF) para apoyar a la policía en las zonas con altos problemas de violencia, con el objetivo de brindar ayuda a corto plazo y reforzar el control del territorio.
Las cifras ofrecidas por el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) acerca del trimestre de octubre a diciembre de 2025, muestran una caída de entre el 3,1 % y el 6,7 % en los delitos de «contacto» (violentos) denunciados desde abril de 2024. Sin embargo, los niveles persistentemente altos de violencia a manos del crimen organizado sugieren que las respuestas actuales, el despliegue militar entre ellas, no están generando mejoras estructurales. En este sentido, Anine Kriegler y Lizette Lancaster, en su artículo «Could soldiers provide room for real gang and organised crime violence reductions?», publicado por el ISS, reflexionan acerca del impacto de las fuerzas armadas ante esta situación y otras posibles soluciones.
Argumentan que este tipo de intervenciones rara vez generan mejoras sostenibles a largo plazo, pues los soldados no tienen la misma formación ni objetivos que la policía civil, y la violencia estructural no se resuelve solo con presencia militar. El despliegue militar supone una respuesta excepcional, de emergencia, para abordar la situación, sin embargo, “la violencia de las bandas es estructural y continua”. Por lo tanto, a través de esta respuesta se corre el riesgo de dejar de lado la tarea central (y más difícil): llevar a cabo reformas y medidas que aseguren la protección y, sobre todo, la prevención del crimen de manera estructural y duradera.
Kriegler y Lancaster sostienen en su artículo que “la prioridad inmediata” debe ser utilizar el despliegue militar como punto de partida para fortalecer la capacidad de inteligencia y de las investigaciones policiales, así como la coordinación institucional, legal y judicial, en la persecución de las redes de delincuencia organizada. Además, destacan la importancia de centrarse en las zonas más afectadas y promover en ellas estrategias sociales y económicas que puedan reducir su dependencia de los grupos criminales, reforzando al mismo tiempo la confianza en el Estado para que no surjan nuevos tipos de redes criminales. En definitiva, lo relevante no es la reducción de los casos concretos de violencia a corto plazo, sino que se puedan llevar a cabo cambios que sostengan una mejora de la seguridad aún tras la retirada de las fuerzas militares de las calles.
Fuente: ISS
[CIDAF-UCM]
