Las organizaciones defensoras del derecho a la salud en Kenia continúan oponiéndose a un conjunto de reformas sanitarias que están siendo impulsadas a través de legislación sin consultar al público.
La reforma sanitaria en Kenia sigue causando preocupación entre pacientes y organizaciones que defienden el derecho a la salud mientras el presidente del país, William Ruto, impulsa varios controvertidos proyectos de ley. Los cambios, que proponen el establecimiento de un nuevo fondo mancomunado de salarios de trabajadores, han sido descritos como vulnerables a la corrupción y pueden agravar la actual crisis del costo de vida.
Las reformas han sido criticadas también por la falta de inclusión del pueblo y de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de su diseño, alejándose del rumbo seguido por administraciones anteriores. En diciembre de 2017, el expresidente Uhuru Kenyatta comprometió su administración a lograr la Cobertura Sanitaria Universal (CSU). El gobierno anunció que brindaría cobertura universal de salud principalmente a través de una expansión nacional de seguro a través del Fondo Nacional de Seguro Médico (NHIF).
Esto representó un cambio importante con respecto a la fase piloto de la reforma que había eliminado el gasto de bolsillo en instalaciones públicas en cuatro condados piloto con un éxito considerable. En las áreas que participaron en el piloto, las personas podían acceder a servicios médicos en hospitales de referencia de condados y subcondados (clasificados localmente como instituciones de atención médica de nivel 4 y 5) de forma gratuita. Los servicios de emergencia y los servicios infantiles, maternos y mentales eran gratuitos en todos los centros públicos de salud.
En 2022, el gobierno de Ruto relanzó la cobertura universal de salud después de asumir el cargo. En este sentido, aceleraron la implementación incluso antes de que los proyectos de ley fueran presentados ante el parlamento y el senado, e introdujeron en el contenido aspectos que no estaban en los anteriores acuerdos
El gobierno presentó cuatro proyectos de ley en el parlamento para hacer operativa la cobertura universal de salud sin efectiva participación pública. Estos proyectos de ley fueron: el proyecto de ley de atención primaria de salud, el proyecto de ley de salud digital, el proyecto de ley de mejora de las instalaciones y el proyecto de ley del seguro social de salud. Las organizaciones cívicas y el público no estaban contentos con esta medida e iniciaron acciones.
Una red formada por el Movimiento Popular por la Salud (PHM) de Kenia, Amnistía Internacional, el Sindicato de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas de Kenia (KMPDU), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la Red de ONG de Salud (HENNET) y la Asociación de Contribuyentes Nacionales (NTA), entre otras organizaciones, se reunieron rápidamente para encontrar una manera de avanzar.
Las organizaciones analizaron los propuestos proyectos de ley, redactaron y presentaron un memorando al Parlamento y al Senado. Sus observaciones fueron notoriamente ignoradas en los proyectos finales de ley. Por ejemplo, el Proyecto de Ley de Mejoras de Instalaciones introdujo el concepto de comité de gastos. Este organismo tiene la tarea de recibir, interrogar y aprobar planes y presupuestos de hospitales, centros de salud y dispensarios del condado y subcondado. Sin embargo, el proyecto de ley carece de claridad y especificidad en cuanto a la composición, poderes y procedimientos para formar el comité. Esto deja lugar a ambigüedad y mala interpretación.
La misma coalición de organizaciones solicitó aclaraciones sobre la composición, calificación y procedimiento de conformación del comité de gastos, pero no recibió respuesta. Los proyectos de ley fueron después aprobados rápidamente por el Parlamento y el Senado, se convirtieron en ley y fueron aceptados por el presidente en un tiempo récord de un mes.
La sociedad civil se unió una vez más y decidió buscar reparación en los tribunales a través de un abogado. Se presentó una petición ante el tribunal impugnando el umbral de participación pública en las tres leyes: Ley de Salud Primaria, Ley de Salud Digital y Ley del Seguro Social de Salud. El equipo logró obtener una orden de paralización que impidió al gobierno implementar y hacer cumplir las leyes.
La sociedad civil está ahora conteniendo la respiración ya que se espera un veredicto del Tribunal Superior el 7 de febrero de 2024. Basado en un anterior fallo sobre la Iniciativa Construyendo Puentes, un programa que fue derrotado en los tribunales debido a que fue iniciado por el presidente en lugar de por el público, las organizaciones mantienen la esperanza de que todavía pueda haber una manera de frenar el paquete de reformas y orientarlo hacia una significativa participación pública. Lograr la cobertura universal de salud, por no hablar de atención sanitaria universal, en Kenia sigue siendo un trabajo en progreso.
William Omenyo
Fuente: Peoples Dispatch
[Traducción, Jesús Esteibarlanda]
[CIDAF-UCM]
