En Madagascar, el malestar social se eleva a medida que pasan los días: huelga de agentes penitenciarios y oficinistas, manifestaciones de vendedores ambulantes y de conductores de autobús en Antananarivo, a los que se unieron por los profesores. En la mayoría de los casos, los trabajadores protestan contra el alto coste de la vida y los bajos salarios. Las autoridades señalan que las manifestaciones de carácter político que puedan producir alteraciones del orden público están prohibidas. Los manifestantes denuncian la violación del derecho a manifestarse.
Frente a la sede de Air Madagascar en Antananarivo, cuatro sindicalistas que fueron despedidos el año pasado, durante la huelga que se produjo en la compañía. Posteriormente se invalidó la decisión. Sin embargo, todavía no han recuperado su puesto.
«Llevamos pancartas para decir “basta», queremos que Madagascar se convierta en un “estado de derecho», explica el delegado sindicalista, Rado Rabarilala, y continúa «como se puede ver, están las fuerzas de seguridad, muchos de nuestros colegas en la ciudad no quieren unirse a nosotros, lo-º entendemos. Para nosotros, se trata de una burla de los derecho de los sindicatos para protestar».
Por el lado oficial, se dice que se trata más bien evitar cualquier alteración del orden público sobre todo porque la manifestación no había sido autorizada por la prefectura. «Hay personas que quieren aprovecharse de todas estas reivindicaciones para provocar disturbios”, declara Florens Rakotomahanina, comandante de la gendarmería de la región.
De acuerdo con una fuente de seguridad, los oponentes se aprovechan de estas tensiones sociales para desestabilizar el régimen.
rfi.afrique
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