La construcción de un gigantesco completo hidroeléctrico en la República Democrática del Congo podría comenzar en el año 2017.
Las autoridades congoleñas entregaban en junio un documento a tres consorcios de empresas, preseleccionadas para que prepararan una oferta técnica y financiera, que deberían presentar en enero de 2016, para la construcción de una presa/embalse a unos 100 kilómetros del puerto de Matadi. Esta oferta, presentada por el primer ministro congoleño Augustin Matata Ponyio, invitaba a los grupos franceses a unirse a los consorcios que ya se habían presentado.
El turbulento río Congo recorre un trayecto de más de 4000 km. Recoge agua de numerosos y potentes afluentes y la enorme masa de agua (40.000 m3/segundo) avanza a una velocidad casi amazónica para toparse, antes de llegar al Atlántico, con las presas Inga I y II, construidas en 1972 y 1982 respectivamente. Éstas han ido degradándose por falta de mantenimiento y desidia y ya no responden a las necesidades actuales de producción de electricidad. El complejo Inga está gestionado por la Sociedad nacional de electricidad (SNEL), que a duras penas y con medios técnicos ya obsoletos mantiene en pie unas instalaciones deterioradas; sólo funciona al 40% de sus teórica potencialidad. Ni la capital, Kinshasa (una población de más de 10 millones de habitantes, que recurre a grupos electrógenos o simplemente a velas para tener luz), ni las sociedades mineras, sobre todo en Katanga, tienen acceso seguro y generalizado a la electricidad. No digamos las poblaciones y zonas del interior de este gigantesco país, poblado por más de 60 millones de habitantes. Sólo el 9% de los congoleños tiene acceso a la electricidad.
Ya en 1925, el coronel belga Pierre Ven Deuren soñaba con la construcción de 7 presas que deberían transformar y desarrollar la colonia belga. Unos 50 años más tarde, el dictador Mobutu, dándose aires de déspota ilustrado, retomó el sueño: la construcción de la mayor central hidroeléctrica de mundo, capaz de generar y suministrar electricidad a toda África. El fin del reino de Mobutu y el desbarajuste del que el Congo no acaba de librarse no han mejorado la situación deficitaria de Inga I y II. En 2013, el presidente surafricano, Jacob Zuma, firmó con su homólogo congoleño Joseph Kabila un protocolo que resucitaba el proyecto soñado por Mobutu: la presa Inga III (el embalse anegaría unas 22.000 ha.) que suministraría a Suráfrica 2.400 de los 4.800 megavatios producidos por las 11 turbinas previstas. Las autoridades congoleñas tratan de superar el gran déficit eléctrico renovando Inga I y II y por medio de otras centrales hidroeléctricas en otras zonas, pero consideran que Inga III garantizaría plenamente el futuro, ya que permitiría, en palabras del Primer ministro Matata Ponyo, multiplicar por tres la producción de electricidad. Pero, el proyecto GRAN INGA no terminaría con la fase III: podrían construirse luego 5 presas más (hasta llegar a Inga VIII) y la producción total de electricidad alcanzaría los 40.000 megavatios, cubriendo las necesidades desde el Cairo a Ciudad del Cabo.
Tres consorcios de empresas se han mostrado interesados en la construcción de la gigantesca presa Inga III: China Three Gorges Corporation y SynoHydro (China); SNC-Lavalin (Canadá), Daewoo y Posco (Corea); ACS y Eurofinsa (España). Coste del proyecto: 12.000 millones de dólares. El Banco Mundial ha desembolsado 73 para financiar los estudios técnicos preparatorios. En enero 2016 saldrá el documento final para la licitación y los consorcios tendrán 5 meses para entregar su oferta técnica y financiera. Los inversores públicos (Banco mundial, Banco europeo de inversiones, Banco africano de desarrollo, Agencia francesa de desarrollo) podrían mostrarse un tanto dubitativos, dado que la estabilidad política de la RD Congo no acaba de consolidarse: la política congoleña, como el río Congo, es más bien agitada y turbulenta. Ahora mismo condicionada por la incógnita sin resolver sobre la continuidad o no de Joseph Kabila en la presidencia más allá de 2016, fecha en la que terminaría su segundo mandato. La Constitución impide la opción a un tercer mandato, pero las maniobras gubernamentales para prologar el segundo mandato de Kabila son permanentes, a pesar de las presiones internacionales e internas (oposición, sociedad civil, Iglesia) para que las normas constitucionales sean respetadas y los procesos electorales (elecciones locales, municipales, provinciales, legislativas, presidenciales) sean realmente libres y transparentes.
El país está fuertemente endeudado y la realización del proyecto va sin duda a aumentar la ya gran deuda existente; su amortización pesará en el futuro sobre el conjunto de los ciudadanos congoleños, muchos de los cuales, probablemente, verán que los tendidos de distribución de la electricidad producida pasarán de largo sin detenerse en las localidades pequeñas o medianas del interior, para alimentar las industrias surafricanas y exteriores y los centros mineros de Katanga. El proyecto parece más pensado, según algunos observadores y ONG, en la exportación de la electricidad que en el consumo interno ciudadano, menos rentable.
Distintas organizaciones consideran el proyecto además de “desmesurado”, “devastador” para el entorno natural y para los habitantes, unas 10.000 familias, que deberán ser indemnizados y se verán obligados a desplazarse (las 600 familias afectadas por Inga I y II en los años 1970 y 1980 siguen sin recibir las indemnizaciones pactadas). El Banco mundial y las autoridades congoleñas minimizan el impacto humano y ambiental. Expertos del BM afirman que “el impacto medio-ambiental y social es mínimo frente a los beneficios generados”. Como todos los grandes embalses controvertidos, las consecuencias sobre el medio-ambiente serán muy graves, aunque difíciles de cifrar: modificación del curso del río, ralentización del caudal, acumulación de sedimentos, corte de los itinerarios para peces migrantes a causa de barreras infranqueables, acumulación de detritus, disminución de la biodiversidad etc. Problemas menores para el gobierno congoleño. “Las obras comenzarán en 2017. Vamos a producir una electricidad barata y más respetuosa con el medio ambiente que las centrales térmicas”, ha afirmado rotundo el Primer ministro Matata Ponyo. Otro responsable gubernamental lo ha señalado con toda claridad: “El Estado no tiene dinero pero dispone de todo el resto. Estamos dispuestos a vender nuestra naturaleza al que nos haga la oferta más ventajosa y nos garantice beneficios financieros interesantes y una distribución óptima para la población”.
Ramón Arozarena
